“Se continúa ejecutando desalojos forzosos a inquilinos en el Táchira”

“A pesar de la prohibición de los desalojos y de la existencia de un procedimiento para el desalojo del inquilino, que garantiza en primer lugar el derecho a la vivienda con la reubicación de la familia arrendaticia afectada, hoy día se siguen ejecutando desalojos en el estado Táchira con total impunidad”, asegura Daniel Diaz,miembro de Movimiento de Pobladores, luchador social, y militante del Psuv.

Indica Díaz que por falta de información del inquilino, el amedrentamiento de jueces acompañados de la fuerza pública al momento de la ejecución del desalojo, la presión psicológica y sumado a eso la falta de respuesta y hasta “peloteo” de las instituciones que deben hacer cumplir el marco jurídico existente, las familias afectadas optan por entregar el inmueble aceptando refugios inhóspitos y en condiciones precarias asignados de manera irregular como sucedió recientemente en San Cristóbal,

Refiere Díaz que el excoordinador de SUNAVI Táchira Calixto Díaz, hoy destituido, quien usurpando funciones autorizó la asignación de un refugio inhabitable en La Fría, km 103, vía Machiques, a varias familias inquilinas, aun cuando la competencia exclusiva de la asignación de refugios para aquellos casos que se deriven de procedimientos en materia de inquilinato la tiene únicamente el Ministerio para Hábitat y Vivienda.

— Los desalojos forzosos en causas inquilinarias están prohibidos mientras Sunavi provea refugio, solución habitacional o se determine que el arrendatario tiene un lugar donde habitar, según sentencia N.º 1171 de la Sala Constitucional Gaceta Oficial N.º 40.773”

Indicó el luchador social que la revolución bolivariana a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela ha garantizado cerca de 2 millones 300 mil viviendas dignas a las familias más necesitadas, bajo la premisa de ofrecer una mejor calidad de vida,  pero en el Táchira parece estar detenida la ejecución de proyectos habitacionales. Sin embargo la contraloría social que ejerce el Poder Popular ha denunciado en muchas oportunidades la existencia de apartamentos vacíos en urbanismos que ya fueron entregados años atrás, como también la violación de la normativa por parte de quienes fueron adjudicados y que optan por la venta, el traspaso, el arriendo y en muchos casos el abandono de la vivienda que les fue otorgada. 

Asimismo, refirió que es necesario priorizar a las familias inquilinas con casos de arrendamiento de viviendas que cursan ante los Tribunales en estado de sentencia definitivamente firme para que les sea adjudicada una vivienda en el marco de la Misión Vivienda, ya que estas familias siempre han manifestado su voluntad de no adueñarse de la propiedad privada, al contrario, apuestan por la mediación y la conciliación con los propietarios de los inmuebles.

Reiteró el llamado a Freddy Bernal, al Consejo Legislativo, Idenna, los órganos de seguridad del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía Superior del Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, Defensoría Pública, jueces y coordinadores de los juzgados civiles de la Circunscripción Judicial del estado, y abogados litigantes, para buscar puntos de encuentro y de equilibrio a fines de brindar soluciones inmediatas para beneficio de las familias inquilinas afectadas y de los propietarios.

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