Al celebrar la repatriación de 252 migrantes venezolanos que se encontraban injustamente encarcelados en El Salvador, el defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, manifestó que esta liberación, lograda a través de un canje diplomático y político representa un alivio inmenso para las familias, pero no exime de responsabilidad al gobierno de Nayib Bukele.
“La encarcelación de estos ciudadanos venezolanos constituyó un grave crimen, equiparable a torturas, tratos inhumanos, y desaparición forzosa, una serie de crímenes tipificados en el Artículo 7.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Aunque se valora positivamente este canje humanitario que puso fin al sufrimiento de los afectados, los daños morales, espirituales y materiales infligidos a estos venezolanos, incluyendo 10 oriundos del estado Táchira, son incalculables. Esta situación generará la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño ante la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo.
Manifestó Márquez que los familiares de los 10 tachirenses, así como del resto de los venezolanos afectados, demandarán reparaciones e indemnizaciones por los daños morales y materiales causados por lo que califican como una encarcelación arbitraria, una deportación, secuestro o desaparición forzosa.