Por Luisa Salomón y Salvador Benasayag

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La equidad de acceso a las vacunas de covid-19 fue uno de los principios recomendados por la OMS para distribuir las inmunizaciones durante la pandemia, la emergencia sanitaria global más importante de los últimos años. Para explorar la respuesta de las autoridades venezolanas, Prodavinci analizó la lista de centros de vacunación contra covid-19 del Ministerio de Salud y las cadenas de farmacias privadas incorporadas al proceso.

Encontramos que sólo 436 de las 1140 parroquias del país tuvieron centros de vacunación asignados. Estas parroquias cubren el 25,19% del territorio nacional. En las 704 parroquias sin centros vive la tercera parte de la población, mientras que 839.733 personas no tuvieron centros de vacunación ni en su parroquia ni en su municipio, lo cual dificultó el acceso y exigió traslados más largos para recibir las vacunas.

Amazonas, Vargas y Trujillo fueron los tres estados con más población residente en parroquias sin centros. Pese a ser el quinto estado más poblado del país, y tener el principal puerto de Venezuela, 61% de la población de Vargas vive en parroquias que no tuvieron centros. Por su parte, en Cojedes, Lara y Guárico, 9 de cada 10 personas viven en parroquias con centros de vacunación.

En Bolívar y Amazonas, las parroquias con centros de vacunación cubren 3% y 1% del territorio, respectivamente. En esta última entidad, que tiene zonas rurales y poblaciones indígenas, sólo hubo tres centros de vacunación: todos en un mismo municipio y en la misma parroquia que concentra la cuarta parte de la población del estado. 77% de sus habitantes debieron trasladarse para obtener las vacunas.

La distribución desigual afectó, además, a parroquias particularmente vulnerables a covid-19. Anova Policy Research calculó para Prodavinci cuán desigual fue la distribución: el Estado asignó 43% más centros por habitantes vulnerables a los 30 municipios más ricos del país en comparación con los 30 más pobres, tomando en cuenta la medición de pobreza multidimensional de la Investigación Muestral de Hogares Venezolanos (IMHV) a la que Anova tiene acceso.

A dos años del proceso, Venezuela todavía no reveló un plan público del mismo, ni evaluaciones sobre su efectividad ni rendición de cuentas sobre las vacunas ni actualizaciones o planes para procura de dosis en el futuro. Tampoco se sabe cuántas personas culminaron el proceso de vacunación con sus refuerzos. Sin estos indicadores, es incierta la protección de la población y el futuro de la vacunación en el país, cuando ya se conocen mejor los riesgos y consecuencias del covid prolongado.

Este es un trabajo de Luisa Salomón y Salvador Benasayag, publicado en Prodavinci, en el marco del especial La fábula de la salud pública en Venezuela, realizado con apoyo del Pulitzer Center.

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