En el año 2004, el decreto presidencial de regularización número 2.823 fue una luz en el camino de muchos extranjeros — sobre todo colombianos—, pues les permitió regularizar su permanencia en el país y obtener la naturalización como ciudadanos venezolanos.

Amparados en esta providencia, tuvieron la oportunidad de adquirir bienes o registrar lo que habían obtenido tras años de trabajo; otros estudiaron, recibieron sus títulos, se casaron. Lo de la nacionalización había pasado a ser una lucha ganada. 13 años después, todo cambió.

De manera sorpresiva para muchos de ellos, sus cédulas resultaron «objetadas», sin razón aparente. Y si bien se han dirigido a las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería —Saime— y del CNE, sus intentos por resolver este vacío jurídico han sido en vano.         

Vivir sin identidad

Aunque no se manejan cifras oficiales, se comenta que al menos unas 17 mil personas que viven en el Táchira tienen su documento de identidad limitado por esta circunstancia, lo que les ha impedido efectuar trámites legales y ejercer derechos que contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Tal es el caso de Yulder Antonio Abonia Noriega, quien desde niño llegó a Venezuela, asistió a instituciones educativas, se graduó de licenciado en Educación y lleva más de 25 años ejerciendo como docente, en planteles de Barinas y Táchira.   

«Actualmente, tengo 43 años de edad, de los cuales 27 he ejercido como docente del Ministerio de Educación, y por tener mi cédula objetada no puedo adquirir ni comprar bienes, no puedo participar en elecciones, y algo que en este momento me preocupa es que no podré consignar mis documentos para solicitar la jubilación como docente. Todo este panorama que estoy padeciendo me parece injusto, pues llegué a Venezuela a muy temprana edad; de hecho, acá estudié desde preescolar hasta graduarme en la universidad, y ahora, junto con miles de ciudadanos más, me encuentro en un limbo jurídico, en el que estamos ´sin identidad´».

Abonia se siente venezolano, más allá de un documento, puesto que en estas poblaciones del piedemonte andino creció como ser humano, se casó y, junto con su esposa, ha levantado una familia: tres hijos que lo enraízan, aún más, a este país, pero comenta, con voz queda, que es como si no tuviera nada, por lo menos, desde el punto de vista legal.

En esta orden de ideas, precisa que ha tenido problemas con funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, los cuales, en algunas ocasiones en que lo han detenido en la vía, al percatarse de que presenta esta situación, lo tratan mal, a pesar de que él les relata todo lo que ha hecho con el fin de enmendarlo.      

«Otra cosa que me llena de incertidumbre tiene que ver con la pasividad que muestran los organismos que se supone deben darnos una solución. He visitado oficinas del Saime y del CNE, en San Cristóbal y Caracas, y pareciera que lo que vivimos miles de personas en cuanto a las cédulas objetadas no les importara».

Raúl Márquez