La falta de credibilidad en el proceso electoral de este domingo 20 de mayo por parte de la comunidad internacional ha generado que diversos organismos internacionales rechazaran la convocatoria por considerar ilegítimos los comicios, debido a que fueron convocadas por la asamblea nacional constituyente y por considerar que el Consejo Nacional Electoral no cumple con las condiciones exigidas.

Los países miembros a la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima y la Unión Europea se han mantenido firmes en su desconocimiento de los comicios presidenciales. En reiteradas ocasiones exigieron al gobierno venezolano la suspensión inmediata del proceso.

Con una posición de rechazo firme de la comunidad internacional, el mandato de Nicolás Maduro se encuentra sumergido en un escenario sin retorno en el ámbito mundial. Maduro podría llevar a Venezuela a un mayor aislamiento luego de sean conocidos los resultados de las elecciones, publicó El Nacional.

Mariano De Alba, abogado especialista en Derecho Internacional, explicó que el panorama internacional para el país, luego del 20 de mayo, será difícil debido a que las críticas sobre la situación de la nación seguirán aumentando.

“Una vez se haya consolidado este evento electoral, muchos países, incluyendo a algunos de América Latina, tomarán la decisión de adoptar más sanciones. Eso seguirá generando menor capacidad de gobernar, por lo tanto aumentarán las probabilidades de un quiebre dentro de la alianza de gobierno”, explicó De Alba.

A juicio del abogado las naciones no van a eliminar las misiones diplomáticas en el país. Sin embargo, podrían tomar alguna posición para reiterarle a Maduro que lo que está sucediendo no es aceptable para la comunidad internacional.

La internacionalista Andrea Fridegotto apuntó que la comunidad internacional espera el escenario en el cual se encontrará el país el día después de las elecciones para tomar medidas contra el gobierno venezolano.

“Estas son las elecciones más atípicas que ha tenido la historia electoral de Venezuela”, expresó la experta.

Sanciones encaminadas

El gobierno de Estados Unidos considera a Venezuela, desde marzo de 2015, “una amenaza a la seguridad nacional”. Aplicó medidas en contra de 60 funcionarios y ex funcionarios venezolanos acusados de corrupción y narcotráfico. El presidente Donald Trump también prohibió a entidades estadounidenses negociar deuda del Estado venezolano o de Pdvsa y comerciar con el petro.

El gobierno de Canadá sancionó a 52 venezolanos, entre ellos 19 altos funcionarios del gobierno, a quienes se les congelaron los activos en el país y se les impidió el desplazamiento hacia Canadá.

Panamá se unió a las medidas emitiendo una advertencia para limitar operaciones económicas y financieras con personas – naturales y jurídicas – provenientes de Venezuela. Los funcionarios incluidos en el listado son considerados individuos de alto riesgo por el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo y armas.

La Unión Europea (UE) adoptó medidas en contra de los responsables de la represión y de la actual situación política que atraviesa el país. En noviembre de 2017 aplicaron un embargo de armas y de material que podría usarse para la represión interna.

“Las sanciones que se les imponen a los funcionarios son necesarias seguirlas aumentando, incluso a sus familiares y asociados, esto para hacerles ver que la conducta irregular que presentan tiene consecuencias concretas”, señaló De Alba.

El abogado explicó que el tema de las sanciones económicas es delicado. Sin embargo, aseguró que los países tendrán que decidir si se debe llegar a ese extremo.

“Si se hace algo directamente con el petróleo se afectará la economía del país porque ingresará menos dinero (…) estas sanciones se sentirán en la sociedad, pero también está claro que el dinero está siendo usado para cometer actos de corrupción”, dijo el especialista.

Elsa Cardozo, internacionalista y doctora en ciencias políticas, aseguró que las sanciones en contra de personas cercanas al círculo del presidente de la República no cederán.

Señaló que se debe pensar es hasta dónde puede la comunidad internacional seguir presionando con ellas.

“El país está en una situación ruidosa. Pdvsa produce cada vez menos, con deudas que no ha pagado, con dificultades para exportar y para hacer contrataciones porque no tiene respaldo económico”, comentó Cardozo.

¿Suspensión en la OEA?

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, pidió el 7 de mayo a los países miembros de la OEA la suspensión de Venezuela. Apuntó que las naciones que integran la organización deben “cumplir con su viejo compromiso con la democracia y la libertad”.

Fridegotto explicó que, a su juicio, la solicitud de Pence ante la OEA es para demostrar que el gobierno estadounidense es el que aplica la democracia en el continente y en el mundo.

“Desde mi perspectiva la intención es perpetuar el ideal estadounidense de querer implantar o querer ser el que aplica la democracia en la región y en el mundo. Con esto no estoy queriendo justificar al gobierno de EE UU y mucho menos al de Venezuela”, sostuvo la experta.

Cardozo indicó que no había diferencia si llegan a suspender al gobierno venezolano de la organización, debido a que en abril de 2017 el Estado inició su proceso de retiro.

“Sería mejor que se diera el retiro de la delegación venezolana para que las sesiones del organismo fluyeran con más tranquilidad (…) esa decisión tendría un efecto simbólico en la comunidad internacional”, expresó la también docente a El Nacional Web.

En abril de 2017 Delcy Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores en ese momento, informó que el país iniciaría el proceso para retirarse de la OEA por instrucciones de Maduro.

“Solicitar la suspensión tiene un efecto de demostrar los principios del entidad internacional, debido a que el organismo no acepta en su seno a países que no tiene regímenes democráticos”, explicó la doctora en ciencias políticas.

Después del 20M

Luego de que el Consejo Nacional Electoral dé los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo, las reacciones de desaprobación por parte de la comunidad internacional se incrementarán.

Los países que han rechazado la convocatoria de la asamblea nacional constituyente reiteraron que no aceptarán cualquier resultado que salga de los comicios por la falta de credibilidad en el proceso.

“Las diversas organizaciones internacionales deben tomar medidas concretas en el punto de vista de sanciones pero también en el punto de vista diplomático. Deben demostrar que la situación en de este evento electoral es inaceptable”, reiteró De Alba.

El abogado explicó que al mismo tiempo que se tomen las medidas sancionatorias se deben buscar conexiones con personas que forman parte del círculo del gobierno para buscar una salida a la crisis.

“También se necesita una buena organización por parte de los venezolanos dentro del país, la cual no la estamos viendo, para convencer a la mayoría de la población de que efectivamente el proceso en Venezuela es rechazado por el pueblo”, agregó.

Explicó que en caso de que gane algún adversario de Maduro la comunidad internacional deberá hacer un seguimiento cercano a lo que ocurra en el proceso.

“En caso de que eso ocurra habrá presión para que el ganador conforme un gobierno amplio y de ser posible que convoque unas elecciones verdaderamente libres”, sostuvo.

De ocurrir un cambio de gobierno, el ganador de las elecciones asumirá el poder en enero de 2019, por lo que en los meses restantes del año en curso habrá una fuerte presión internacional para la transmisión de mando.

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