Tras una década de migración forzada desde Venezuela ¿han logrado avanzar las escuelas públicas y privadas en Colombia para facilitar y educar realmente sobre la integración de niñas, niños y adolescentes migrantes en sus comunidades receptoras? Según la UNESCO, cada mes, uno de cada tres alumnos sufre acoso escolar en todo el mundo. 

Por Paula Andrea Jiménez

Mariana* tiene 12 años, es lunes y no está sentada en el salón de clases en la fría ciudad de Paipa, en el departamento de Boyacá. No está tomando notas en su cuaderno, está tendida en la cama de una clínica de salud mental en Bogotá, a unos 180 km de su hogar, mientras recibe cuidados médicos. 

Tras 2 años consecutivos de sufrir acoso escolar basado en su nacionalidad y ante la indiferencia y revictimización por parte de las autoridades educativas, sintió que había llegado a su límite: Mariana había intentado quitarse la vida.

“Yo nunca pensé que iba a vivir esto, que me iba a pasar a mí. Una niña excelente estudiante, llena de vida”, dice con la voz quebrada, Oiralih Rojas, la madre.

De nada valió apelar a “los canales regulares”. En las reiteradas peticiones que la madre hacía ante las autoridades escolares nadie intervino. Oiralih fue etiquetada de “madre conflictiva” cada vez que acudía en defensa de su hija, a medida que las secuelas físicas y psicológicas se hacían más evidentes en medio del acoso escolar y la xenofobia que Mariana sufría por parte de algunos compañeros. 

“Yo tengo tres hijas, la mayor también padeció el acoso. Con Mariana se repite la historia. El hecho de que seamos venezolanas no quiere decir que nuestros hijos corran peligro en las instituciones educativas y que los docentes hagan caso omiso, que no les importen que los humillen, que siempre les saquen en cara que están en tierra ajena”.

Mariana, una ejecutante de violín, tenía uno de los mejores promedios del salón, pero su situación no contó con un abordaje oportuno. A las amenazas de sus agresores se sumó el robo de sus pertenencias y la intimidación de uno de los directivos cuando reclamó sus derechos. 

“De ahí en adelante [Mariana] empezó a decaer mucho más emocionalmente, se llenó de más miedo. Mi hija está viva porque Dios es grande”, dice la madre. 

Desde el colegio jamás llamaron para preguntar por la evolución de Mariana. 

Con el tiempo, Luisa, la hermana menor de Mariana también empezó a enfrentar xenofobia constante, pese a que la madre decidió inscribirla en otro colegio. Las afectaciones van desde la ansiedad, la alteración del sueño, agotamiento, miedo, pero también se debate entre el hartazgo, en no querer ir a clases o guardar silencio para “no hacer sentir mal” a su madre.

Oiralih ha pensado muchas veces regresar con sus hijas a su país, pero el retorno a Venezuela no es una opción por ahora.

Al acoso escolar (o bullying, en inglés), si bien podía resultar conocido para los núcleos familiares de la diáspora venezolana que durante la última década ha llegado a Colombia, se une la xenofobia, el rechazo o discriminación hacia los extranjeros, hacia las personas en razón de su origen y nacionalidad y que sufre un grueso de la población en situación de movilidad humana en países en tránsito o destino. 

El bullying cumple unas características específicas: el hostigamiento es reiterado y a veces de manera agresiva, se sostiene a lo largo tiempo con la intención de generar daño y se suele producir sin que exista una provocación por parte de quien lo sufre. Los perpetradores pueden ser los compañeros, docentes u otras personas del entorno escolar. 

“El 73% de las niñas migrantes reporta sentirse “fuera de lugar” en la escuela, frente al 69% de los niños migrantes. El 4% ha sufrido bullying físico, el doble que entre las niñas nativas. Y el 9% ha faltado a clases porque sentía que allí podía sucederle algo malo, cuando la escuela debería ser el lugar más seguro de todos”, concluye la investigadora Marta Luzes, de la Unidad de Migración del Banco Interamericanos de Desarrollo (BID), quien junto a Felipe Muñoz, director de esta área, diserta sobre el desafío de las niñas migrantes en la escuela.

Colombia sigue siendo el primer país del mundo en albergar a la diáspora venezolana. De los 2,8 millones de migrantes y refugiados, unos 808 mil son niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 17 años de edad. En esta nación, la cantidad de estudiantes inscritos en la educación regular (preescolar, básica y media) asciende a unos 9,5 millones. De ese universo, un poco más de 576 mil aproximadamente son de origen venezolano, según cifras del Ministerio de Educación a octubre de 2025. 

Consultados por Laboratorio Migrante, desde el ministerio de Educación colombiano aseguran que en los últimos seis años (enero/2020- febrero/2026) solo tienen 141 registros a nivel nacional por “discriminación por procedencia”, es decir, relacionados al origen de los estudiantes afectados. Los reportes fueron hechos a través del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) que recoge situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (ciberbullying).

Pero el “matoneo”, como se le llama en Colombia al acoso escolar, es un fenómeno social cada vez más extendido, que reproduce desigualdades y menoscaba el derecho a una educación segura. 

En mayo de 2025, el propio ministerio reconocía que entre 2018 y 2025 se registraron más de 11.000 casos de acoso y agresión escolar.

Pero ¿cuánta articulación hay entre el sistema educativo, el de salud y el de protección de niñas, niños y adolescentes?

“La xenofobia sigue siendo un problema en las escuelas, manifestándose en microagresiones que a menudo pasan desapercibidas para docentes y directivos. Aunque existen iniciativas para prevenir la discriminación, muchas de ellas son esporádicas y no han sido integradas de manera estructural en las instituciones educativas.”, ha alertado un estudio liderado por las profesoras Nathalia Urbano  (Universidad del Rosario) y Claudia Díaz (Universidad de Toronto).

Los investigadores Natalia Durán y Alejandro Mojica, lideran para la oenegé Innovations for Poverty Action (IPA) un estudio sobre integración social y resultados académicos en aulas con estudiantes migrantes en Colombia,  en el que se recogieron datos de instituciones educativas públicas en las ciudades de Barranquilla, Cali y Medellín. 

Entre los hallazgos, aseguran que, aunque no existen diferencias significativas en la victimización por acoso escolar entre estudiantes colombianos y venezolanos, su carácter generalizado resulta preocupante. Al tiempo que detectan que la discriminación no es innata, sino que es adquirida.

“Muchos estudiantes colombianos escuchan comentarios negativos sobre los migrantes en sus casas o círculos sociales (19% en 5º grado y 30% en 8º). Aunque estas percepciones no se traducen necesariamente en opiniones negativas hacia sus compañeros de clase, sí evidencian la necesidad de fortalecer las relaciones y la inclusión en comunidades más allá del aula”, detalla el informe.

El acoso escolar y la xenofobia contra los menores de edad migrantes y refugiados, ya sea cometido por sus pares o por las instituciones, contravienen la propia Convención de los Derechos del Niño (uno de los tratados internacionales más ratificados en la historia) al vulnerar el derecho a la no discriminación, al interés superior del niño y a la protección a niños refugiados, principalmente.

Formar a docentes, directivos y alumnos en derechos humanos ¿tarea pendiente?

Cuando tenía seis años Alejandro migró forzosamente con sus padres y un hermano a Colombia tras el recrudecimiento de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela.  

Desde muy niño ha sido lector voraz, pero a sus 14 años le tocó incorporar un texto que no se parece a las historias de aventuras que suele leer. 

En la mochila que lleva todos los días al colegio decidió alistar la Constitución Política de Colombia, como si fuera un talismán. 

Aunque nació en Caracas tiene doble nacionalidad, al ser hijo de una madre colombiana. Pero varios compañeros del salón, de un colegio privado en Medellín (Antioquia), le recriminan que “no tiene ese derecho”. Entonces, casi de memoria, les recita el artículo 96 de la Constitución que consagra el derecho a ejercer la nacionalidad colombiana por nacimiento.

Es domingo por la noche y se abraza a la madre. “No quiero que llegue el lunes, no quiero entrar otra vez al salón”, le susurra a ella en voz bajita.

En los últimos 4 años, a Alejandro le ha tocado enfrentar lo más parecido a una especie de batalla en diversas intensidades en su escuela: mensajes constantes de discriminación por su color de piel, por su acento y por su nacionalidad. Ha sido un proceso que lo ha quebrado moralmente, no sólo a él, también a su núcleo familiar que es su soporte emocional.

Recientemente, como parte de una asignación escolar rutinaria, los alumnos debían grabar un corto vídeo de opinión sobre un tema libre y proyectarlo en pleno salón de clases. Cuando tocó el turno de quien había sido uno de sus acosadores constantes, la gran pantalla mostró un clip en el que su compañero se grabó asegurando que “el gobierno de Colombia debería enviar a todos los venezolanos a su país, son los culpables de la criminalidad y no tienen derecho a vivir aquí”. 

El salón quedó en silencio. Todas las miradas se posaron sobre Alejandro. Nadie protestó, nadie salió en su defensa. Pese a la gravedad del mensaje que acababa de proyectarse, la clase siguió como si nada y el profesor tampoco intervino.  

A los días, solo una extensa carta de la madre dirigida a las autoridades escolares en protesta por la muestra de xenofobia alertó a la coordinación académica desde donde hicieron un llamado de atención al alumno agresor y al docente del área.  Nunca hubo un espacio posterior de reflexión.

“Abuelita ¿tú crees que yo soy un niño malo? ¿Por qué mi maestra no me quiere?”, eran las preguntas reiteradas que Gabriel de solo seis años le hacía a Gisela Serrano, una lideresa venezolana que trabaja desde hace varios años por el acceso a derechos de la población migrante en Colombia. 

Su nieto, un niño colombo-venezolano empezaba un proceso de adaptación en una escuela pública de Bogotá y reiteradamente manifestaba que lo aislaban o relegaban en algunas actividades grupales.

Pese a ser un niño migrante forzado, no hubo un enfoque diferenciado para su situación, las maestras exigían acelerar el proceso de asimilación o acatar instrucciones como la de compartir con otros niños su propia botella de agua o sus alimentos, prácticas a las que el niño no estaba acostumbrado. Su conducta era pacífica y nunca había tenido episodios agresivos.

“Pero cuando faltaban solo 5 semanas para finalizar el año escolar el niño fue expulsado. A mi hija la llamaron argumentando que mi nieto era una amenaza para el colegio, para sus compañeros, para la maestra. Todo se lo dijeron a ella delante del niño y eso le afectó mucho”, relata la abuela, quien dirige la oenegé Mahuampi Venezuela. 

Aunque el calendario escolar estaba a punto de culminar, la familia logró inscribirlo en otro colegio. En paralelo a la denuncia que hacían por tratos discriminatorios ante la Secretaría de Educación de Bogotá, conocieron otros cinco casos más de expulsiones de niñas y niños en la misma época. En el mismo lugar.

“Todos los casos eran de niños venezolanos. Los argumentos eran que “tenían mala conducta, que eran peligrosos y representaban un riesgo para los docentes”. A los padres no les dieron otra opción y perdieron el año escolar”. 

En el tiempo que lleva trabajando con población migrante y refugiada, esta lideresa cree que, aunque ha habido avances institucionales, es un asunto de abordaje desde las aulas. “Hay conductas sistemáticas que cometen los docentes. Yo sé que con el caso nuestro podíamos avanzar más en a la denuncia, pero por salud mental preferimos dejarlo hasta ahí”, dice.

¿Quién prende las alarmas?

En 2022, la Alcaldía Mayor de Bogotá reconocía que “la xenofobia está presente en las interacciones sociales y la cotidianidad de la vida escolar. En la mayoría de los casos se manifiesta de manera soterrada y poco visible a la mirada de los profesores o profesoras, que de alguna manera representan una autoridad escolar”.

Para este reportaje , la Secretaría de Educación del Distrito (Bogotá), explicó a Laboratorio Migrante que cuentan con un Protocolo de Prevención y Atención de Casos de Presunta Xenofobia  en 3 situaciones: 1. Cuando el menor de edad presenta señales o indicios de presunta xenofobia, 2. Cuando un tercero lo reporte o 3. Cuando se identifica en flagrancia un caso de presunta xenofobia.

“Yo sí empecé a notar que mi hijo no tenía amigos en el salón, pese a haber sido muy sociable. Una psicóloga de una oenegé que atendía a población refugiada y migrante también se dio cuenta que algo sucedía y me pidió hablar con mi niño”, nos dice Matilde Carrillo, madre de Daniel, quien a los cinco años había migrado forzosamente junto a ella a Colombia. 

Una larga y detallada conversación entre Matilde y su hijo le confirmó que estaba siendo víctima de discriminación por su nacionalidad por parte una docente. Las afectaciones psicológicas y académicas hacían cada vez más mella en el niño y decidió pedir ayuda a la orientadora de la misma institución.

“Eso fue peor, se quejó de que era un niño problemático, un niño promedio y que no se esforzaba, cuando había egresado con honores de otro colegio anterior en Cartagena. Ella nunca quiso indagar en las razones de fondo, pero igual lo reportó con esas características en su expediente escolar”.

Tras pedir apoyo en un chat de líderes comunitarios de la zona, una funcionaria alertó a las autoridades del colegio. Empezaría lo más parecido a un viacrucis para madre e hijo.

Fue citada por la rectoría del colegio y acusada de “hablar mal de la institución”. Luego, las hostilidades hacia Daniel fueron escalando de un modo alarmante y ella temía represalias si escalaba la denuncia.

“Tenía miedo de denunciar y que siendo migrante me expulsaran del país. Pero a la discriminación del niño se sumaban la profesora titular, la orientadora y la coordinadora”.  Jamás le permitieron hablar con la directora. 

Denunció a la escuela y posteriormente el cupo para el siguiente año escolar de su hijo le fue negado. Fue reasignado a otro colegio conocido por sus elevados problemas de seguridad y convivencia en Ciudad Bolívar (localidad del Distrito Capital de Bogotá). 

“Como yo había dado los nombres de todos los involucrados en la denuncia, sentía mucho miedo de que sucediera algo a mi niño y a mí. Entonces decidí mudarme”, confiesa Matilde. 

Su caso llamó la atención de un medio local y cuando la historia se hizo pública su teléfono empezó a sonar sin parar. 

“Cuando me vieron en las noticias, me empezaron a escribir por un chat de una red de apoyo de mujeres, era una cantidad de madres venezolanas contándome que habían padecido lo mismo con sus niños”, pero a diferencia de Matilde a estas madres las paralizó el miedo.

Daniel no ha vuelto a ser el mismo. Se volvió un niño desconfiado, poco sociable, más tímido para hacer contacto con los docentes, pero el cambio a un tercer colegio distrital fue positivo y ha ampliado su grupo de amigos.  La recomendación es que acuda a un proceso de terapia, pero económicamente no lo pueden costear. 

“Emocionalmente me marcó mucho, siempre que recuerdo ese momento me duele mucho. Como mamá no supe qué hacer, me sentí acorralada. A veces creo que no supe defender a mi hijo, que le fallé, pero yo tenía mis dolores, mi luto migratorio”, entonces a Matilde se le vuelve a quebrar la voz.

¿Cuánto se rompe en la vida de la niñez atravesada por la xenofobia y el bullying?

“Un niño que migra forzosamente ha perdido muchas cosas, su entorno, su casa, sus amigos, su seguridad emocional. Cuando ese mismo niño llega a una escuela nueva y en lugar de encontrar refugio encuentra burlas, insultos, violencia o rechazos por su origen, su color de piel, lo que ocurre es una doble herida emocional. La primera fue el desarraigo y la segunda es el rechazo social”, nos dice desde Panamá, Víctor Smoly, quien preside la Organización Global de Prevención ante el Bullying (OGPAB).

“Más allá de los datos hay una verdad humana, cuando un niño se le hace sentir extranjero, incluso en un aula, se le está diciendo que no pertenece a ningún lugar, y un niño debería crecer amado, valorado y respetado”, insiste Smoly, cuya organización maneja un formulario de denuncias confidencial que documenta estos casos. 

Las consecuencias del acoso escolar en niñas, niños y adolescentes pueden ser devastadoras en su salud física y mental, además de obstaculizar su aprendizaje. 

“Los niños acosados ​​tienen mayor probabilidad de perder clases, ser excluidos de la escuela y sufrir depresión”, alerta el informe de las pruebas PISA 2022 (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en las que Colombia participa junto a otras 80 naciones, que evalúa capacidades, habilidades y aptitudes asociadas a lectura, matemáticas y ciencias y su relación con la resolución de problemas y situaciones de la vida en adolescentes.

¿Qué hacer? ¿Dónde y cómo se sanan las heridas?

 “Un padre o madre pueden sentirse fracasados para ayudar a sus hijos, pero el solo hecho de buscar cómo apoyarlos ya es un acto valiente”, nos dijo Alexa, quién relata haber sido víctima de acoso escolar durante años y sin poderlo identificar como tal, pero quien recibió apoyo desde, Cecodap, una oenegé con más de 40 años en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en Venezuela

A unos 400 kilómetros de Bogotá, Mónica Sequera, lidera en Medellín una estrategia de convivencia escolar en las comunas que concentran mayor población migrante y refugiada y que incluye a familias de colombianos retornados. Desde su organización trabajan con alumnos en el rango de la primera infancia hasta la adolescencia.

“Los padres deben poner al tanto al maestro, hablar con la coordinadora o la rectora. Si no se logra conciliar deben dirigirse al núcleo escolar por escrito todo lo que está sucediendo, dónde fue, cómo fue, cuáles son las pruebas que puedan tener sobre la situación. Si tampoco hay respuesta se pide acompañamiento a la Personería o a la Defensoría del Pueblo”, cuenta Sequera, directora de la oenegé Anauco

El equipo de la oenegé ANAUCO mantiene actividades de convivencia escolar y prevención de la xenofobia en escuelas públicas de Medellín. Foto: cortesía 

Save the Children había alertado en un estudio (2022) que dentro del sistema educativo colombiano los “sentimientos de exclusión, el matoneo (acoso escolar) por el acento y otras diferencias culturales, generaban rechazo y maltrato discriminatorio”, afectando a niñas y niños migrantes especialmente en zonas fronterizas. 

“La escuela no es el enemigo, pero se debe luchar, propiciar redes de apoyo entre padres y madres y escuelas abiertas al diálogo”, nos dijo, Indira Rojas, experta en comunicación quien también forma a periodistas en temas de infancia y adolescencia. 

A cientos de kilómetros, entre Ciudad de Panamá, Bogotá, Medellín y Caracas, hay coincidencias.

En febrero de 2026, la OGPAB junto a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hicieron público un Manual Teórico Práctico de Prevención del Bullying y la Xenofobia, en el que insisten que los entornos escolares y comunitarios son vitales para ejecutar estrategias encaminadas a transformar las actitudes negativas hacia los migrantes y refugiados. 

Precisamente, se publica en un año marcado por cambios políticos y procesos electorales en varios países de destino en las Américas, en medio del aumento del endurecimiento de las políticas migratorias en la región, de las restricciones de tránsito y del cierre, retroceso y/o retraso de mecanismos de regularización y solicitudes de protección internacional para la población en situación de movilidad humana forzada, mayoritariamente de origen venezolano. 

Este artículo hace parte de un ejercicio periodístico impulsado desde del Programa de Formación “Periodismo comprometido con la primera infancia” (Coalición Somos Crianza) y el “Diplomado de Educomunicación para visibilizar la niñez y la adolescencia”, impartido por CECODAP, en los que la autora participó simultáneamente

*La identidad de las niñas, niños y adolescentes fueron cambiados por resguardo de su integridad