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Regional
“Se violan los derechos de propiedad de toda una familia tachirense”
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Siete años de lucha judicial, durante los cuales incluso ha sentido amenazada su vida, son los que lleva Marco Aurelio Becerra Rodríguez como representante de la sucesión Becerra-Adrián, misma que fue adjudicada por el Instituto Nacional de Tierras del Táchira, y que sigue en impugnación.
Freddy Omar Durán
Ante el silencio de los tribunales a su caso, dijo Becerra Rodríguez, hizo un espacial llamado al fiscal general de la República, Tarek William Saab, para que tome cartas en el asunto y realice una investigación contra una serie de funcionarios cuyos nombres aparecen en la serie de al menos 7 demandas.
El denunciante subraya que la documentación que registra más de un siglo de propiedad de la Finca Palmarito en la aldea La Blanquita del municipio Córdoba está al día, y por ella seguirá insistiendo en la devolución al grupo familiar, de alrededor de 12 ciudadanos, por el representado, y a los que ha venido ratificando como los legítimos propietarios.
–Quiero dirigirme al Fiscal de la República, Tarek William Saab, debido a todas las irregularidades que han ocurrido con relación al proceso judicial que mi persona y mi familia adelantamos para recuperar la finca perteneciente a la sucesión Becerrra Adrián. Eso fue una expropiación sin ningún consentimiento y violando todos los derechos constitucionales ocurrida en el año 2018— afirmó categóricamente Becerra Rodríguez.
La turbia trama que involucra el mencionado mueble, ha ameritado incluso demandas a funcionarios involucrados en las mismas pertenecientes al INTI, Tribunal Agrario y Defensoría del Pueblo, así como, por supuesto, a la parte, con vínculos familiares con los demandantes, que actualmente goza del beneficio de un feudo dedicado a la producción pecuaria, uso económico distinto, según el denunciante, al que se daba antes de 2018, enfocado en el café y otros cultivos.
–Todo lo aquí denunciado se encuentra en las siguientes instancias del Estado venezolano: Juzgado de la Primera Instancia Agraria de la circunscripción del estado Táchira, Juzgado Superior Agrario del Estado Táchira, Juzgado de Control Numero de Violencia contra la Mujer, Fiscalía Primera del Estado Táchira, Ministerio Público Fiscalía 29, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público Fiscalía 23— agregó.
Cuando Becerra Rodríguez ha sentido que una instancia ha “engavetado y manipulado” su expediente, ha tenido que recurrir a otra más arriba de más poder jurídico, y así sucesivamente hasta la Fiscalía de la República. Incluso al considerar violentados sus derechos humanos, ha tenido que recurrir a organismos no gubernamentales especializados en el tema.
–Señor fiscal Tarek William Saab, hago pública la exigencia que se dé respuesta por los delitos que hemos consignado en los tribunales, como tráfico de influencias, manipulación de expedientes, vulnerabilidad en los derechos civiles, atraso en los procedimientos administrativos, entre otros— subrayó.
Afirmó Marco Aurelio Becerra Rodríguez que su lucha ha implicado amenazas contra su vida e incluso una demanda por violencia a la mujer, específicamente a una de las propietarias de la sucesión, y quien inicialmente resultaría beneficiada por una medida cautelar, que tomó un particular giro, hasta lograrse que el feudo fuese entregado a una persona en calidad de adjudicación
–Estoy amenazado de extorsión, me llaman y amenazan a mis hijos, no puede pernoctar en la Finca Palmito, donde soy copropietario— concluyó. (FD)
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