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“INTI adjudicó tierras en La Tinta sabiendo que tiene propietarios”

José Acero, en compañía de su madre, Marina Velasco de Acero, y su hermana Clemencia Acero, denunciaron que “el INTI adjudicó inapropiadamente una gran extensión de tierras en La Tinta, municipio San Cristóbal, aun sabiendo que se trataba de una propiedad privada”.
De acuerdo con los afectados, se trata de una finca de 26 hectáreas que en un principio fue propiedad de Pablo Antonio Acero, pero al fallecer pasa a su esposa, Marina Velasco de Acero, y a sus hijos, quienes aseguran que hace años era una unidad de producción próspera que destrozaron. “Como Pablo Antonio fallece, queda una sucesión en la que Marina Velasco es copropietaria, más heredera, al igual que nosotros”, explicó Clemencia.
Los tres integrantes de la familia Acero cuentan que al frente de las tierras quedó la madre, quien diariamente iba a la unidad de producción, hasta que comenzó a recibir amenazas de algunas personas, por lo que tuvo que buscar apoyo de los organismos de seguridad, específicamente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), episodios que, aseveran, se registraron desde el 2016 al 2019. Sostienen que hay testimonios que certifican este hecho y, además, conservan las constancias de que la GNB acompañaba a la señora.

Llegó la pandemia

Marina Velasco de Acero declaró que a pesar de las amenazas que recibió por parte de personas desconocidas, continuó yendo a sus tierras, visita que logró hacer con la compañía de los militares que enviaban para tal fin, pero la llegada de la pandemia por covid-19 la frenó porque todo el panorama cambió; en ese momento la prioridad era combatir la propagación del virus.
Relataron que fue entonces cuando la esposa del fallecido Pablo Antonio Acero expone al INTI la situación y amenazas, comunicación que emitió en junio del 2019.
“Además de narrar los hechos, ella solicita una verificación de los linderos del terreno y una protección. Ella tenía los títulos de propiedad y estaba siendo perturbada”, señaló Clemencia y acotó que anexaron documentos enviados al Ministerio Público y a la GNB; sin embargo, afirmaron, nunca recibieron respuesta de la dirección del INTI.
La familia Acero recordó que en un tiempo la finca fue productiva. Era platanera, sembraban café, criaron pollos, tenían toda la maquinaria de cafetería; incluso en una oportunidad se asociaron con personas discapacitadas, quienes sembraron tomate, pero se tuvieron que retirar porque les robaban la siembra, y por las mismas amenazas.

Adjudicaron el 85 por ciento de las tierras

José Acero contó que a mediados del 2020 logró conversar con el director del INTI, Miguel Durán, quien le informa que lo que podría recuperar del total de la propiedad es un 15 por ciento, debido a que supuestamente el 85 por ciento estaba ocupado. “Luego los mismos vecinos me hacen saber que ese 85 por ciento fue adjudicado a cuatro personas y se hizo un mes después de la reunión con el director del INTI”, indicó José y añadió que al parecer esas personas habían hecho la solicitud un año antes y la Ley de Tierras exige que deben pasar por lo menos tres años.
El 15 por ciento restante lo adjudican al señor Luis Gómez, quien al ver lo que estaba sucediendo y percatarse de que efectivamente las tierras sí tienen dueño, desistió hace poco tiempo y reconoce a la familia Acero como la legítima dueña.
Otro grupo de familias que colindan con las tierras en disputa también corrieron sus cercas e hicieron solicitud de las tierras ante el INTI, pero “ellos aseguran que lo hicieron por algunos invasores que llegaron y los consideran peligrosos, pero nos han dicho que en el momento en que recuperemos la propiedad regresan a sus linderos”.

Denuncia ante el MP

La familia Acero sostiene que considera un procedimiento irregular la adjudicación de las tierras heredadas de su padre y formuló una denuncia contra el INTI en la Fiscalía 23ª del Ministerio Público, donde consignó documentos probatorios e incluso un escrito del 2019 dirigido al INTI, donde sustentaban con pruebas y se pedía una reunión para solicitar una aclaratoria, pero nunca recibieron respuesta.
“Adicionalmente se hizo una denuncia en la Defensoría del Pueblo, donde igualmente se consignó toda la documentación: planos, registros, todo”, dijo José Acero e insistió en que hay cosas que no son normales, como el hecho de que su madre informa la situación y solicita una reunión, y aun así adjudican las tierras; y en segundo lugar, las personas a las que otorgan no cumplen el tiempo establecido cultivando en la unidad de producción.
En cuanto a la vivienda de la finca, señalaron que tuvieron que declarar en la Fiscalía 3ra porque no conocen a la persona que la ocupa. “En ningún momento la contratamos, ni la conocemos”, comentaron los tres integrantes de la familia Acero.
Bleima Márquez