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Después del horror: 59 colombianos excarcelados de La Yaguara luchan por reparación (II)
21 de junio de 2023
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Los 59 colombianos detenidos entre 2016 y 2019 en un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Yaguara, donde estuvieron sin orden judicial ni cargos y por una orden directa de Nicolás Maduro, piden al gobierno venezolano que respete la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y les dé una indemnización por los años perdidos en prisión. Enfermedades, familias rotas e inestabilidad económica forman parte de su día a día en el vecino país
El próximo 29 de junio se cumplen cuatro años de la deportación de los 59 colombianos que estuvieron detenidos en el comando de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de La Yaguara, al oeste de Caracas. La expulsión a su país natal no les trajo la estabilidad económica que poseían en Venezuela antes de ser apresados y, en algunos casos, hasta destruyeron el núcleo familiar.
A casi cuatro años desde que fueron deportados, el grupo presiona al Estado venezolano para que cumpla con la decisión del Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, donde además de su excarcelación –que nunca se concretó bajo esta orden–, se exhorta a la administración de Nicolás Maduro a que repare e indemnice de forma efectiva a estas personas por las violaciones a sus derechos.
Ninguno de los 59 colombianos, entre ellos una mujer, que terminaron presos en La Yaguara se conocía antes de estar recluidos en ese comando. La mayoría fueron capturados entre agosto y el 1° de septiembre de 2016, día en que el mandatario Nicolás Maduro anunció que habían capturado a un grupo de 92 paramilitares al oeste de Caracas que supuestamente pretendían desestabilizar su gobierno.
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Otros de los colombianos se habían entregado de forma voluntaria al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y algunos fueron retenidos al momento de poner en orden sus papeles de permanencia en el país.
Pero a partir de septiembre de 2016 el relato se unifica: Fueron llevados a una sede de la PNB en Maripérez, donde pasaron casi 20 días en una platabanda bajo sol y lluvia; luego trasladados al estado Táchira para una supuesta deportación, que nunca ocurrió porque el Estado colombiano no aceptó que los entregaran bajo la figura de terroristas, y devueltos finalmente a Caracas y recluidos en La Yaguara, donde salieron –esta vez sí– deportados a Colombia en 2019 tras las gestiones que hizo la entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet.
Esta es la segunda entrega de una serie de reportajes para exponer las historias personales de 13 de los 59 colombianos, que se organizaron junto a otros compañeros para exigir al Estado venezolano que les indemnice por sus detenciones arbitrarias y los tratos crueles que vivieron mientras estaban encerrados en La Yaguara.
Luis Pérez Díaz: «Perdí la tranquilidad y la paz»
«Me provoca vender lo poquito que tengo y agarrar mi camino e irme. Yo tengo mi casa allá sola y digo que para pasar trabajo aquí, prefiero pasar trabajo en Venezuela», dice Luis Alberto Pérez Díaz cuando se le pregunta cómo va su vida en Colombia luego de ser deportado.
Luis Alberto laboraba como vendedor informal en Petare y tenía 20 años sin pisar Colombia cuando lo detuvieron. Compraba mercancía en otros mercados como El Cementerio o La Hoyada para revender en su zona. En su puesto lo detuvieron los policías de la DCDO el 1° de septiembre de 2016 porque no tenía la cédula encima al momento en que lo abordaron.
Fue a parar a Maripérez donde lo tuvieron varias horas sin explicarle su destino. Pasadas las 9:00 p.m. se acercó a uno de los jefes y le preguntó qué pasaba.
«Mi hermano, voy a hablarte claro, yo lo siento por ustedes y me da pena decirlo. Yo estoy cumpliendo una misión, yo tengo que reclutar 92 colombianos. Para que estén claros y no estén molestando. Son órdenes de Presidencia. No sé qué está pasando pero mandaron a reclutar 92 colombianos«, fue la respuesta que le dieron.
El paso por San Cristóbal lo describe como «horrible», pero «después vino el calvario» de los tres años detenidos en La Yaguara. «Esas eran condiciones bastante infrahumanas. Nos daban comida descompuesta. Una vez atentaron contra nosotros, partieron unas lámparas de esas redondas y la metieron en el arroz. Gracias a Dios nadie se lo comió porque un compañero se dio cuenta».
Rememora un episodio especial: La visita del ministro Néstor Reverol a La Yaguara cuando estaba al frente de la cartera de Interior, Justicia y Paz.
«Él nos visitó un día y nos dijo: ‘Muchachos, son órdenes directas de Presidencia. A mí me da dolor con ustedes porque esto es inhumano, pero yo tengo que cumplir órdenes, entiéndanlo’. Él nos dijo esas palabras, no las dijo en nuestra cara. Yo lo que pensé después de eso fue ‘Dios mío, ¿cómo puede haber gente con tanta maldad? Yo solo pensaba en mi hija que apenas tenía dos añitos».
Pérez quedó padeciendo problemas de colón y de sueño debido a la estancia en prisión. Actualmente está tramitando exámenes de laboratorio porque incluso requiere una operación.
«Yo allá perdí la razón, la tranquilidad y la paz porque una persona dice ‘es lo que yo quiero’ (…) Mi vida acá no es la misma. Acá es difícil conseguir trabajo y yo soy discapacitado de la vista, tuve un accidente hace años y perdí un ojo, lo que hace más difícil que me den trabajo. Me toca sobrevivir como pueda».
Luis Alberto le agradece a Dios por poder superar el día a día, aunque a veces no tenga qué comer o le echen del lugar donde vive porque no tienen para pagar completo el arriendo. También agradece al Foro Penal, al abogado Sergio Aranguren y a la expresidenta chilena Michelle Bachelet por lograr la liberación de todo el grupo de colombianos.
«Infinitas cosas, pero nosotros pedimos que el Gobierno de Venezuela sea coherente con lo que hizo. Eso fue un error, mal planificado. Se murieron compañeros, se murió la esposa de un compañero de un infarto en una audiencia estando embarazada. Ellos tienen que pagar. No reclamo tanto el dinero, porque eso va y viene, pero sí pido justicia», reitera.
Israel Cáceres: No debíamos nada
A Israel Cáceres lo detuvieron como a muchos: después de una jornada de trabajo. En 23 años de estancia en Venezuela logró comprar, junto a un amigo, una parcela en Guatire donde sembraba para comer y vender, hasta que lo detuvieron por tener su documento vencido.
«Nos tuvieron poco más de tres años y allá perdimos todo. Ya estamos aquí en Colombia, es la tierra de nosotros, pero salimos enfermos. Yo salí enfermo por esos tres años donde apenas salimos a tomar sol. Aquí lucho para sobrevivir», dice Cáceres vía telefónica.
Tiene una hernia que debe operarse, además de piedras en la vesícula y un cálculo en el hígado, todos diagnosticados tras retornar a su país. Su familia también se fracturó en el camino. Su esposa luchó hasta que fue deportado, pero se negó a trasladarse con su hijo a Colombia «porque ella es venezolana y me dijo que no iba a ser fácil. Entonces se quedó allá con mi único hijo».
Al igual que otros compañeros solo vive del día, ya que por edad y su condición de salud no ha logrado conseguir un trabajo estable que le reporte mejores ingresos. «Con nosotros no hubo pruebas de nada de lo que nos estaban acusando. No debíamos nada, éramos inocentes, nos expulsaron, perdimos todo y por eso pedimos que nos indemnicen para poder lograr algo».
Cáceres también le pide al Gobierno de Gustavo Petro que les brinde apoyo en su reclamo. «Nosotros estamos haciendo esfuerzos pero también necesitamos que él nos ayude».
Enoc Montemiranda, empezar de cero
A Enoc Montemiranda lo detuvieron cuando estaba haciendo unas diligencias en la avenida Fuerzas Armadas, en el centro de Caracas. Le dijeron que era un procedimiento de rutina y lo trasladaron a Maripérez ese 30 de agosto porque no tenía su cédula.
«Nos dieron palo, estuvimos en agua, sol y frío (…) En San Cristóbal nos dijeron que se habían equivocado, que nos iban a dar los papeles, pero así nos regresaron a Caracas y nos dijeron lo mismo, que nos iban a dar los papeles», cuenta Montemiranda, quien sufrió una úlcera grado II que lo dejó pesando 32 kilos.
Recuerda que una juez les otorgó libertad plena pero el gobierno venezolano hizo caso omiso a la sentencia, al igual que la negativa de atender la decisión del Grupo de Detenciones Arbitrarias. Su ayuda fue Michelle Bachelet y la insistencia de los familiares de sus compañeros.
«Empezar de nuevo tras una crisis, luego entró la pandemia, es difícil. Estamos poco a poco, algunos enfermos (…) Perdimos todo y empezar de cero, a pesar de que este es nuestro país pero no vivíamos acá, es difícil. Es un país que es tuyo pero no tienes vida laboral, es difícil empezar, algunos compañeros no han podido empezar, otros haciendo maromas», expresa Montemiranda, oriundo de Barranquilla.
Aclara que «no es por plata» que va a olvidar su detención arbitraria, «pero es justo que nos paguen esa indemnización (…) Uno es una persona de bien, que nunca había pisado un sitio de esos, eso deja secuelas».
También señala que el dinero no va a poder recuperar el tiempo que no estuvo junto a su familia. «Ellos también sufrieron. Fue un dictamen que se dio de pagar la indemnización que no se ha hecho. Al gobierno de Petro también le decimos que nos ayude a que el presidente venezolano cumpla con esa reparación».
Yair Tapia Váldez: no queremos una simple ayuda
«Vivía bien, gracias a Dios», dice Yair Tapia Valdéz cuando rememora su vida en Venezuela. Era trabajador en el sector construcción, pero un día decidió entregarse al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en la oficina de Plaza Caracas, al centro de la ciudad, para ser deportado pues no tenía documentos que avalaran su presencia en Venezuela de manera regular.
«Creo que fui el único que se entregó por voluntad propia. Yo duré casi un mes allá, pero un día me sacaron junto a otros ocho colombianos que estaban allá. No nos deportaron, sino que nos llevaron a Maripérez. Cuando llegamos allá había un montón de colombianos, igual pensamos que nos iban a deportar pero no fue así», explica Tapia.
En prisión sufrió de escabiosis, debido a las condiciones insalubres de detención. Tampoco dormía bien y desarrolló hipertensión. «Perdimos todo. Ahora que estoy acá en Colombia no estoy del todo bien. Yo tenía todo allá y por lo menos a mí me tocó empezar de cero. Yo estoy trabajando en una barbería, sí, pero no es que me vaya bien. A veces solo me llevó 10 mil pesos para la casa», cuenta.
Nosotros merecemos algo por tanto tiempo que estuvimos presos ahí, asegura Tapia. «No queremos una simple ayuda, porque de pronto una ayuda la da cualquiera, qué hacemos con un mercado o algo así. Que nos indemnicen, por eso es que estamos luchando, que nos indemnicen por los tres años y dos meses que pasamos detenidos allá sin haber hecho algo. Nosotros somos inocentes».
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