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Regional
Realizan audiencia por acusación penal contra funcionarios de la Alcaldía
21 de febrero de 2024
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Este miércoles 21 de febrero se llevará a cabo en el Palacio Judicial del estado Táchira la audiencia por acusación penal en contra de funcionarios de la Alcaldía del municipio San Cristóbal, “por los delitos de agavillamiento, violación domiciliaria, hurto, daños a la propiedad y abuso de funciones, durante la demolición de un local comercial ubicado dentro del Terminal de Pasajeros de la capital tachirense hace más de un año”.
Omar Sayago, apoderado legal de la comerciante Andrea Ramírez, dueña del local, informó en rueda de prensa que esta acusación penal es en contra de quien fuera el síndico procurador en ese período, Mario Izarra; el director del Terminal de Pasajeros, Neomar Ferreira; y el asesor jurídico del Terminal, Gerson Ramírez, apoyados en lo tipificado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal, las leyes de la República y el artículo 25 numeral 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, porque fueron vulnerados derechos personales, civiles y humanos, porque el trabajo es un derecho humano.
Precisó Sayago que la juez quinta de control es la encargada de ese caso, y recordó que anteriormente lo llevaba la Fiscalía, pero sin hacer investigaciones le dictó sobreseimiento en dos oportunidades. “Como los códigos y las leyes venezolanas les permiten a los ciudadanos y a las ciudadanas utilizar otros mecanismos jurídicos para la defensa de sus derechos, se decidió en este lapso procesal realizar la acusación penal”, agregó.
“Me dejaron prácticamente en la calle”
Andrea Ramírez, quien era dueña del restaurante que fue demolido en el Terminal de Pasajeros, destacó que ha pasado más de un año desde que formalizó la denuncia ante el Ministerio Público en contra de altos funcionarios de la Alcaldía San Cristóbal, quienes hurtaron los bienes, materia prima, el inventario y todo lo que tenía.
“Me dejaron prácticamente en la calle, pues soy una madre venezolana, una comerciante sancristobalense. Por tal motivo se realizaron denuncias ante el Ministerio Público y ante los tribunales donde estamos esperando justicia”, expresó.
Precisó que este caso también se llevó a instancias internacionales mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente que respondió y solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores darle respuesta en tres meses a estos hechos.
“¿Qué pido? Pido primeramente justicia, porque estos altos funcionarios se hurtaron los bienes, se llevaron el sustento de mi familia, me dejaron totalmente en la calle ¿Qué es lo que solicito? Justicia, también solicito ante las nuevas autoridades de la Fiscalía Superior que revise el caso, que de verdad tome en cuenta, en consideración, todas las pruebas, porque sí se han suministrado todas las pruebas relevantes donde pueden verificar la veracidad del caso que estamos llevando y que realizaron en contra mía”, manifestó Andrea Ramírez.
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