Regional

Nueve personas que “rumbeaban de lo lindo” en la vía pública terminaron presas por la GNB

13 de julio de 2020

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Nueve personas que armaron y disfrutaban de una rumba en la vía pública, con música, cava playera y cerveza bien fría, fueron detenidas por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, por desacato a las medidas de prevención, tratamiento y control del COVID-19, en la población de Coloncito, municipio Panamericano del estado Táchira, a donde llegaron los efectivos militares luego de ser notificados sobre escándalos en una calle, donde se estaban violentando las medidas de bioseguridad, cuarentena y distanciamiento social.


Armando Hernández

Así lo expresaron voceros del Comando de Zona No. 21 Táchira de la GNB, que bajo el comando del general de Brigada Juan Sulbarán Quintero ha incrementado las operaciones de prevención y lucha contra el coronavirus y en las últimas horas ha practicado procedimientos de detención de personas infractoras, entre las cuales se encuentran cuatro connacionales que ingresaron al país a través de una trocha por Boca de Grita, y una dama, aprehendida en su residencia de Pirineos II, de San Cristóbal, a donde llegó tras ingresar al país de manera ilegal, a través de una trocha.

Rumba en la vía publica

En horas de la madrugada de este domingo 12 de julio, en la población de Coloncito, al norte del estado Táchira, efectivos del Destacamento No. 213, desarrollando acciones comprendidas en la operación “Escudo Bolivariano III 2020 Salud Segura”, procedieron a la detención de nueve personas por desacato a las medidas de prevención y combate del coronavirus, pues habían instalado una rumba en plena vía pública, con música a alto volumen, cerveza y hasta una cava playera para mantener las bebidas bien frías.  Miembros de la comunidad, molestos por la situación, notificaron la irregularidad a las autoridades, que de inmediato se trasladaron al sitio para verificar y terminaron apresando a nueve personas que estaban disfrutando de la fiesta callejera, dijo el informante.

Las personas detenidas quedaron identificadas como: J. Alexánder Delgado Carrillo (indocumentado), R. Medina (indocumentado), Y. José Zambrano Silva (indocumentado), C. Pacheco Inga, (indocumentado), M. Mora González (indocumentado), F. González Hernández, con residencia en el barrio Andrés Bello; J. Virginia Pérez Rivera, de la urbanización Rafael Arias Blanco; Carlos Sánchez Guerrero (indocumentado), y T. Reneiber Sánchez Pernía, también indocumentado. Debido a las circunstancias bajo las cuales ocurrió el procedimiento, se hizo la correspondiente notificación a la Sala de Flagrancias del Ministerio Público.

En el lugar de los hechos fueron retenidas tres motocicletas, siete cajas de cerveza, una cava de aluminio, tipo playera; tres teléfonos celulares, que también fueron colocados a disposición de la Fiscalía como evidencia.

Estas personas están acusadas de presunto incumplimiento de las medidas de prevención y combate al COVID-19 y del estado de alarma decretado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela en todo el territorio nacional, según Gaceta oficial Nº 6.519, de fecha 13 de marzo del presente año.

Llegó a Pirineos, procedente de Bogotá

En la vereda 22 de la Urbanización Pirineos II, en San Cristóbal, se produjo otro procedimiento, esta vez practicado por efectivos del Destacamento de Seguridad Urbana Táchira, quienes fueron a buscar a una dama que, procedente de la ciudad de Bogotá, República de Colombia, ingresó a territorio venezolano de manera ilegal, evadiendo los controles de tipo sanitario que se mantienen en la frontera a los efectos de evitar el ingreso de casos COVID-19.

Información aportada por parte de miembros de la comunidad permitió detectar este caso, pues esta persona se había convertido en una potencial amenaza, tanto para los vecinos como para los miembros de su propia familia, ya que se pudo determinar que ingresó al Venezuela a través de la denominada “Trocha 51”, evadiendo todo tipo de control sanitario.

A la vivienda de la dama, de apellido Vela, acudieron los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y personal sanitario, que sometieron a la dama, junto a los familiares, considerados como expuestos, a la prueba rápida de detección, que  afortunadamente dio un resultado negativo.

Esta persona incurrió en violación al decreto presidencial N° 4.230, dictado en el marco del estado de excepción para atender la emergencia sanitaria del coronavirus (COVID-19), y por este motivo ha quedado a disposición de la Sala de Flagrancias del Ministerio Público, se informó luego.

Trocha “Los Sapitos”

El tercer procedimiento sobre el cual se informó en medios del Comando de Zona No. 21 fue practicado en la trocha “Los Sapitos”,  ubicada en el sector Los Mangos de Boca de Grita, municipio García de Hevia, donde fueron aprehendidos cuatro hombres que procedían de la zona de Puerto Santander y llamaron  la atención por llevar consigo bolsos y maletas.

Efectivos del Destacamento No. 213 que realizaban labores de patrullaje y vigilancia fronteriza observaron a los cuatro hombres, caminando por la trocha, al menos dos de ellos sin el correspondiente tapabocas, por lo que fueron inmediatamente interceptados, para conocer más detalles de su tránsito por la ilegal vía.

De acuerdo con las primeras las investigaciones, se estableció que los cuatro hombres provenían de la ciudad de Cúcuta, República de Colombia, y tenían previsto continuar viaje a otros lugares de Venezuela, sin cumplir con las normas de control sanitario contra la propagación y contagio del virus COVID-19. Tres  tenían la intención de viajar a la ciudad de Mérida y uno hasta Maracaibo, estado Zulia.  Fueron identificados como: Grégory Gabriel Rangel Pinto, José Gregorio Guerra Márquez, Iván David de La Rosa Caro y Apolinar Criollo Ramírez, todos de nacionalidad venezolana, quien bajo normas de bioseguridad fueron sometidos a la prueba rápida, test que dio resultado negativo para COVID-19.

Estos cuatro retornados, que llegaron al país burlando los controles de tipo sanitario y violando lo establecido en el decreto presidencial N° 4.230, dictado en el marco del estado de excepción para atender la emergencia sanitaria del coronavirus (Covid-19), fueron colocados a las órdenes de la Fiscalía XXVII del Ministerio Público.

 

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