Regional
Táchira hará alianza con gobierno santandereano por caso de menores
2 de julio de 2018
El gobierno del estado Táchira intenta establecer comunicación institucional con el del Norte de Santander, en Colombia, para juntos iniciar una indagación exhaustiva que dé con los líderes de las bandas organizadas que se dedican a la comercialización de personas, en este caso, adolescentes.
La mandataria regional, Laidy Gómez, lo planteó por el hecho de que las víctimas de esta red de prostitución no solo son tachirenses, sino que son captadas en diferentes estados de Venezuela, lo que amplía la cantidad de individuos involucrados que usan este territorio como ruta para materializar el crimen.
Llamó a los padres a endurecer sus controles de supervisión para garantizar la seguridad de sus hijos, pese a la crisis social que atraviesa el país. “Los padres tienen que cuidar y vigilar el destino de sus hijos, sobre todo en horario nocturno; sus amistades, sus obsequios y las ofertas engañosas que les hacen, porque esto los conduce a ser víctimas”, expresó la gobernadora.
Modus Operandi
En torno al caso, especificó Laidy Gómez, que las adolescentes son seducidas con ofertas engañosas de remuneración en divisas extranjeras. “Si el trabajo es prominente les pagan en pesos, pero si es eximido, en dólares”, explicó.
Señaló que todo esto ha sido resultado de la crítica situación social que atraviesa el país, por lo que las condiciones fronterizas del estado Táchira plantean el escenario perfecto para delitos relacionados con explotación sexual, pornografía, contrabando, entre otros.
Anunció que tanto Intamujer, como Fundafamilia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, servirán como receptores de denuncia para establecer un canal directo con la Fiscalía del Ministerio Público y los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
—En la mayoría de los casos que hemos logrado impedir, las madres de las jóvenes se comunicaron con nosotros para informarnos que sus hijas fueron engañadas con ofertas de empleo en Colombia (…) la secretaría de Seguridad Ciudadana sometió a las adolescentes a procedimientos administrativos y sus padres debieron viajar desde diferentes estados del país para el Táchira a buscarlas-, comentó la máxima autoridad de la entidad.
Activarse en defensa
de niños y jóvenes
Uno de los principales problemas que notó el Ejecutivo regional involucrado en esta investigación, es que las alcaldías del estado, no cumplen con los procesos de protección de niños y adolescentes, en parte, por el déficit presupuestario.
La gobernadora hizo un llamado a todos los alcaldes, principalmente a los de los municipios Ureña, Bolívar y García de Hevia (fronterizos), para que presenten proyectos por punto de cuenta para fortalecer la prevención de delitos que vulneren de manera tajante la integridad de los niños y adolescentes.
—Es necesario que nuestras alcaldías cuenten con equipos multidisciplinarios que trabajen de manera coordinada en la orientación e inspección de espacios altamente vulnerables para estos crímenes-, puntualizó la mandataria.
Destacó que la principal irregularidad que presentan las alcaldías es que no tienen Consejos de Derechos y Defensorías que velen por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Niños (Lopna) y que trabajen en campañas educativas.
Augusto Medina