Ante la medida anunciada el pasado lunes por el presidente Nicolás Maduro, la mandataria andina informó sobre la preocupación y “gran incertidumbre que existe en la población tachirense que todavía no sabe a cómo le van a cobrar la gasolina, porque todo lo que se propone y plantea, se hace bajo la irresponsabilidad de la  improvisación y esto genera más ilegalidad en la frontera”.

Durante la mañana de este martes 4 de septiembre, la gobernadora Laidy Gómez, realizó una visita a los municipios fronterizos del Táchira, a propósito de los trabajos de recuperación vial ejecutados por el Instituto de Vialidad del Táchira (IVT) en esta zona, desde donde cuestionó la implementación del plan piloto nacional para suministrar combustible.

La mandataria aseguró., mediante un boletín de prensa,  que los habitantes de la frontera no tienen conocimiento de cuáles serían finalmente los parámetros para surtir sus vehículos de combustible; así mismo  resaltó que todavía no han anunciado el costo de la gasolina tanto para quienes tienen carnet de la patria como para quienes la pagarían a precio internacional.

En ese mismo orden, Gómez afirmó que los dueños de las estaciones de servicio de la frontera aún no poseen códigos activos para generar el cobro del combustible – medida impuesta por el Gobierno Nacional – los cuales debieron obtener a través de la apertura de cuenta en el Banco de Venezuela. Igualmente recalcó que desde hace tres meses no surten combustible en las estaciones internacionales del eje fronterizo de los municipios Bolívar y Pedro María Ureña.

De manera reiterada, la gobernadora del estado Táchira exhortó a PDVSA y al Ejecutivo Nacional a plantear propuestas serias que superen las líneas de la improvisación en los espacios fronterizos del país, y que por el contrario, evalúen un plan binacional que permita la eliminación final del contrabando y la llegada de divisas al Estado venezolano para la ejecución de obras en beneficio social.

Así mismo, insistió en un llamado de “conciencia gubernamental” asegurando que el implemento de políticas públicas condicionantes en el expendio de combustible, en un estado fronterizo, incrementa las actividades ilícitas en beneficio de unos pocos.