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Cómo víctima de “terrorismo judicial” y “tráfico de influencias” se ha declarado Arelis Cristina Delgado Guevara, quien sigue en la lucha ante tribunales, en el intento de un reconocimiento a 24 años de desempeño agrarios en Rancho La Tomatera, por Palo Gordo, municipio Cárdenas.
Negaron la acusación expuesta en redes sociales en su contra en la cual ella y su esposo fueron acusados de “vulgares invasores”, por parte de actores judiciales involucrados en el caso.
Afirmó la demandante que de ese predio ubicado en Toico, sector de Cárdenas, tomó “posesión pacífica y publica” su esposo William Delgado bajo la autorización del dueño del mismo, Luis Arcadio Rueda, quien falleció en 2013, y desde entonces ha convertido el mismo en una unidad productiva de la cual ha extraído el sustento para él y su familia, lo que se ha hecho por años y, subrayó, eso se desconoció a la hora de proceder contra ellos el desalojo.
Una medida de protección agraria los protegió por 30 meses y una vez vencida, los actuales propietarios, quienes compraron el terreno a los herederos del señor Rueda, herederos, hermanos y sobrinos, del terreno, procedieron al desalojo, en el cual aseguró Delgado Guevara participaron elementos de la seguridad pública.
— El día 4 de marzo llegaron a desalojarnos pero sin una medida cautelar. Nos tiraron el cerco, nos sacaron el ganado a la carretera, nos saquearon la cosecha, el guineo, el frijol. Relativamente nos tienen en la calle, y las vaquitas que me producen leche las tengo amarradas a la pata de mi cama porque el resto del ganado nos tocó reubicarlo — expresó Delgado Guevara.
Aseveró, a partir de la asesoría de los abogados que la acompañan, que el desempeño productivo, que la medida de protección agraria les otorga una condición jurídica especial, y por eso han acudido ante la justicia, no obstante ella y su esposo se sienten vulnerados pues se desestimó sus demandas.
Han considerado que sus procesos se frustraron por una red de influencias dentro de instancias como la Fiscalía y el tribunal agrario, caso ampliamente referido en recursos interpuesto ante la Inspectoría General de Tribunales.
— Yo quiero que ellos reconozcan el derecho que hemos tenido, al haber invertido trabajo, tiempo y dinero en esas tierras. Por eso hacemos el llamado al gobernador Freddy Bernal y el Fiscal General de la República, para que atiendan nuestra situación —puntualizó.
Como prueba a su favor, además del testimonio de muchas personas conocedoras de sus labores por 24 años, el registro de las bienhechurías asignadas al terreno, hay la constancia de la Federación Campesina, lograda por intermedio del señor Rueda de ser como pisatarios de la mencionada propiedad.
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