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Regional
Rechaza Colegio de Abogados del Táchira reforma a la Ley de Registros y Notarías
12 de enero de 2022
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Humberto Contreras
En documento de 5 puntos expone sus razones, entre ellas que genera efectos negativos para el desarrollo económico y social del país
Rechazo a la reciente reforma de la Ley de Registros y Notarías, por considerar que el contenido normativo de la misma genera efectos y consecuencias negativas para el desarrollo económico social del país y del estado, afecta el derecho al trabajo y el ejercicio profesional del Derecho, formalizó en un comunicado institucional el Colegio de Abogados del estado Táchira.
El texto, hecho público este lunes 10 de enero, indica que dicho instrumento legal aumenta desproporcionadamente los aranceles, genera volatilidad en el costo de los mismos al estar anclado al valor del petro, fomenta la informalidad en el comercio y los negocios, y desestimula la inversión privada.
El pronunciamiento institucional, expuesto en cinco puntos específicos, está dirigido a los agremiados y al pueblo tachirense, donde expone su rechazo a la reforma de la ley aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en Gaceta Oficial, número extraordinario 6.668 del 16 de diciembre 2021, en cuyo texto, además, se indica que ese mismo día entró en vigencia.
El documento, fundamentado en cinco puntos y firmado por Jorge Utrera Zambrano, vicepresidente del Colegio; Daniel Pérez Avendaño, secretario, y Doris Méndez, bibliotecaria, expone el rechazo a la reforma de la Ley de Registros y Notarías, al considerar que el contenido normativo de dicha ley genera efectos y consecuencias negativas para el desarrollo económico social del país y del estado, así como también sobre el derecho al trabajo y el ejercicio profesional del Derecho.
En su primer punto, acuerda rechazar el contenido de la mencionada ley, porque aumenta de manera desproporcionada los aranceles a pagar por los administrados, lo cual es un desestímulo a la inversión privada en momentos en que se requiere la producción jurídica de normas que promuevan, con incentivos fiscales, la empresa privada.
En el segundo punto, rechaza igualmente el aumento exagerado (sic) de los aranceles, porque incrementa la informalidad en la economía, pues estimula al administrado a permanecer en la informalidad, en el ejercicio del comercio.
El tercer aspecto indica que anclar el cálculo de aranceles al valor del petro genera una volatilidad en el cálculo, en el sentido de que, por ser el petro una unidad de cálculo variable, el arancel a pagar estaría sujeto a tales variaciones, lo que atenta contra el principio constitucional de la seguridad jurídica.
En cuarto lugar, la institución señala que dicho texto legal atenta contra el derecho al trabajo de los abogados, porque la informalidad que generará dicha ley traerá como consecuencia que no se protocolicen todos los documentos, lo cual producirá una merma considerable en el trabajo.
Finalmente, en el punto 5, el Colegio exige a la Asamblea Nacional, consejos legislativos estadales y concejos municipales que, en cumplimiento del mandato constitucional para la formación de leyes y ordenanzas, garanticen la participación ciudadana a través de la incorporación de los colegios de abogados regionales y la Federación de Colegios de Abogados, a los efectos de escuchar su opinión en los procesos de redacción de leyes.
El gremio regional de abogados, indica al final del documento, “exigimos que los colegios de abogados sean incluidos en los procesos de consulta popular”.
A continuación, el texto completo del comunicado institucional:
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