El hambre en Venezuela no es un fantasma, es una realidad. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) encontró que el 7,9 % de la población está en inseguridad alimentaria severa y otro 24,4 % en inseguridad alimentaria moderada (ver recuadro). Juntos suman un 32, 3 %, lo que significa que 9,3 millones de venezolanos están en riesgo de hambre.

Una de cada tres personas no tiene cómo conseguir alimentos básicos en el día a día, por lo que la calidad de comida que consumen es regular: cereales o tubérculos (papa, yuca, entre otras). Esto lo complementan con la ingesta de legumbres tres veces a la semana y lácteos solo en cuatro ocasiones. El pescado, la carne, el pollo o el huevo no son tan frecuentes.

El médico venezolano Danny Golindano conoce bien esa realidad. A su consultorio llegan pacientes con una alimentación precaria, con cuadros de anemia relacionados con la carencia de una buena nutrición, basada, en su mayoría, en la ingesta de carbohidratos. “Uno como profesional de la salud se siente atado de manos, frustrado, porque sé que lo que necesitan para sanarse es comer bien, una cuestión que no pueden permitirse”, dice.

La evidencia de lo que Golindado vive en su profesión está en las cifras del reporte del PMA. El 74 % de las familias ha utilizado estrategias de sobrevivencia respecto a su alimentación, reduciendo la variedad y la calidad de la comida. El 60 % de los hogares mermaron el tamaño de la porción de sus víveres y la situación empeora: hay personas que trabajan a cambio de comida, venden sus bienes para mercar o gastan ahorros para comprar el pan de cada día.

El problema de raíz no es la disponibilidad de alimentos sino la inflación, que el Fondo Monetario Internacional cifró en 200.000 % para 2019. El dinero escasea y la economía se está dolarizando. Ante esto el PMA considera que el 59% de los hogares no tiene ingresos suficientes para mercar.

La nutricionista Susana Raffali, asesora humanitaria de la ONG Cáritas, dedicada a ayudar poblaciones vulnerables, encontró el caso de una niña de once años que se prostituía para comprar comida.

Raffali comenzó a monitorear la situación alimentaria en 2016 y solo hasta este 2020 el PMA le puso la lupa a la problemática. Su conclusión es que las cifras constatan la evidencia que recoge hace años, con la diferencia de que ahora, si bien hay oferta de comida, no hay dinero con qué comprarla.

“Es un indicador de la cantidad de personas en situación hambre y del agotamiento de la gente pobre. Estamos hablando de una población que perdió la posibilidad de empeorar, personas que son quienes migrarán mañana”. Ciudadanos forzados a huir de Venezuela forzados por el hambre.

Juliana Gil