Regional
Walter Márquez denuncia terrorismo judicial y red de extorsión en Táchira

El defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo Internacional, Walter Márquez, denunció este lunes 13 de abril la existencia de una red de corrupción y terrorismo judicial que opera en la frontera colombo-venezolana, especificamente en San Antonio, municipio Bolívar del estado Táchira, con la participación de funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial quienes propician hechos de extorsión y privación ilegítima de la libertad.

Márquez, experto en tenencia y propiedad de la tierra, calificó como grave la situación en San Antonio del Táchira, pues explicó que la juez Segundo de Control, Gladys Camacho de Rosales, y los fiscales Richard Covis Losada (21 Nacional) y Clodobaldo Barajas (Fiscal 25), están extorsionando a ciudadanos con falsos títulos de propiedad de la tierra.

Precisó el defensor de derechos humanos, que el ciudadano Luis Jairo Galvis, propietario de un terreno de 16 hectáreas en el sector El Garrochal, cercano al Aeropuerto Internacional de San Antonio del Táchira, posee la propiedad por prescripción adquisitiva agraria dictada por el Tribunal Quinto Civil y Agrario, desde 1996, hace 30 años; sin embargo, en el año 2012 apareció un título paralelo con información falsa a nombre de Renzo Chacón, quien en complicidad con registradores y notarios utilizó referencias falsas del SENIAT para apoderarse de terrenos que incluyen áreas del aeropuerto Cipriano Castro, que son propiedad del Estado venezolano, así como del barrio El Garrochal.

“Estamos en presencia de un fraude procesal, registral y grave corrupción comprobada”, afirmó Márquez, quien explicó que, ante la negativa de Galvis de ceder a las pretensiones económicas de la red, se dictó una privación de libertad en su contra, y en contra de su mototaxista, Luis David Ríos Mora, lo que constituye una detención ilegítima.

Llamado a la Corte de Apelaciones

Walter Márquez informó que la investigación realizada por la Fundación El Amparo arroja que los documentos utilizados para reclamar la tierra datan de 1854 y carecen de validez frente a la ocupación agraria y civil consolidada de Galvis.

Destacó que el caso se encuentra actualmente en la Corte de Apelaciones de San Cristóbal, por lo que hizo un llamado urgente a los magistrados para que revisen de oficio el expediente y anulen las actuaciones viciadas, ordenen la libertad plena de Luis Jairo Galvis y de Luis David Ríos Mora y soliciten una investigación penal contra la juez, los fiscales, registradores y notarios involucrados en este esquema ilegal que atenta contra la seguridad fronteriza.

El defensor de derechos humanos y diputado jubilado de la Asamblea Nacional venezolana, reiteró su compromiso con la defensa de quienes son víctimas de abusos de poder en el estado Táchira y exhortó a las autoridades superiores a depurar las instituciones de funcionarios que utilizan la justicia como herramienta de persecución y lucro personal.