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“Secuestrada y desaparecida por la Dgcim una agricultora de Elorza-Alto Apure”

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“La productora agropecuaria de Elorza, en el Alto Apure, Marisol Tapia, lleva más de 20 días sin ser vista por sus familiares y abogados, y actualmente se encuentra desaparecida, luego de que fuera secuestrada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)”, según la denuncia hecha por el defensor de los derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez.

Recordó Márquez, a través de un boletín de prensa, que la “detención” ocurrió el pasado 21 de abril, en el fundo “Agua Linda”, del cual es copropietaria, ubicado en los alrededores de la población de Elorza, municipio Rómulo Gallegos del Alto Apure, el mismo lugar donde había sido detenida el 12 de julio del año pasado, luego de los enfrentamientos que protagonizaron efectivos militares venezolanos y una célula de irregulares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la ciudad de La Victoria. frente al Arauca colombiano, acusada de los delitos de rebelión, espionaje, traición a la patria y sustracción de efectos de la Fuerza Armada Nacional, cargos de los cuales fue declarada inocente, con libertad plena y sobreseimiento de la causa por el Tribunal Tercero de Control de San Fernando de Apure, en virtud de que no se encontró ningún argumento ni fundamento en los escritos del Ministerio Público y el Tribunal Militar de San Juan de Los Morros, que la había procesado inicialmente, instancia judicial que declinó su competencia, después de las reformas judiciales de septiembre de 2021.

—Debemos recordar –dijo Márquez- que Marisol Tapias fue detenida por segunda vez por un grupo comando dirigido por Juan García, apodado el Gavilán”, el mismo funcionario que la detuvo en 2021, pese a haber sido juzgada y declarada inocente por sus presuntas vinculaciones con grupos subversivos colombianos. “Ella fue declarada en libertad plena y sobreseída su causa, el pasado 16 de noviembre de 2021, y al ser detenida nuevamente, el 21 de abril de este año, por terrorismo, fue presentada ante el Tribunal Tercero de Control de San Fernando de Apure, el mismo juzgado que el año pasado la había declarado inocente”.

Tras su liberación en noviembre del año pasado, la agricultora apureña permaneció en la ciudad de San Cristóbal, donde acompañó a su mamá, de más de 90 años, y luego retornó a sus actividades del campo en su finca, cuando fue apresada nuevamente el 21 de abril.

Angustia familiar

—Debemos resaltar –expresó- que, de acuerdo a la información que hemos podido manejar, no existe ninguna prueba que comprometa a Marisol Tapia y a ninguno de los detenidos por terrorismo o cualquier otro delito, de allí que su causa fue sobreseída y fue liberada; sin embargo, pareciera que estamos en presencia de un interés particular por querer apropiarse de su fundo en Elorza y despojarla de un predio agrícola que le ha costado mucho esfuerzo, tanto a ella, que logró una carta agraria del Estado venezolano, como a sus hermanos, que son copropietarios de esta extensión de sabana del Alto Apure.

“Quiero señalar –destacó Márquez-, en mi condición de presidente de la Fundación El Amparo y director general del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), que desde su detención, ni la familia de la productora ni sus abogados han tenido acceso a ella, lo cual les mantiene en una angustia constante, por cuanto no saben cuál es su condición física y ni siquiera el lugar donde la tienen privada de su libertad”.

— Como defensor de derechos humanos, debo resaltar que estamos en presencia de una detención arbitraria, violación al debido proceso y al principio constitucional de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, por lo que estamos nuevamente frente a un caso de secuestro y desaparición forzada por parte de funcionarios del Estado, ya que no ha habido ningún tipo de comunicación con la detenida, Marisol Tapia; no hay realmente claridad sobre esta situación, solo existe una información de que el Tribunal Tercero de Control Antiterrorista de Caracas la está solicitando, pero sus abogados no han podido tener acceso a información precisa, pese a que ya han transcurrido casi tres semanas desde su detención arbitraria.

Ante lo que considera una grave situación, el defensor de los derechos humanos, Walter Márquez, solicita que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, como la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional, dirigida por Karim Khan, “se aboquen a investigar este caso, que sin duda alguna demuestra que en Venezuela no hay estado de derecho y se cometen permanentemente crímenes de lesa humanidad”.

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