Reportajes y Especiales

Personas con Necesidades de Protección Internacional requieren de ayuda psicológica

6 de diciembre de 2017

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Huyendo de la violencia, sin rumbo fijo y dejando años de historia en medio de la nada, cruzan decenas de colombianos a los municipios de frontera con Venezuela. La ayuda y el apoyo que requieren estas personas van más allá de lo económico y del reconocimiento de un estatus migratorio. La ayuda profesional tanto para ellos como para su entorno es fundamental para el inicio de una nueva vida.

Sentado en una silla de ruedas frente a su modesta vivienda, se encuentra Luis Jara, colombiano que huyó hace 15 años de la población de Tibú, ubicada en el departamento Norte de Santander y se radicó en la población fronteriza de San Antonio del Táchira.

Quedó imposibilitado para caminar luego de caer de un andamio cuando realizaba trabajos como obrero de la construcción, oficio al que se dedicó en Venezuela luego de dejar una vida consagrada al cultivo de maíz y yuca en una pequeña parcela que heredó de la familia.

Con temor, desconfianza y recelo, el hombre que ya cuenta con 65 años narró parte de su vida en Venezuela, a donde llegó con su esposa, escapando de la violencia de un conflicto armado del que poco quiere contar.

Viudo y solo comenta que vive de la caridad de sus vecinos y de lo poco que puede hacer por sí mismo.

“Vivíamos bien, teníamos una tierrita con animales y cosechábamos sobretodo maíz y yuca. Pero hubo que salir de un día para otro. No estaría echándole el cuento de otra manera”, comentó.

Limpiándose el sudor que se confundía con lágrimas, Luis dijo sentir temor. A medida que pasa el tiempo los achaques de la edad lo hacen más sensible y reflexionar ante la situación migratoria que vive.

“Estoy enfermo pero aquí en San Antonio no me atienden como debe ser. No hay médicos, ni medicinas, ni recibo ningún beneficio porque no tengo cedula. He intentado buscar ayuda en Colombia pero dicen que mientras viva aquí, no me darán nada”.

Moviendo la silla de ruedas para adelante y para atrás en señal de una constante tensión nerviosa, confesó que no sólo adolece de asistencia médica, tampoco tienen acceso a los programas de subsidio de alimentos que ofrece el gobierno venezolano, porque no tiene cedula. Su condición de refugiado no la puede demostrar porque abandonó los procedimientos legales que se deben cumplir hace más de 10 años.

“Parece que no existo ni para Colombia, ni para Venezuela. Salí de mi país para resguardar la vida de mi mujer y la mía, sobrevivo, mi esposa murió hace tres años. No puedo regresar a Colombia, porque allá no tengo nada, al menos aquí hice un rancho, tengo techo donde vivir, aunque aquí cada vez que salgo, la policía me matraquea cuando no puedo mostrar cedula”.

Ha perdido más de 30 kilos, no duerme ni se alimenta bien, y el temor a ser deportado por las autoridades venezolanas lo mantienen en un claustro casi obligado.

Apoyo psicológico al desplazado

Los refugiados suelen pasar por un trastorno crítico post traumático.

De acuerdo con la psicóloga Estefanía Chacón, del programa para Personas con Necesidad de Protección Internacional (PNPI), avalado por la Universidad Católica del Táchira (Ucat) y el Observatorio Social, las personas con necesidades de protección presentan características psicológicas determinantes.

“Cuando se viven acontecimientos críticos en donde se ve expuesta la vida, el fallecimiento de un ser cercano o pérdida de bienes, incidentes fortuitos, los seres humanos pasan por un trastorno crítico post traumático, lo que origina un desequilibro cognitivo y conductual en la persona. Lo que cambia la cotidianidad del individuo”, precisó la especialista.

A pesar de haber experimentado un cambio y haber recibido apoyo en su condición de desplazado, el síntoma persiste y se convierte en un estrés postraumático.

La posibilidad de que Luis recobre el equilibrio luego de salir abruptamente de sus tierras, de llegar a una zona desconocida, después de tener un accidente que lo dejo impedido, sobrellevar la muerte de su esposa y finalmente ser rechazado por la sociedad y sin protección, lo mantiene en medio de un trastorno de estrés agudo, donde las cargas con el tiempo se vuelven más pesadas.

“Hay muchas cargas, el dolor es más profundo y si no se trabaja para resolver la situación y mejorarla, lo que se logra es agudizarla”, añadió la psicóloga.

Con la acumulación de problemas, angustias, estrés y miedo, aunado a años de vida viviendo así, el miedo se vuelve una patología y un mecanismo de defensa. El mismo miedo que lo hizo huir de la agresión en su zona es traído al lugar donde decidió radicarse y la huida y el refugio son las maneras de resolver la situación.

Ante la situación antes expuesta la necesidad de conocer el PNPI se convierte en primordial para el desplazado porque es la herramienta jurídica, psicológica y social que va a permitirle conocer los mecanismos de apoyo, ayuda y resguardo que protegen a nivel internacional su condición humana.

La preparación y el aporte de que se da a los PNPI, a través de los medios de comunicación y canales comunitarios que a su vez han recibido instrucciones y preparación sobre el tema, son esenciales para su desarrollo y adaptación a la nueva vida.

Pero esto no solo depende de ellos (PNPI) sino de la información que maneje su entorno porque de esa manera se pueden conocer las dificultades que presentan y contribuir a una integración sana en la sociedad.

Aunque no existen datos precisos que informen sobre los desplazamientos de ciudadanos colombianos a municipios de la frontera tachirense, datos de la Agencia Especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (Acnur), señalan que existen 172.957 refugiados ya reconocidos o solicitantes de refugio en el país, de los cuales un 99% son colombianos, reseñó boletín de prensa del Observatorio Social Venezolano – UCAT .

El último registro de ingreso público que se maneja, data de febrero de 2017, donde el exgobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, anunció la entrada de unas 200 personas en condición de desplazadas.

En el municipio García de Hevia al norte de la entidad, se desarrolló el desplazamiento de ciudadanos provenientes del Norte de Santander, Colombia, “huyendo de los enfrentamientos que mantienen grupos armados al margen de la ley, por el territorio y el cultivo de droga”, aseguró el entonces mandatario del Táchira.