Reportajes y Especiales

Después del horror: 59 colombianos de La Yaguara luchan por una reparación (y III)

28 de junio de 2023

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Los 59 colombianos detenidos entre 2016 y 2019 en un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Yaguara, donde estuvieron sin orden judicial y por una orden directa de Nicolás Maduro, piden al gobierno venezolano que respete la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y les dé una indemnización por los años perdidos en prisión. Enfermedades, familias rotas e inestabilidad económica forman parte de su día a día en el vecino país

Tal Cual

El próximo 29 de junio se cumplen cuatro años de la deportación de los 59 colombianos que estuvieron detenidos en el comando de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de La Yaguara, al oeste de Caracas. La expulsión a su país natal no les trajo la estabilidad económica que poseían en Venezuela antes de ser apresados y, en algunos casos, hasta destruyeron el núcleo familiar.

A casi cuatro años desde que fueron deportados, el grupo presiona al Estado venezolano para que cumpla con la decisión del Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, donde además de su excarcelación –que nunca se concretó bajo esta orden–, se exhorta a la administración de Nicolás Maduro a que repare e indemnice de forma efectiva a estas personas por las violaciones a sus derechos. Su caso también está dentro del sistema interamericano.

Ninguno de los 59 colombianos, entre ellos una mujer, que terminaron presos en La Yaguara se conocía antes de estar recluidos en ese comando. La mayoría fueron capturados entre agosto y el 1° de septiembre de 2016, día en que el mandatario Nicolás Maduro anunció que habían capturado a un grupo de 92 paramilitares al oeste de Caracas que supuestamente pretendían desestabilizar su gobierno.

Otros de los colombianos se habían entregado de forma voluntaria al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y algunos fueron retenidos al momento de poner en orden sus papeles de permanencia en el país.

Pero a partir de septiembre de 2016 el relato se unifica: Fueron llevados a una sede de la PNB en Maripérez, donde pasaron casi 20 días en una platabanda bajo sol y lluvia; luego trasladados al estado Táchira para una supuesta deportación, que nunca ocurrió porque el Estado colombiano no aceptó que los entregaran bajo la figura de terroristas, y devueltos finalmente a Caracas y recluidos en La Yaguara, donde salieron -esta vez sí- deportados a Colombia en 2019 tras las gestiones que hizo la entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet.

Esta es la tercera entrega de una serie de reportajes para exponer las historias personales de 13 de los 59 colombianos, que se organizaron junto a otros compañeros para exigir al Estado venezolano que les indemnice por sus detenciones arbitrarias y los tratos crueles que vivieron mientras estaban encerrados en La Yaguara.

Diego Artunduaga, los colombianos de malas

Necesitaban colombianos, algunos tenían sus documentos vigentes, pero nosotros éramos los 92 de malas, ahí no servía nada, no servía abogado porque era una orden presidencial. Sin ton ni son, no teníamos derecho a nada, no hay leyes, nada», afirma Diego Artunduaga vía telefónica.

《Se desempeñaba como comerciante informal cuando lo detuvieron saliendo de la estación del Metro de Petare. Entregó el pasaporte y le pidieron que los acompañara a la estación para verificar. «Las familias fueron las primeras afectadas porque la mayoría conseguíamos el sustento. La situación empieza a prolongarse en el tiempo, no había juicio, no había luz, estábamos retenidos y llegó la orden de deportación», cuenta.

A Diego Artunduaga esto le planteó una contradicción. «Bien por un lado porque íbamos a salir de la situación, pero mal porque dejábamos a las familias atrás. En eso nos llevaron a Táchira».

Ya en La Yaguara tenía la rutina de ser contado dos veces al día y comer una sola. «Al pasar el tiempo la situación familiar de cada uno se fue complicando mucho más. Las condiciones de encierro tampoco eran buenas. En algún momento un compañero pensó en suicidarse y eso nos preocupó porque el estrés que se manejaba era muy brutal».

Diego Artunduaga pudo reencontrarse con su hijo, pero lamenta que la prisión separó las familias de muchos compañeros. Foto cortesía

Después de ser excarcelado, su principal problema fue perder la estabilidad económica que mantenía en Venezuela. «En los parámetros colombianos, después de cierta edad te consideran inútil. También desafortunadamente en Colombia ser informal es supremamente complicado. Entonces eso fue lo que me afectó, porque fue abrupto. Yo perdí mi inversión y al llegar aquí, nos iban a brindar una ayuda, pero eso fue mínimo, no nos sirvió de empuje para ser independientes».

Artunduaga pide al gobierno venezolano que acate la decisión del Grupo de Detenciones Arbitrarias y que los subsane por los daños causados. «Fueron tres años de inactividad económica y pesadumbre. Lo ideal es que aparezcan las personas que nos pusieron en esta situación y rindan cuentas ante la ley. También que reconozcan que sufrimos un daño y nos lo resarzan».

Hellen Hincapie, presa por querer papeles

Hellen Katherine Hincapie no solo fue la única mujer detenida como «paramilitar» por el gobierno de Nicolás Maduro en 2016, también era de las más jóvenes del grupo. La trajeron a Venezuela de pequeña, lo que le retrasó en sus estudios. A los 21 años logró sacar el bachillerato y un año después, solo por querer tener sus papeles en regla, se convirtió en presa política.

En 2016 decidió hacer un viaje a Margarita junto a sus excompañeros de colegio. En el aeropuerto Santiago Mariño se dieron cuenta que era extranjera y le pidieron su pasaporte.

«Yo tenía el pasaporte vencido porque nunca me dieron documentación. Aparte de eso, nunca me dieron mi título de bachiller por no tener cédula. Las personas de migración me llevaron a una sala y me informaron que tenía que presentarme en el Saime de Caracas, porque es donde vivía, para evaluar mi caso. Ellos me dejaron que disfrutara mis vacaciones y cuando regreso me presento en el Saime de Plaza Caracas», cuenta.

Era 26 de agosto de 2016 cuando Hellen fue a exponer su caso. «Yo les explico que había estudiado, sacado mi título de bachiller, que tenía mi mamá, mi familia venezolana. Ellos me dijeron que nada de eso importaba para estar allí y que podía ser deportada a Colombia, pese a que no tenía a nadie aquí».

A Hincapie la dejaron durante ocho días en una sala esperando ser deportada. Una tarde la sacaron junto a un grupo de colombianos y los llevaron a Maripérez, a la platabanda donde estaría otros 15 días más.

A los colombianos de La Yaguara los contaban dos veces al día. En el centro, Hellen Hincapie. Foto cortesía

«Cuando llegué había un montón de gente. Yo me pregunté ¿qué está pasando aquí? Mis familiares preguntan que porqué me habían sacado a ese sitio si a mí me iban a deportar. Les dijeron que no se preocuparan, que era rutina y yo volvía otra vez al Saime. Ahí pasé desde el viernes hasta el lunes. Me agarraron, tomaron las huellas, nombre, me preguntaron qué hacía, con quién vivía».

Ese fin de semana llegó más gente y ante tantas preguntas, los oficiales les confiesan la verdad. «Nos dijeron que en cadena nacional salió el presidente diciendo que habían agarrado a 92 paramilitares y 500 metros de Miraflores, y por ende nosotros tenemos que completar a 92 colombianos. Estuvimos esos 15 días esperando que completaran los 92 colombianos: 92 hombres y dos mujeres».

Al igual que otros compañeros, recuerda que al ser trasladados a la frontera en Táchira el gobierno de Juan Manuel Santos se negó a dejarlos ingresar a territorio colombiano bajo la figura de paramilitares.

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«Ya en el comando en San Cristóbal un día nos dijeron que nos iban a dar documentación a los que quisiéramos y los que no se regresaban a su país. A mí me pareció chévere porque podía tener cédula, mi título de bachiller y seguir estudiando. A otros les pareció bien. Nos trasladaron de nuevo a Caracas y nos tenía esperando. Así esperando y esperando se hicieron los tres años», afirma.

En 2018 se hicieron las primeras audiencias del caso, donde les imputaron delitos de terrorismo y porte de armas «solo porque el presidente se inventó eso». Colombia envió al menos 40 notas oficiales exigiendo la liberación del grupo, que solo se concretó tras la visita de Bachelet un año después.

En su caso, su madre tuvo que dirigirse a la Defensoría del Pueblo, porque fue agredida, robada y golpeada por los custodios durante un intento de motín. Nunca recibió respuesta. Nunca tuvo privacidad porque dormía en un espacio de policías.

Hellen Hincapie no pudo estudiar una carrera en Venezuela. En Colombia tampoco ha logrado su sueño, pues debe trabajar para mantenerse

Ahora Hellen Hincapie –que es hija única– vive en Bogotá, separada de su mamá que continúa en Caracas. La recibió una tía que se trasladó a ese país. En Colombia inició tratamiento para los problemas de hemorroides que desarrolló por la comida y no poder tener un baño decente disponible. Tuvo que validar el bachillerato para poder conseguir empleo, pero no ha logrado iniciar una carrera universitaria, el sueño que quería lograr en Venezuela.

«Allá veía a mi mamá constantemente y ahora no. Me tocó rehacer mi vida, salir adelante como puedo porque aquí en Colombia las cosas son bastante difíciles (…) ¿Tú sabes lo que es estar encerrado tres años solo porque el Gobierno quiso? ¿Sin haber hecho nada? Muchos dejaron de ver a sus hijos crecer, dejaron a sus esposas. Yo de mi parte tres años perdidos, sin poder estudiar nada, una tranca total», se lamenta.

Hellen insiste en que el gobierno venezolano reconozca la detención arbitraria de los 59 colombianos. «Que reconozcan que nos detuvieron por un capricho. Me parece tan mal que un ente que debe velar por los derechos de extranjeros se preste para eso, a otros los detuvieron en la calle pero a mí me sacaron directo del Saime y me llevaron para allá».

Luis Espitia: «casi me volví loco en la cárcel»

Luis Espitia había migrado desde Maracaibo hasta Caracas para poder tener una mejor calidad de vida. Trabajaba en Catia vendiendo pinchos, lo que le permitía enviar dinero semanal para mantener a su esposa y sus tres hijos.

A finales de agosto -no recuerda la fecha exacta- fue detenido junto a un grupo de cinco vendedores informales por la PNB en el boulevard. «Fueron juntando, juntando personas, hasta que consiguieron más de 100 personas entre colombianos, ecuatorianos y venezolanos. Pero después hicieron una purga hasta que quedamos 92 personas».

De La Yaguara, Espitia recuerda los malos tratos, los abusos verbales y la comida que llegaba cada 24 horas. Tampoco tenía visitas porque no contaba con algún familiar cercano o una pareja que lo asistiera.

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«Nos metían en calabozos tres horas si hacíamos algo. Eso era horrible (…) Nosotros pidiendo auxilio, ayuda, pero nadie nos escuchó. A partir del año en adelante nos decían que éramos intocables, pero nosotros sufrimos lo que no se imagina», dice desde el departamento de Córdoba.

Menciona en particular a un comisionado de apellido Briceño, «que nos tenía engañados, nos decía que íbamos a salir pero nada. Nos prometía papeles y nada».

Al ser el sustento de su familia y no estar presente, su esposa decidió cruzar a Maicao «prácticamente a sufrir. Yo los encontré allá apenas salí, pero estaban muy mal. Mis hijos dejaron de estudiar, pasaron hambre. Yo estaba que me volvía loco en esa cárcel. Primera vez que me pasaba eso e injustamente, porque si uno comete un delito, puede ser, pero todos estábamos presos injustamente. A veces me pregunto, ¿qué estará pasando? Lo que nos hicieron era para que nos indemnizaran desde hace rato».

Luis también lamenta todo lo que hicieron pasar a las familias y lo sucedido con algunos compañeros. Rememora que uno de sus compañeros sufrió un infarto apenas lo montaron en el avión de Conviasa donde los deportaron. Otro falleció a los dos días de excarcelado por una infección que le produjo una cucaracha en el oído.

«Muchos no volvieron a ver a sus mujeres, se le murió de un infarto a uno. Esos tres años que perdimos fueron una cosa muy pésima, muy maluca y ya era para que nos hubiesen indemnizado», asegura.

Luis Suárez, 13 años sin pisar Colombia

Luis estaba haciendo una cola el 1° de septiembre pasadas las 5:00 p.m. para agarrar transporte público, tras salir de su jornada en una fábrica de embutidos, cuando lo abordaron varios efectivos de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada, uno de los brazos de la PNB.

«Me dijeron que mostrara la cédula y yo les mostré mi pasaporte, eso era lo que tenía en el momento. Me dijeron que era una rutina de Saime, para censar a los colombianos. Eso fue lo que me dijeron. Me llevaron a Maripérez y allá me enteré lo que Maduro había dicho», señala Suárez desde Bogotá.

Cumplimos tres años presos solo por ser colombianos, lamenta. «Nunca me había pasado eso (…) Ahorita sufro de la vista y no puedo caminar largas distancias porque me molestan las piernas, se me acalambran. Allá no tenía espacio para caminar, ni para salir, solo vernos las caras. Como muchos compañeros estamos padeciendo».

Luis Suárez aboga por la indemnización en favor de sus compañeros que están enfermos o en trabajos precarios. Foto cortesía

Tenía más de 13 años sin pisar Colombia cuando fue deportado. «Yo me sentía bien allá, tenía mi trabajo, estaba mi hija (…) Cuando llegué, quien me salvó fue mi hermana porque yo pasé prácticamente toda mi vida viviendo en Venezuela».

A diferencia de otros compañeros, sí ha podido conseguir un trabajo estable que le permita mantenerse. «Otros compañeros sí lo están pasando peor. A nosotros Colombia no nos dio nada, al principio solo una pequeña ayuda, pero después se olvidaron de uno. Al principio solo dieron una ayuda de un mercado y unas cositas, pasaron los meses y se olvidaron de uno. Nunca se acordaron lo que pasamos».

Le pide a Maduro «que se ponga la mano en el corazón, porque fue el que prácticamente nos destruyó la vida, que nos den lo que perdimos en Venezuela. Nuestros familiares, todo lo que perdimos. Muchos tenían casa y la perdieron. Yo perdí todo, mi familia, mi hija que tengo tiempo que no la veo por todo lo que pasó».

Deivis Crespo: Yo escuché al presidente

«Yo vivía en Nuevo Horizonte, en Catia. A mí me sacaron de mi casa, eso fue un 26 de agosto de 2016, nunca se me olvida esa fecha. A mí me sacaron teniendo yo a uno de mis niños en brazos, tenía apenas cuatro meses de nacido cuando me sacaron de mi casa por documentos», cuenta Deivis Crespo.

A diferencia del resto del grupo, a Crespo lo llevaron a la sede de la PNB en La Quebradita. «Yo duré ocho noches allá, pasando hambre, frío y necesidades. La única persona que tenía era mi esposa y ella se fue por el problema. Perdí mi casa, perdí mi empleo, perdí todo».

Fue presentado en tribunales y varios policías abogaron por su liberación. La jueza decretó su libertad con medidas cautelares para que tramitara sus documentos, pero una comisión de la PNB del centro de comando de La Yaguara lo trasladó a ese lugar.

Pasaron otras ocho noches y lo trasladaron al Saime, donde le dijeron que debía alistarse junto a otro grupo de colombianos porque iba a ser deportado. Pero lo llevaron a Maripérez.

«Cuando estaba en la Quebradita yo escuché a Nicolás Maduro cuando dijo el primero de septiembre que habían capturado a 92 paramilitares», dice Crespo.

– Colombia, ojalá a ese loco no se le dé por meterse en ese chicharrón, le comentó un custodio.

-¿Por qué?, si a me capturaron ustedes en mi casa. No me agarraron en campamento.

-Tú sabes que ese loco es así, cuando se le meten esas locuras no hay nadie que lo frene, le replicó el policía.

-Bueno, allá él con sus temas

Crespo agradece las oraciones de las madres del grupo, pues asegura que los iban a trasladar de Maripérez a Ciudad Bolívar para sembrarlos de armas y desaparecerlos. Pero reclamaron y los trasladaron a Táchira.

En La Yaguara la situación no fue mejor para Deivis. Desarrolló un absceso interno que obligó a que lo sacaran de emergencia, pues estaba desarrollando gangrena. «Hubo compañeros que se enfermaron, esposas de compañeros que se murieron».

Deivis Crespo pide al presidente Gustavo Petro que los ayude, por vía diplomática, con las gestiones de su indemización. Foto cortesía

Deivis Crespo asegura que funcionarios consulares colombianos se robaron recursos que estaban destinados para ellos, pero agradece a personas como Juan Carlos Pérez, Germán Castañeda y el abogado Sergio Aranguren, que llevó el caso.

«Ya que el gobierno de Petro y Maduro son aliados, que nos ayuden. Como dijo nuestro abogado, no éramos objetos o animales que estuvieron en ese comando (…) Unos funcionarios nos trataban mal por xenofobia, pero algunos se portaron bien con nosotros, nos ayudaron, nos daba mejor comida, nos sacaban a jugar futbol», cuenta.

De su estancia en Colombia también agradece la ayuda que le brindaron funcionarios particulares, incluso de Cruz Roja, que le conseguían algún mercado, ayuda financiera o le permitieron arreglar la casa de su mamá, que estaba en riesgo de derrumbe. «Ni el gobierno de Duque ni de Santos nos ayudaron. Duque nos dijo que nos iban a repatriar, pero fue falso