En Venezuela el plan de repitencia en los liceos es llamado “La gran batalla”. Y así, otros ejemplos. La Constitución establece que todos tienen derecho a una educación de calidad, en igualdad de condiciones y oportunidades (artículo 103). Pero, según el presidente de Fundaredes y doctor en Educación, Javier Tarazona, “no existe educación de calidad”.

Lo argumenta a partir del deterioro sistemático y sistémico de la infraestructura, de la baja calidad de vida del docente por lo que devenga en el ejercicio de su profesión, de confusiones en la administración del currículo y hasta de los problemas de acceso a agua potable o energía eléctrica que garanticen mínimas condiciones de la ecología del aprendizaje.

Al listado agrega que esa “gran batalla” tampoco incluye condiciones claras en la prosecución y que muchos laboratorios de física, química y biología ya no existen para enseñar las ciencias.

Se cumplen 70 años de la Declaración de Derechos Humanos y su artículo 26 es claro en cuanto a que toda persona tiene derecho a la educación y a que esta “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”.

También la Constitución venezolana contempla que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental de carácter democrático, gratuito y obligatorio (artículo 102).

Pero Tarazona sostiene que esa educación libre, plural y democrática no existe en el país. Considera que el adoctrinamiento en las escuelas públicas pasa por la instauración de una nueva matriz simbólica en toda la sociedad, soportada -por ejemplo- en los textos de la Colección Bicentenario.

“No se está garantizando este derecho por el acceso, por la permanencia y por el egreso”, enumera, al evaluarlo ya de forma global. Acceso, pone el acento, no es solamente el registrar o inscribir, sino el cómo el estudiante y el maestro pueden ir a una institución educativa.

Por todo lo anterior, distintas organizaciones han solicitado a la Asamblea Nacional la declaratoria de una emergencia humanitaria compleja en la educación: esto es, en palabras de Tarazona, el reconocimiento oficial de la ruptura del sistema público y privado, de su fragmentación. “No hay, ni público ni privado, un sistema que garantice plenamente el derecho a la educación”. Como colofón, también ocurre que el Estado tampoco reconoce la vulneración de este derecho.

Daniel Pabón