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Reportajes y Especiales
Presos liberados por planes del Gobierno, luego son ejecutados en operativos policiales
11 de noviembre de 2021
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28 exreclusos que obtuvieron su libertad por el Plan Cayapa o la Comisión para la Revolución Judicial fueron presuntamente ejecutados por cuerpos de seguridad en el estado Lara de enero de 2020 a septiembre de 2021. La FAES fue la institución más letal, al perpetrar más de 50 % de los homicidios
Haber estado en prisión, tener antecedentes penales o registros policiales, estar bajo régimen de presentación o tener un beneficio de destacamento de trabajo convierte a los exreclusos en un “objetivo” de los funcionarios de seguridad del Estado en Venezuela. En un lapso de 21 meses (más de año y medio), 30 hombres fueron asesinados en operativos policiales en el estado Lara poco después de haber salido de algún centro de reclusión.
En estado Lara se han cometido una serie de homicidios en procedimientos de la fuerza pública que son reportados como casos de presunta resistencia a la autoridad, pero que en realidad son presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Aunque esto viene ocurriendo desde 2015, cuando el gobierno de Nicolás Maduro implementó las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) y se agudizó desde 2017, con el nacimiento de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, desde 2020 Monitor de Víctimas ha identificado una característica común en algunas de las personas ejecutadas en el estado Lara: 28 de las víctimas eran exreclusos.
Se trata de hombres que estaban en prisión y obtuvieron beneficios en el Plan Cayapa (dirigido por el Ministerio de Servicio Penitenciario) y por la Comisión Especial para la Revolución Judicial, que habrían dejado en libertad casi 1.000 reclusos en Lara desde 2020, según datos extraoficiales.
En el año 2020, Monitor de Víctimas contabilizó 21 homicidios de exreclusos a manos de los cuerpos de seguridad. La mayoría de estos homicidios fueron perpetrados por la PNB: tres en operativos de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) y 14 por las Fuerza de Acciones Especiales (FAES), considerado el cuerpo más letal de ese organismo. Mientras que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) mató a dos exconvictos y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional (GN) a otros dos.
En 2021, entre tanto, se redujo el número de personas asesinadas por parte de los cuerpos de seguridad y hasta el 30 de septiembre, se habían reportado siete casos. La razón es que los cuerpos de seguridad recibieron una orden de paralización de estos procedimientos letales en todo el territorio nacional, según revelaron funcionarios consultados por Monitor de Víctimas en condición de anonimato.
En lo que va de año, Monitor de Víctimas contabilizó siete homicidios de exreclusos en manos de los cuerpos de seguridad del Estado. La versión oficial indica que murieron en presuntos enfrentamientos: cuatro de las víctimas fueron asesinadas en incursiones de las FAES, dos en un operativo del CICPC y una por la PNB. En tres de los casos, los exreclusos eran beneficiarios de la denominada Revolución Judicial, implementada desde junio de 2021.
Condenados a muerte
El abogado Marino Alvarado, activista de derechos humanos y coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) advierte que hay denuncias recurrentes el territorio nacional sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales de exreclusos al poco tiempo de ser liberados.
“Como quedan con antecedentes penales, se les incorpora a la lista de ‘ejecutables’ que tiene no solamente las FAES, sino el CICPC y las policías estadales. Aunque ya hayan pagado la condena y se hayan reincorporado a la sociedad, llevan en su espalda una condena de muerte”, indica Alvarado.
Además, señala que no es de extrañar que las personas que han sido beneficiadas con la Revolución Judicial en el segundo semestre de 2021 terminen siendo ejecutadas por las FAES. “Es el grave riesgo que corren las personas con antecedentes penales”, subraya.
Un mismo patrón
Jorge Luis Camacaro Rodríguez, de 31 años de edad, es una de las víctimas de las presuntas ejecuciones extrajudiciales que se han perpetrado en la región larense este año.
Camacaro Rodríguez fue asesinado el 10 de septiembre del 2021. Testigos relataron que agentes de la FAES llegaron a su casa, ubicada en el sector Brisas de Carorita III, al norte de Barquisimeto a las 5:00 am. Los funcionarios tumbaron la puerta y despertaron violentamente a la pareja.
Entraron a la vivienda donde el hombre vivía con su esposa sin una orden judicial, sacaron a su esposa y se la llevaron en un carro para luego abandonaron a varios kilómetros de la vivienda, una práctica frecuente del cuerpo élite de la PNB, que se caracteriza por desalojar las casas antes de disparar.
Camacaro Rodríguez se quedó solo en la vivienda con otros policías. Según familiares de la víctima, lo mataron media hora después de la incursión. El joven tenía un disparo en el pecho y múltiples hematomas.
La versión policial lo presentó como un supuesto azote y miembro de “Los Pocholos”, una banda dedicada a la distribución de droga en la capital larense. Pero sus familiares desmintieron esta información y aseguraron que el joven fue ejecutado.
Camacaro Rodríguez tenía un año de haber salido de la cárcel. Como no conseguía un trabajo estable, decidió abrir una barbería en su casa.
“Solo por salir de la cárcel ya lo hacen un criminal de los más peligrosos. El Estado no deja que esos muchachos se reinserten a la sociedad, porque en menos de un año los matan”, comentó un allegado que prefirió no identificarse.
La historia de Camacaro Rodríguez es repetitiva en Lara. Familiares de las víctimas de letalidad policial en el estado responsabilizan a los funcionarios de simular enfrentamientos para encubrir los excesos. Es un patrón en las presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas en Lara que los funcionarios persigan a hombres con antecedentes penales o que lleguen a sus casas al enterarse de que salieron de centros penitenciarios, de acuerdo con testigos.
La historia de Jorge Luis Merlo González, de 37 años de edad, confirma ese patrón que se ha podido identificar en las actuaciones de las FAES.
Merlo González había estado preso. Una vez que las FAES supo de su liberación, comenzó el hostigamiento en su contra. La hermana del hombre confesó que veía cómo lo vigilaban y perseguían.
Por temor a que lo mataran, solicitaron un una medida de protección y esperaban que le fuera concedida, pero la respuesta nunca llegó. El 17 de febrero del 2020, una comisión de las FAES llegó al barrio El Caribe. Hombres vestidos de negros, encapuchados y con armas largas lo sometieron, lo golpearon delante de sus tres hijas menores de edad y de su esposa. La familia fue sacada de la vivienda por la fuerza y a él lo mataron de un disparo en el pecho.
Una situación similar vivió la familia de Ramón Antonio Mendoza Reyes, de 21 años de edad, quien fue asesinado el 17 de enero del 2020. El joven había obtenido su libertad a través de un Plan Cayapa y tenía apenas un mes de haber salido del penal.
Cuando Mendoza salió de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, le tocó caminar unos 30 kilómetros desde el penal hasta su casa en el barrio La Paz. La familia de Mendoza reveló que mientras él salía del penal con otro hombre que fue excarcelado una camioneta negra los seguía, aunque nunca los detuvieron.
Un mes después de estar en libertad, una comisión de las FAES entró a su casa, interrogó a sus hermanos y les preguntaban si tenían antecedentes. Cuando Ramón contestó que sí, le pidieron dólares para no llevárselo y en vista que su familia no tenía dinero, fue ejecutado.
Randy José Flores Giménez, de 30 años de edad, también es parte de la lista de víctimas de las FAES en 2021. Fue asesinado el pasado 25 de febrero. El joven había salido en libertad bajo régimen de presentación y asistía cada mes a los tribunales.
Flores fue abordado por un grupo de funcionarios el 25 de febrero en horas de la mañana. El joven presentó su boleta de excarcelación y los policías desistieron de llevárselo al momento, pero lo fotografiaron antes de dejarlo ir. Seis horas después, Flores fue asesinado por los funcionarios.
Un pariente de Flores, que ofreció su testimonio en condición de anonimato, dijo que la versión policial de que se trataba de un caso de resistencia a la autoridad era falsa.
Luis Eduardo Lucena Ramos de 29 años de edad, sufrió una persecución similar a la de otros expresidiarios. Murió en una incursión de las FAES el 24 de julio de este año.
Los primos de Lucena Ramos mencionaron que estuvo detenido por tres meses por Polilara por el delito de robo, y fue recluido en los calabozos de la comisaría de Quíbor hasta que el martes 20 de julio salió libre.
Señalaron también que Lucena Ramos había recibido un beneficio de presentación cada ocho días por la Comisión para la Revolución Judicial. Sin embargo, eso no fue garantía para seguir con vida.
Otras víctimas fueron: Roiner Andrés Durán Giménez, de 24 años de edad. Exrecluso tenía aproximadamente un año de haber salido en libertad. Por porte ilícito de arma de fuego y violencia sexual. También Yorman de Jesús Yánez Cordoba, de 21 años de edad, tenía menos de un año de haber salido en libertad plena. Estaba preso por extorsión. Y Manuel Alexis Aragort Silva, de 26 años de edad; Ricardo Daniel Yánez, tenía más de ocho meses en libertad bajo beneficios; José Reinaldo Briceño Rivas, de 44 años, quien tenía menos de 15 días de haber salido en libertad.
Sobrevivieron a la masacre de Cepella, pero la FAES los mató
En circunstancias similares mataron a dos hombres que salieron de la cárcel través del régimen de confianza tutelado otorgado por la entonces ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Valera. Ambos eran sobrevivientes de la masacre del Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella) ocurrida el 1° de mayo del 2020 que terminó 49 reclusos muertos y 75 heridos.
Las víctimas, identificadas como Moisés Antonio Herrera Barreto, de 28 años de edad y Javier Enrique Sánchez Barrios, de 26 años de edad, murieron en manos de las FAES. Sus familiares también aseguraron que se trató de ejecuciones extrajudiciales.
Herrera no tenía ni 10 días de haber regresado a su casa cuando un grupo de hombres armados llegó a la vivienda. Le pidieron que se vistiera y le dijeron a su familia que solo se lo llevaban por una averiguación. Su familia acudió a la sede de las FAES, ubicada cerca de la casa de Herrera, a los pocos minutos de la supuesta detención, pero no les dieron ninguna respuesta. A Herrera no lo encontraron en un módulo policial sino en la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto.
Sánchez, en cambio, fue interceptado por la policía al salir de visitar a su mamá, según el testimonio de su familia. Algunos testigos afirmaron que se lo llevaron a una zona que él no frecuentaba y fue allí donde lo asesinaron. Supieron de su muerte al día siguiente al acudir al Hospital Central Antonio María Pineda.
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