A juicio del Procurador General del estado Táchira, abogado Julio César Hernández, los procesos de transferencia de los entes y los bienes públicos llevados a cabo por la anterior administración regional ante el Gobierno nacional, contravinieron el Artículo 49 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos: “Toda vez que omitieron la participación a la Superintendencia de Bienes Públicos, lo que automáticamente vicia de ilegalidad tan arbitraria decisión, en perjuicio de los intereses patrimoniales y de la capacidad de gestión de la Gobernación”.

Precisó que en consecuencia de ello, “se desprende que tanto el Gobernador saliente, así como el Ministro de Planificación e incluso el Procurador del estado en ejercicio de sus funciones para el momento en que se concertaron las citadas transferencias, omitieron el trámite previo de dirigirse ante la Superintendencia de Bienes Públicos, a los efectos de conocer su opinión jurídica referente al caso por tratarse de entes y bienes creados con el patrimonio del estado Táchira”.

—Estaban en el deber esos funcionarios de notificar a la Superintendencia que los entes creados fueron por leyes regionales y no nacionales, que por ende son parte del patrimonio público del Estado e igualmente hacerle saber cuáles eran las serias razones para llevar adelante esa transferencia, nada de lo cual ocurrió, aunque debieron esperar pronunciamiento de esa Superintendencia sobre ese delicado asunto, por cuanto la Administración Pública está sometida a la Ley y al Derecho, por mandato expreso de la Constitución de 1999, aún vigente- comentó.    

Hernández argumentó que la anterior omisión “desdice de la conducta ética de los referidos ciudadanos en funciones públicas, ya que debieron acatar y seguir el procedimiento administrativo previsto en la Ley Orgánica de Bienes Públicos para transferir dichos entes, lo que obliga moral y jurídicamente al Ciudadano Ministro de Planificación a ordenar, a la brevedad, la reversión o devolución de los entes ilícitamente transferidos como Cobiserta, Transtáchira y Corpotáchira, que por lo demás fueron creados con el patrimonio del estado”.

Puntualizó que la Procuraduría de la anterior gestión ha debido pronunciarse al respecto, a los fines de haber dejado sentada su posición jurídica: “Lo que no consta tampoco en los archivos de este importante organismo regional, evidenciándose con ello que se dejó de cumplir con tan importante misión de resguardar los intereses del estado, lo cual será denunciado oportunamente ante las autoridades competentes”. (AM)