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La deuda externa crece a diario

8 de mayo de 2023

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Andrés Carrasquero Stolk, Observatorio Gasto Público de Cedice Libertad.

Algunos expertos sugieren que podría estar por el orden de los 160 mil millones de dólares, afectando su impago tanto al Estado como al sector privado.

Diego Mendoza

Uno de los principales problemas a los que debe hacer frente el Estado venezolano es el actual tamaño de la deuda externa, la cual supera cualquier registro histórico.

En base a este tema, el Observatorio Gasto Público de Cedice Libertad ejecutó un estudio detallado a cargo de Ramón Escobar Alvarado, Andrés Carrasquero Stolk y Mariana Campos Villalba, que sirve de referencia para conocer la situación de endeudamiento que vive la nación.

Sin importar quién esté al frente del Estado, deberá hacer frente a esta problemática si desea realmente sanear las finanzas públicas y recuperar la economía del país, puesto que el estimado a pagar, que podría rondar los 160 mil millones de dólares, termina por afectar a todos.

Con el propósito de entender con mayor claridad el informe titulado La monstruosa deuda venezolana, Diario La Nación conversó con uno de sus autores, el doctor en Derecho y docente universitario Andrés Carrasquero Stolk, quien explicó punto por punto este trabajo.

Para empezar, el informe clasifica la deuda que posee el Estado en tres categorías: aquella existente sobre el pago de bonos emitidos por la República, PDVSA y Electricidad de Caracas; la poseída a partir de laudos arbitrales por incumplimientos de contratos y expropiaciones; y la de daños a la nación, que contempla a las víctimas de violaciones masivas a derechos fundamentales.

Deuda por bonos

Respecto al primer caso, Carrasquero señala que entre 1997 y 2016, las entidades mencionadas, responsabilidad de las autoridades del Estado venezolano, emitieron más de 25 bonos.

“Estos son instrumentos de deuda utilizados para conseguir financiamiento. Con su venta se adquiere un compromiso de pago, tanto por el total del bono, como por el pago de intereses a sus tenedores (compradores)”.

Pero lo delicado del caso surge cuando se dejan de efectuar los pagos, decisión que tomó el Estado desde 2017, y a esto se le conoce como entrar en default.

Lo que agrava la situación, además, es que pese a negarse a cancelar el compromiso adquirido, esto no quiere decir que la deuda deje de crecer. “Con cada fecha de vencimiento en los días de cobro de los intereses, nos estamos endeudando más”.

“En este sentido, evaluaciones hechas en el segundo semestre de 2022 mostraron que la deuda con los tenedores de este instrumento estaba cercana a los 58 millardos de dólares, y por concepto de intereses se deben otros 22 millardos”, alerta Carrasquero.

Justamente, este tema de los bonos ha tomado relevancia porque los tenedores del PDVSA 2020 ganaron la demanda introducida en la corte estadounidense para efectuar su cobro a través de las acciones de Citgo, pero ¿qué relación podría haber entre este instrumento financiero y la refinería?

“El bono PDVSA 2020 fue emitido por el Estado como canje por el PDVSA 2016, que no fue cancelado. Pero la peculiaridad en esa oportunidad es que, para convencer a los tenedores de aceptar el nuevo instrumento, las autoridades estatales pusieron como garantía o colateral, en caso de un nuevo impago, un porcentaje accionario de Citgo”, responde el abogado.

Deuda por arbitrajes

Andrés Carrasquero explica que, en esta segunda categoría, cuando se habla de la deuda por concepto de arbitrajes de inversión, se está haciendo referencia “a las muchas expropiaciones realizadas por el Estado que afectaron a inversionistas, sobre todo extranjeros, que contaban con un tratado de promoción y protección de inversiones”.

Ahora, estas personas utilizan árbitros internacionales para intentar cobrar lo que consideran que les pertenece, y a pesar que, hasta el momento, en la mayoría de los casos se ha determinado el pago por una cifra menor a la exigida, “nuestras estimaciones realizadas el año pasado estuvieron por encima de los 21 millardos de dólares a desembolsar”.

Mientras que, en cuanto a la deuda comercial con proveedores que celebraron contratos con el Estado venezolano y con PDVSA, y que también se contempla en esta categoría, Carraquero señala que la suma no la han podido determinar por el difícil acceso a la información oficial.

Mas advierte que en este punto se tiene así mismo en consideración “el endeudamiento con otros Estados, especialmente con Rusia y China”, cuyos montos son desconocidos.

Daños a la nación

Aunque esta categoría no cuenta propiamente como deuda externa, los investigadores la quisieron agregar por considerarla de vital trascendencia para la nación. Con ella intentan presentar una propuesta con la cual se pueda atender a aquellas personas que se vieron afectadas de forma directa por decisiones estatales.

Ellos sugieren que el monto a pagar se calcule sobre la evaluación de los daños hechos a sus propiedades.

Para Carrasquero, hay personas que no cuentan con el dinero suficiente para cubrir los costos que supone un juicio, pero que también perdieron sus casas, apartamentos, pequeños negocios o terrenos, a partir de decisiones que iban en contra del derecho fundamental de propiedad.

Por esta razón, “si se quieren tener soluciones reales y creíbles en el plano social y político, se deben atender a todas las víctimas, y creo que esto sería parte de un proceso de reconciliación nacional, porque la propiedad, por pequeña que sea, debe ser respetada”.

Restructuración y refinanciamiento

Una medida a tomar para intentar empezar a saldar el inmenso agujero de deuda que posee la nación sería a través de negociaciones con los acreedores ¿Pero es posible reestructurar y refinanciar la deuda? Y de ser así, ¿a qué medios habría que acudir?

Para el experto consultado, Andrés Carrasquero, esta discusión es fundamental porque la situación actual termina afectando incluso al sector privado de la economía que tiene dificultades al momento de acceder a líneas de crédito en el exterior.

Dentro de las herramientas contempladas, en referencia en este caso a los bonos, se podría intentar que los tenedores accedan a perdonar una parte de la deuda y se negocie una modificación de los términos y condiciones en los pagos de intereses.

Y aunque esta sería una medida común, para Carrasquero resulta poco factible debido a que el régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos de alguna manera prohíbe celebrar transacciones con el Gobierno de Venezuela.

“Vale sugerir que recientemente salió una licencia de la OFAC que le permite a la Asamblea Nacional (2015) renegociar los acuerdos con acreedores. Pero esto en la realidad es poco efectivo por el inexistente margen de acción que tiene este organismo en el país”.

Otra barrera importante, es la imposibilidad de acudir a instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), puesto que “su posición sigue siendo ambigua respecto al reconocimiento del gobierno actual”, acota el abogado.

De tal manera que cualquier intento de reestructuración y refinanciamiento de la deuda pasa obligatoriamente por una previa solución del escenario político.

Propuestas para el futuro

Este panorama conduce inexorablemente a pensar en mecanismos que permitan evitar una situación en un futuro donde se hayan dado pasos firmes hacia el saneamiento de las finanzas públicas.

Pues, si bien el nivel de deuda externa actual es histórico, no es la primera vez que se ha endeudado al país pese a la bonanza de ingresos derivada del negocio petrolero. Tampoco es la primera vez que se habla de la necesidad de renegociar los montos y plazos de los compromisos pendientes.

En base a esto, Andrés Carrasquero sugiere que el propio marco de normas para evitar esta situación se encuentra en la Constitución, por lo que el problema ha sido su incumplimiento.

Por ende, se refiere a un fallo en las funciones que deben desempeñar las instituciones del Estado, “la Asamblea Nacional tiene que ser un contrapeso y un control del poder Ejecutivo, evitando que en este sentido se viole la ley, porque la mayoría de esta deuda contó con el aval del legislativo”.

“En conclusión, la solución está en respetar la constitución y construir poderes verdaderamente independientes que pongan como elemento común al país por encima de cualquier otra cosa”, enfatizó Carrasquero.

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