Regional
Presentan propuestas para la mejora regulatoria de la minería venezolana

La implementación de estándares de transparencia y de rendición de cuentas, la reestructuración de las empresas mineras estatales y la realización de la Consulta Popular para la exploración y explotación minera, son parte de las propuestas de Mauricio Pernía-Reyes, Director del Centro de Estudios de Derecho de Minas y Energía CEDME y profesor universitario.

En efecto, mediante un documento publicado en redes sociales, presenta 10 propuestas iniciales para las industria extractiva de minerales, que ha sido cuestionada en la actualidad por los accidentes ocurridos al sur del Orinoco, por su impacto ambiental y sus efectos en la salud de los mineros y su entorno.

En este sentido, Pernía-Reyes propone, entre otros aspectos de interés nacional, que el Ejecutivo Nacional se abstenga de dictar o celebrar acuerdos referidos al Arco Minero del Orinoco y revisar su legalidad y la de todos los actos dictados para su desarrollo, por cuanto existe “incompatibilidad con el ordenamiento juridico venezolano e internacional, incluyendo la opinión consultiva 23/17 sobre medio ambiente y derechos humanos de la CIDH.” asegura el profesor de derecho.

Así mismo, en estas propuestas también se señala la necesidad de cumplir con el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, referido a su participación en la toma de decisiones sobre su hábitat, así como la necesidad de la publicación en datos abiertos sobre los socios de las empresas mixtas, de los concesionarios y de las Alianzas Estratégicas que celebre el gobierno nacional, además de la experiencia y antecedentes en el sector.

Agrega el profesor universitario que debe implementarse políticas de gobernanza entre el Estado, las empresas mineras y las comunidades junto a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas vinculados a esta industria extractiva, para que se acompañe las actividades como contraloría ciudadana, además de la importancia del respeto de las competencias del Ejecutivo Nacional y de las de los gobiernos regionales, para evitar la múltiplicación de trámites, organos y entes involucrados con la actividad y la necesaria publicación de las estadísticas de producción de minerales y del cumplimiento de obligaciones ambientales.

Finalmente, estas propuestas, de acuerdo con lo que señala el abogado Mauricio Pernía-Reyes, constituyen propuestas básicas que requieren de la conformación de equipos con distintas disciplinas que apunten a la mejora regulatoria del sector minero venezolano, y así definir el rol de la minería nacional en la transición energética global, por la presencia de yacimientos de minerales críticos en nuestro subsuelo, como los del Estado Táchira, vinculados al desarrollo de la autonomía de vehículos eléctricos.