Regional
Jueces de Táchira garantizan acceso a la justicia a los internos del Cicpc

Como parte del “Plan de Abordaje” emprendido por el Poder Judicial del estado Táchira, los jueces y juezas de control, juicio y ejecución del Circuito Judicial Penal (CJP) y del Tribunal Penal Municipal, atendieron a  los privados de libertad que se encuentran en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de San Cristóbal,  para garantizar la celeridad procesal y la tutela judicial efectiva.

La jueza rectora y presidenta del CJP, Ledy Yorley Pérez, informó que “los operadores de justicia conjuntamente con el Ministerio Público y la Defensa Pública atendieron cada una de las  causas y revisaron los expedientes de los privados de libertad que pudieran optar a una medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, a traslados médicos para garantizarles el derecho a la salud -tal y como lo contempla el ordenamiento jurídico venezolano- y a fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena”.

Destacó  la autoridad judicial regional que en el marco del proceso de  transformación y humanización que emprende el Poder Judicial, de la mano con las comunidades organizadas y la fraternidad católica Emaús, se realizó una limpieza integral de los calabozos ubicados en la sede del CICPC, además de la entrega de material para la higiene personal a cada uno de los judicializados.

—-En otrora era imposible ver a los jueces de la República tener un acercamiento real con los procesados y penados, mucho menos fuera de sus despachos, hoy gracias a la transformación del sistema de justicia que vive nuestro país, observamos a los jueces y juezas accesibles, preocupados, con dones de gentes, que les gusta lo que hacen, sensibles, conscientes de su alta misión, con vocación de servicio a favor de los ciudadanos, especialmente de los más humildes-, aseguró la jueza rectora del estado Táchira.

Destacó que el Plan de Abordaje del Poder Judicial se realizará en cada una de las sedes policiales de la entidad andina, para asegurar, sin ningún tipo de exclusión, el derecho a la administración de justicia de cada uno de los privados de libertad. (AM)