Para solicitar una medida de protección a más de 50 docentes fijos, nómina del Ministerio de Educación, que han sido despedidos, en los municipios Uribante, Sucre y San José de Bolívar, el Colegio de Profesores de Venezuela acudió ese jueves a la Defensoría del Pueblo, informó el miembro de la directiva de este colegio en el Táchira, Pedro Guillén.

—Consideramos que esta suspensión de nómina llevada a cabo por la Zona Educativa Táchira es muy conveniente para sacar a docentes porque supuestamente participaron en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, pero no son eficientes para acabar con la nómina paralela que hoy desangra el dinero del Ministerio de Educación.

Guillén aseguró que también solicitaron a la Defensoría generar una mesa de trabajo entre los entes competentes (ministerios del Trabajo y de Educación, Defensoría del Pueblo y los sindicatos que representan a los docentes en la firma de la Convención Colectiva), para que se resuelvan algunas situaciones en el inicio del año escolar 2017-2018, relacionadas además con el sistema de alimentación escolar.

— Las escuelas están recibiendo migajas de comida, en planteles que se encuentran en condiciones deplorables. Llama la atención que donde van los gobernantes, los niños comen bien. Deberían ir a todas las escuelas en los 15 días que quedan de campaña, para que nuestros niños reciban una alimentación adecuada.

Agregó que al Colegio de Profesores le preocupa que algunos niños no hayan formalizado su inscripción en diferentes colegios, por no tener cómo pagar, y que otros no hayan asistido, porque sus padres no tienen cómo comprar los útiles ni los uniformes.
—La situación económica del país es crítica para todos, y se evidencia en el inicio del nuevo año escolar. Por tanto, en este momento exigimos a la Defensoría que se instale la mesa de trabajo de cara a solventar estas irregularidades que perjudican directamente la formación de nuestros niños y niñas -afirmó-. (MC)