Regional
Una reforma tributaria o la carta del Niño Jesús (I)

Ildemaro Pacheco

El sistema tributario de una nación representa la arquitectura financiera que sostiene el Estado y constituye el reflejo fiel de la madurez de su economía. En la Venezuela de 2025 la discusión sobre una reforma tributaria ha pasado de ser un debate técnico a convertirse en una necesidad existencial para el sector privado y una urgencia de liquidez para el sector público. El tributo, es inherente a la actividad económica; no existe intercambio de valor ni generación de riqueza que no deba contribuir, en alguna medida, al mantenimiento de las condiciones estructurales que permiten que dicho intercambio ocurra, en Venezuela incluso esa obligación de coadyuvar con las cargas públicas es de rango constitucional.

En un escenario de escasez real de recursos, se obliga al Ejecutivo a maximizar la presión sobre los contribuyentes existentes, especialmente sobre los denominados Sujetos Pasivos Especiales (SPE), quienes hoy soportan el peso de un sistema. Es por ello que la aspiración de muchos empresarios de ver IVA de un solo dígito o una reducción sustancial en el ISLR se enfrenta a una pared fiscal: el IVA aporta hoy un gran porcentaje de los ingresos ordinarios del país, y cualquier recorte en esta alícuota dejaría un hueco que la renta petrolera, aún en fase de recuperación, tal vez no puede llenar de manera inmediata.

Para entender es imperativo analizar la composición de los ingresos públicos en Venezuela. Para el año 2025, el SENIAT reporta recaudación de 226 millardos 245 millones de Bolívares discriminada como sigue:

La dinámica de los SPE es quizás el punto de mayor fricción. Desde 2018, se ha impuesto un régimen de anticipos que obliga a las empresas a pagar un 0,5% de sus ingresos brutos como adelanto del ISLR. Esta medida, aunque efectiva para garantizar efectivo al Estado en un entorno hiperinflacionario, en la práctica se convierte en un impuesto sobre las ventas y no sobre la renta. En un escenario donde las empresas manufactureras otorgan créditos a sus clientes y enfrentan ciclos de rotación de inventarios lentos, tener que anticipar el impuesto sobre una venta no cobrada estrangula el flujo de caja operativo. Es por ello que la mayoría de las propuestas se centran en ampliar la base de contribuyentes, generar un régimen simplificado para las PYMES, disminuir la alícuota del anticipo del IVA que ahora está en el 75%, eliminar el IGTF y regresar a la declaración de IVA con periodicidad mensual y a la declaración estimada de ISLR sobre la base de la renta del ejercicio inmediato anterior y definir criterios claros sobre quién es realmente un “gran contribuyente”. Claro, estos pedidos no son los únicos.

Equilibrar la realidad tributaria con la operatividad empresarial requiere abandonar el pensamiento mágico. No creo sea realista esperar que se reduzca el IVA al 8% o 9%, argumentando que esto dinamizaría el consumo ya que la administración tributaria actual opera bajo una lógica de “supervivencia fiscal”. La actividad económica venezolana muestra signos de recuperación heterogénea. Mientras el sector petrolero creció un 15,3% en 2025 y se proyecta con especial fuerza para 2026, el sector no petrolero crece a un ritmo más modesto del 4,2%. Esta disparidad significa que las empresas de manufactura, transporte y construcción necesitan incentivos fiscales específicos —como la aceleración de la depreciación de activos o la compensación de pérdidas fiscales— para poder reinvertir sus limitadas utilidades. Nos corresponde estar atentos e ir tomando las mejores decisiones sobre base cierta, pero ir en paralelo revisando cumplimiento, impacto en caja y proyecciones. Este tema continúa, no