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Reportajes y Especiales
«De La Grita a Caracas damos 40 bolsas de comida en las alcabalas»: el drama de los ferieros
28 de mayo de 2021
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«De La Grita a Caracas damos 40 combos de comida en bolsas para que nos dejen pasar por las alcabalas, que son unas 40 entre las de la Guardia y las móviles de la policía», dice Alejandro*, conductor de un camión que cada lunes sale de La Grita, estado Táchira, lleno de hortalizas, verduras y frutas para venderlos en Caracas, específicamente en una zona residencial ubicada al suroeste de la capital, donde montan un toldo hasta el viernes, cuando regresan a su terruño.
El feriero tachirense cuenta a TalCual que si él y sus acompañantes no entregan una bolsa a los guardias nacionales o a los policías en cada una de las alcabalas, les piden el permiso sanitario, la autorización para la manipulación de alimentos, la prueba de la covid-19 o cualquier otro documento con la intención de retenerlos e impedirles el paso.
Las bolsas pesan entre dos y dos kilos y medio, lo que significa que en un viaje pueden dejar en el camino entre 80 y 100 kilos de comida.
Sin embargo, entregar parte de la mercancía a los funcionarios no agiliza el paso por la alcabala. «Podemos tardarnos hasta tres horas mientras esperamos que revisen a los otros vehículos».
En los dos últimos lunes de mayo (los días 17 y 24 del mes), les tomó casi 25 horas llegar a Caracas. Por una parte por las tres paradas que hacen para recoger mercancía: una en La Tendida, Táchira, donde cargan cítricos; una segunda en Arapuey, Mérida, donde montan plátano, yuca, auyama, parchita y guayaba; y una última parada en El Rodeo, Barquisimeto, Lara, donde recogen tomate, pimentón, melón, piña y patilla. Pero les ha tomado más de un día llegar a la capital sobre todo por los retrasos que generan las paradas en las alcabalas, que se han multiplicado por la cuarentena que ha impuesto el gobierno de Nicolás Maduro desde marzo de 2020 y las restricciones en el tránsito entre municipios, ciudades y estados a raíz de la pandemia.
«Cada alcabala es un peaje no solo para los productores agrícolas sino para todo aquel que no tiene salvoconducto o tiene los papeles de los carros vencidos. Esto prácticamente se ha institucionalizado y con la pandemia se ha agravado. Nunca en mi vida había visto tantas alcabalas como ahora», asegura a este medio Manuel Gómez, director general de Acción Campesina, una organización fundada en 1976 que presta servicios a las instituciones del sector rural y, especialmente, del pequeño productor.
Según reportes de productores agropecuarios y ferieros, prácticamente se ven obligados a dejar en las alcabalas 30% de sus cargas y a veces también dinero en efectivo.
Gómez explica que el matraqueo es consecuencia, en primer lugar, del caos institucional que ha permitido que los funcionarios públicos hagan uso de sus facultades y de su poder para sacar provecho personal en detrimento de los productores y de los ciudadanos en general. Señala que si bien no es una justificación, la gran mayoría de los militares y policías que se encuentran en las alcabalas ganan sueldos muy bajos y prácticamente viven de lo que puedan agarrar en la calle.
«Los funcionarios también buscan supuestos argumentos en leyes que permitan la rapiña, tratan de agarrarse de cualquier argumento supuestamente legal para sacar provecho de los ciudadanos. Te piden un papelito y si no lo tienes, paga. Por ejemplo, a mí recientemente un funcionario me dijo que el certificado médico era ilegal porque le faltaba un mes para vencerse».
Gómez agrega que el matraqueo a lo largo de todas las largas rutas que hacen los ferieros para llegar a los centros poblados lo terminan pagando los consumidores, pues los vendedores de las hortalizas y frutas suben los precios para compensar las pérdidas.
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