Regional
Usuarios y transportistas enfrentados por la tarifa de pasaje a 100 bolívares

La Gaceta Oficial 43.335 establece el cobro de 100 bolívares en el pasaje urbano. Los transportistas en Táchira exigen tarifas en pesos para cubrir costos operativos. Los usuarios denuncian maltratos y cobros excesivos en una economía fronteriza donde el efectivo nacional escasea y el combustible se paga a precio internacional

Bleima Márquez

El transporte público en el estado Táchira atraviesa una nueva etapa de conflicto. La reciente Gaceta Oficial N° 43.335, de fecha 13 de marzo de 2026, estableció el pasaje urbano en 100 bolívares. Sin embargo, en las calles de San Cristóbal y municipios vecinos, la realidad es distinta a la del resto del país.

El transporte público en el estado Táchira vive una desconexión profunda entre las leyes nacionales y la economía de calle. La Gaceta Oficial 43.335, publicada el 19 del mismo mes, fijó el pasaje urbano en 100 bolívares. Sin embargo, en San Cristóbal, este ajuste de 60 a 100 bolívares no representa un incremento real, pues el gremio ya venía cobrando esa cifra, sin que esto solucione su crisis financiera.

Walter Márquez, secretario ejecutivo del Sindicato de Transporte del Táchira, afirma que este aumento no genera beneficios reales.

Según el vocero, el gremio mantiene una tarifa de 2.000 pesos colombianos desde el año 2022. Para los conductores, el bolívar representa una moneda de difícil manejo por su constante devaluación.

Márquez explicó que el nuevo monto no genera expectativas positivas. La razón es matemática: Al cambio, para este jueves, 19 de marzo, era de 5, los 100 bolívares legales equivalen apenas a 500 pesos colombianos. Esta cifra queda muy lejos de los 2 mil pesos que los transportistas mantienen como tarifa base desde el año 2022.

Para el gremio de transportistas, el aumento es insuficiente. Mientras la Gaceta Nacional establece el pasaje en 100 bolívares, la tasa de cambio lo sitúa en apenas 500 pesos colombianos. Esta cifra representa apenas la cuarta parte de los 2 mil pesos que el gremio exige para cubrir sus gastos operativos. Para que un chofer pueda reunir el costo de un repuesto básico, valorado por ejemplo en 100 mil pesos, necesitaría transportar a 200 pasajeros que paguen la tarifa oficial de 100 bolívares, una meta que no siempre se puede lograr en una sola jornada laboral, según explicó el representante gremial.

Márquez destacó que, para los conductores, el bolívar es una moneda de difícil manejo por su constante devaluación. Subrayó que cambiar 10 mil bolívares en el mercado informal es una tarea cuesta arriba. Por esa cantidad de efectivo, los transportistas reciben apenas unos 50 mil pesos colombianos. Este ingreso resulta insuficiente para comprar repuestos o lubricantes, los cuales se facturan exclusivamente en moneda extranjera.

De acuerdo con Márquez, el sindicato ya introdujo una solicitud formal de revisión de tarifas ante la Alcaldía de San Cristóbal, pedimento amparado en la ley, que permite ajustes durante el primer trimestre del año. Mientras tanto, la Mesa Nacional de Combustible discute otros problemas que afectan a este sector como el suministro de gasoil y gasolina.

El representante de los transportistas indicó que el acceso al combustible subsidiado es otro obstáculo para los transportistas del Táchira, porque la insuficiencia de los cupos asignados por el Gobierno no es garantía que todas las unidades que salen a trabajar puedan surtir. Empresas o líneas con cien unidades apenas reciben autorización para equipar a veinte vehículos por jornada. Esta escasez obliga a los conductores a recurrir al mercado de precio internacional para mantener operativas las rutas suburbanas.

El vocero advierte que la estructura de costos colapsa bajo estas condiciones. Los ingresos en bolívares no compensan el gasto de combustible a precio internacional, fijado en medio dólar por litro. Además, el gremio observa con preocupación que cada día hay más usuarios que cancelan sus pasajes en bolívares. Esta situación incrementa el volumen de una moneda que pierde valor antes de ser reinvertida en las unidades.

Márquez señaló que el Órgano Superior del Transporte en el estado, la alcaldía, y el Concejo Municipal de San Cristóbal, evalúan el escenario. Las 36 organizaciones de transporte del área metropolitana esperan respuestas concretas. Mientras tanto, el usuario queda atrapado entre la necesidad de movilidad y la escasez de efectivo en bolívares.

Entre la comprensión y el atropello

Los usuarios del transporte público de San Cristóbal y la zona metropolitana, viven en medio de una incertidumbre diaria. Una encuesta aplicada por Diario La Nación, de manera virtual,revela que el 43 % de los consultados entiende la crisis del transportista. No obstante, muchos denuncian maltratos al momento de cancelar en moneda nacional.

Los pasajeros aseguran que algunos choferes exigen pagos por encima de la ley.

“He pagado 100 bolívares desde que estaba en 60, pero ahora no sabemos cuánto más subirán”, comentó un usuario preocupado. Otros ciudadanos comparan la situación con estados vecinos como Mérida. Allá, según testimonios, los transportistas aceptan bolívares a tasa oficial sin inconvenientes ni reclamos hacia el pasajero.

De acuerdo con las quejas que llegan a la mensajería de Diario La Nación, la situación es más difícil en las rutas suburbanas.

Una madre denunció que su hija recibió malos tratos en la Línea Torbes por pagar 100 bolívares desde el municipio Andrés Bello hasta San Cristóbal, donde estudia.

Según el relato, el chofer exigía 200 bolívares y obligó a la joven a bajar de la unidad en movimiento. Subrayó la madre que estos atropellos generan un clima de hostilidad en las paradas.

En municipios como Capacho Nuevo, los vecinos piden la intervención de las autoridades competentes, al igual que en Zorca San Isidro y Zorca San Joaquín, donde el pasaje suburbano alcanza los 300 bolívares en algunas rutas, lo cual golpea el bolsillo de quienes usan hasta cuatro buses diarios.

Anclar el pasaje al dólar

A nivel nacional, circula información sobre una nueva propuesta del sector transporte. Los integrantes de este gremio aspiran a un pasaje urbano anclado al valor de un dólar para proteger sus ingresos frente a la inflación. Sin embargo, los usuarios exponen que el sueldo de los trabajadores venezolanos no permite costear un incremento de tal magnitud en este momento.

Las 36 organizaciones que operan en el área metropolitana esperan respuestas concretas sobre la actualización de las tarifas urbanas y suburbanas. Mientras tanto, la colectividad exige que las autoridades de vialidad supervisen el cumplimiento de la ley y garanticen un trato digno al pasajero.