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Reportajes y Especiales
Hoy se cumplen 29 años de El Caracazo: «El día que bajaron los cerros»
27 de febrero de 2018
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Este martes se cumplen 29 años de «El Caracazo», serie de fuertes protestas y disturbios en el país durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que inició el 27 de febrero y terminó a principios de marzo del año 1989 en la ciudad de Caracas.
Fue un día que quedó en la historia de Venezuela, el día en que el pueblo de uno de los países más ricos del mundo, la quinta reserva mundial de petróleo, habló con voz fuerte contra un sistema que lo había sumido en la pobreza.
Para los venezolanos «El Caracazo» fue el día en que el pueblo «bajó de los cerros», como se le conoce a los barrios más humildes de la capital. El 27 y 28 de febrero de 1989 se desató una ola de saqueos en el país, principalmente de supermercados, carnicerías, negocios de artículos electrónicos y línea blanca. Una Venezuela cuyo 62 % de la población estaba sumida en pobreza.
Aunque siempre se habla de «El Caracazo», en realidad las protestas iniciaron en Guarenas, estado Miranda, ubicada a unos 15 kilómetros al este de la capital Caracas. Pero éstas se extendieron a las principales ciudades del país.
El aumento del pasaje de transporte público fue la chispa que disparó la revuelta popular, pues los transportistas pretendían subir los precios un 50%, pese a que sólo estaba permitido un incremento no mayor al 30 por ciento, lo que ya de por sí era un golpe fuerte para el bolsillo del venezolano. Además, se eliminaba el beneficio del medio pasaje estudiantil.
Otro factor que desató la revuelta popular fue el acaparamiento y la especulación con los productos de primera necesidad, lo que causó desabastecimiento e inflación. Por ello, luego de la reacción inicial contra los transportistas, la acción se amplió hacia los supermercados y pequeños abastos, en cuyos depósitos los venezolanos encontraron muchos de los productos que se encontraban en escasez, como leche, azúcar, café, harina, aceite, sardinas, entre otros.
A finales de los ochenta, Venezuela se veía en una apretada situación económica originándose en el elevado endeudamiento externo contraído entre 1975 y 1978, la deuda externa aumentó de 6 mil millones de dólares a 31 mil millones y el precio petrolero bajó debido a los precios internacionales del petróleo a partir de 1983. El elevado endeudamiento externo y la caída de los precios del petróleo colapsaron las finanzas del Estado.
Esto causó una devaluación de la moneda en 1983. A partir de entonces las políticas económicas de los gobiernos de Luís Herrera Campíns y Jaime Lusinchi no fueron capaces de frenar las espirales inflacionarias, generando desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional. Se implementaron políticas que trataran de controlar la situación como controles de cambio y control de precios pero esto llevó a corrupción y mercados negros.
Esto llevó al gobierno de Carlos Andrés Pérez a implementar un conjunto de medidas económicas que se creía que podrían cambiar la economía venezolana al momento. Este “Paquete Económico” fue promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Algunas de las medidas fueron: Implementar un programa con el fin de obtener aproximadamente 4500 millones de dólares en los 3 años siguientes, la liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%, eliminación de la tasa de cambio preferencial, liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica, incremento gradual de las tarifas de servicios públicos, aumento en el precio de la gasolina, entre otras.
Dado el carácter simultáneo, masivo, sorpresivo y violento de los acontecimientos del 27 de febrero, las fuerzas policiales regulares se vieron superadas por los mismos, dando la impresión de no saber como actuar ante un fenómeno de violencia social de tal magnitud.
En virtud del desbordamiento de la situación, hacia el mediodía del día 28 el presidente Pérez, reunido con el Consejo de Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios. Igualmente decretó el estado de emergencia, previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con lo que quedaron suspendidas un grupo de garantías constitucionales durante los 10 días siguientes.
Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público y se estableció un toque de queda a lo largo del territorio nacional. Pasados los 10 días, el presidente Pérez solicitó la autorización del Congreso para mantener el estado de emergencia, la cual fue concedida aun cuando se restituyeron algunas garantías y se suprimió el toque de queda. Como consecuencia de los actos de saqueo que siguieron durante la suspensión de las garantías y la paralización del país, se produjeron enormes pérdidas para los dueños de los locales comerciales y de los transportes urbanos.
El balance de perdidas humanas dejado por los hechos del 27 de febrero de 1989 fue según cifras oficiales de 300 muertos y más de un millar de heridos. Sin embargo, de acuerdo con algunos reportes extraoficiales el número de muertos llegó al millar. La mayor porción de las víctimas de este estallido resultó a consecuencia de la intervención de la Guardia Nacional y del Ejército en el control del orden público, lo que sería repudiado y serviría de justificación para los militares que se alzaron el 4 de febrero de 1992.
Vía Globovisión.
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