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Los criptoactivos y la legalidad (III)

Ildemaro Pacheco

Las películas de Hollywood siempre nos marcan como referencia a Wall Street, los villanos, las bombas y la bolsa de valores, y de alguna manera es así, los Estados Unidos son nuestro referente en temas financieros y bursátiles. Y allá como aquí, las novedades tienen que luchar con los sistemas tradicionales para sobrevivir, y los de antes pellizcarse para no desaparecer, la historia de la humanidad; entonces, ¿cómo están llevando allá el tema de los criptoactivos? Porque la gran pregunta es, ¿la criptomoneda es un valor o una mercancía? Lee y verás como lo definieron.

El protagonismo lo tiene la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales de 2025 (CLARITY Act), diseñada para desmantelar la ambigüedad jurídica del sector de las criptomonedas. La propuesta busca establecer un marco estatutario que delimite claramente las competencias de las agencias reguladoras, proteja a los consumidores y fomente la competitividad de USA como centro de innovación tecnológica.

Históricamente, la regulación de los activos digitales en USA se ha llevado por acciones de ejecución judicial iniciadas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Esta falta de un código legislativo coherente ha generado una incertidumbre operativa donde los usuarios se han visto obligados a navegar en un entorno donde las definiciones de lo que constituye un valor (security) o una mercancía (commodity) cambian según las interpretaciones de los funcionarios de turno. El 10 de junio de 2025, mayorías bipartidistas de ambos comités votaron a favor de avanzar. El 17 de julio de 2025 la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley 294 votos a 134. En el Senado, sin embargo, ha enfrentado obstáculos derivados de intereses económicos contrapuestos, entre sector bancario tradicional y los emisores de activos digitales.

El aporte fundamental es la creación de un sistema de clasificación de tres niveles que elimina la ambigüedad sobre qué agencia tiene la autoridad de supervisión sobre un activo determinado. La SEC mantiene su autoridad sobre lo que se denomina “activos digitales restringidos”, activos que se ofrecen y venden como parte de un contrato de inversión, cuya rentabilidad depende de los esfuerzos gerenciales de una entidad centralizada. La ley busca regular las fases iniciales de recaudación de fondos bajo estándares similares a las ofertas públicas de valores, garantizando que emisores proporcionen divulgaciones precisas sobre su estructura operativa y financiera.

Sin embargo, un activo que comenzó como parte de un contrato de inversión puede evolucionar hasta convertirse en una mercancía digital. La CLARITY Act otorga a la CFTC (Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos) una nueva y amplia jurisdicción exclusiva sobre los mercados al contado de lo que define como “mercancías digitales”, las cuales se definen como un activo intrínsecamente vinculado a un sistema de cadena de bloques donde el valor se deriva de la utilidad del sistema y no del control de un emisor central.

Para que un activo sea transferido de la supervisión de la SEC a la de la CFTC, el emisor puede presentar una certificación ante la SEC demostrando que la red es funcional y descentralizada, con estos criterios técnicos: a. Ninguna persona o entidad posee la autoridad unilateral para controlar la cadena de bloques o su uso; b. Ningún emisor o persona afiliada controla más del 20% del suministro total del activo digital o del poder de voto asociado; c. La red es funcional, lo que significa que el activo se puede utilizar para su propósito previsto (como pagar tarifas de gas) sin depender de una entidad central. La SEC dispone de un plazo de 60 días para revisar y, en su caso, objetar esta certificación basándose en un análisis detallado. Si no hay objeción, el activo se trata como una mercancía bajo la supervisión de la CFTC.

La ley también impone una estructura de cumplimiento para las entidades que facilitan el acceso a estos mercados creando categorías de registro formales para bolsas, corredores y distribuidores que operan con mercancías digitales, que deben cumplir con requisitos de conducta empresarial: a. Segregación de activos: prohibido mezclar sus propios fondos con los activos de los clientes; b. Prevención de conflictos de interés: Se establecen reglas para asegurar que las bolsas no negocien en contra de sus propios clientes y que divulguen cualquier conflicto potencial; c. Gestión de riesgos y ciberseguridad: Los intermediarios deben implementar marcos robustos de gestión de riesgos financieros y estándares de ciberseguridad para prevenir ataques y pérdidas de fondos.