Regional
Inician auditorías en urbanismos de la GMVV

Las autoridades advierten a los beneficiados con una vivienda por parte del Gobierno nacional que estos inmuebles no se venden y no pueden convertirse  en un factor especulativo

 José Luis Guerrero

“Queremos expresar nuestro apoyo al Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, en el plan de auditorías y revisión para identificar la situación de los hogares que han sido asignados en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela como parte de las políticas de  atención del Gobierno Bolivariano y que a la fecha presentan irregularidades”, declaró Daniel Díaz, coordinador del Movimiento de Inquilinos en el estado Táchira.

Díaz precisó que este tipo de medidas busca evitar que a los apartamentos asignados se les esté dando un uso distinto a los establecidos como se ha detectado en el estado Táchira.

Declaró  que atendiendo las denuncias de la comunidad y los comités multifamiliares “en estas jornadas de revisión se han encontrado irregularidades como desocupación prolongada, venta de esos inmuebles, traspaso a terceros, alquiler de esas viviendas y otros, convirtiendo el beneficio en un negocio especulativo”

Aclaró que luego de realizada la auditoría por parte del Ministerio para Hábitat y Vivienda con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, Idenna, Gabinete de Seguridad del Ministerio Público, PNB, Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente y posterior a asambleas con los ciudadanos de acuerdo con el manual de procedimiento que garantiza toda la legalidad establecida en estos casos, las personas inmiscuidas son citadas por los organismos competentes de acuerdo con  lo establecido en la ley.

“Nuestro exhorto al ministerio es que al recuperar estas casas o apartamentos, se preste atención prioritaria a familias que realmente lo necesitan. Estas viviendas recuperadas  son un potencial para atender a las familias en condición de inquilinos con sentencia firme de desalojo, refugiados y/o damnificados”, precisó.

Finalmente hizo un  llamado a los nuevos adjudicatarios quienes  deben acatar la norma y entender que los inmuebles de la Gran Misión Vivienda Venezuela no se pueden vender y si desean hacerlo  existe un proceso legal a través de la Inmobiliaria Nacional.

En tal sentido, Díaz invitó al Poder Popular a denunciar ante los organismos competentes la utilización de estos inmuebles como factor especulativo y recordó que “el artículo 82 de la Constitución Nacional determina claramente la responsabilidad compartida entre el Gobierno y el pueblo para proteger el patrimonio familiar en aras de hacer justicia social y garantizar el derecho del pueblo venezolano a contar con una vivienda propia”. (JLG)