Se inició el debate interno en la Universidad de los Andes en lo referente a la sentencia 324 emanada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en agosto de 2019, la cual pretende “imponer elecciones de autoridades universitarias” -las cuales no se han actualizado desde hace largo tiempo-, a través de la modalidad del voto 1 a 1.

En ese sentido, Roxana Méndez, consejera universitaria de la ULA-Mérida, en representación de su gremio estudiantil, fijó posición: “Si no actuamos ahora, seguiremos siendo atacados dentro de nuestras universidades por el Gobierno”.

“Esta situación viola los artículos de la Constitución, de la Ley de Universidades, incluyendo el artículo 109 de la Constitución Bolivariana, que habla sobre la autonomía universitaria. La sentencia es inaceptable en todos los aspectos, tanto políticos, como legales y académicos, porque pretenden imponer las elecciones fijando autoridades que están subordinadas a las políticas oficialistas”, dijo.

Aclaró que, como estudiantes, sí desean elegir nuevas autoridades, pero bajo los parámetros y leyes que dictan los reglamentos internos universitarios. En cuanto a las condiciones electorales impuestas por el TSJ, se encuentran el voto 1 por 1, lo que le da potestad a todo el personal universitario de elegir.

“No existen antecedentes a nivel mundial sobre el voto 1 por 1 dentro de las universidades, ni siquiera en Cuba se hace”, explicó.

Mencionó la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918, en la cual una de las cláusulas más significativas, y que aún subsisten en el movimiento reformista, se refiere al cogobierno universitario, que debe estar formado por profesores, estudiantes y egresados, y la autonomía universitaria respecto del gobierno del Estado.

Méndez, también miembro del movimiento Vente Joven-Mérida, refirió que en el aspecto político, más allá de violar la autonomía, “el Gobierno pretende penetrar las universidades y controlar nuestro libre pensamiento, haciendo de estas elecciones no un voto académico sino un voto político. Pretenden seguir asfixiando a la universidad, la cual siempre ha sido un bastión de lucha contra las tiranías a lo largo de la historia”.

Anunció que, como universitarios “no estamos dispuestos a renunciar a nuestra autonomía, no estamos dispuestos a entregar nuestra universidad”.

También expuso el caso de la Universidad Central de Venezuela, casa de estudios que actualmente no tiene rector -ya que el anterior renunció-, como un particular que el Gobierno, presuntamente, aprovecha para imponer la sentencia.

“Estamos para defender nuestra universidad, porque sabemos que es una de las instituciones que no se doblegan ante nada. Si entregamos la universidad, estaríamos negociando nuestros principios morales y éticos, lo cual es inaceptable, como estudiantes y como ciudadanos. Sin país no hay universidad, es por eso que buscamos generar presión y mostrar nuestro desacuerdo ante este sistema”, declaró. (Rosecny Zambrano)