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Son más de una veintena los alcaldes opositores sancionados por el Gobierno

2 de septiembre de 2017

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De los 76 alcaldes opositores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), elegidos en el año 2013, 19 han sido sancionados, destituidos, detenidos o tienen orden de captura de parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mientras que dos alcaldes designados han sido destituidos por consejos municipales de mayoría oficialista; acciones que son consideradas por organizaciones no gubernamentales como persecución política de parte del Estado venezolano.

Cuando se realizaron las protestas en rechazo al Gobierno de Nicolás Maduro en el año 2014, se evidenciaron los dos primeros casos de sanciones contra alcaldes opositores, que terminaron en la detención de Enzo Scarano del municipio San Diego, estado Carabobo y Daniel Ceballos del municipio San Cristóbal, estado Táchira.

En ambos casos un grupo de ciudadanos interpuso ante la Sala Constitucional (SC) del TSJ una demanda que fue aceptada y en la que se ordenó a los alcaldes impedir que se obstaculizaran las vías y que se realizaran protestas en sus municipios girando instrucciones a la policía municipal. Sin embargo, las manifestaciones continuaron y la sala declaró que Scarano y Ceballos habían incurrido en desacato.

El TSJ ordenó la detención de Scarano y Ceballos por 10 y 12 meses de prisión, respectivamente, destituyendo de su cargo al primero y suspendiendo al segundo. Sin embargo, organizaciones como Acceso a la Justicia han denunciado que esta decisión es ilegal pues la Sala Constitucional usurpó las funciones del Ministerio público y los tribunales penales.

Este accionar de parte de la sala se ha repetido en los últimos meses contra otros alcaldes opositores luego de las protestas antigubernamentales desde abril a julio de este año, resultando con medidas cautelares y posteriormente con órdenes de captura y prisión por 15 meses cuatro alcaldes: Gustavo Marcano (Diego Bautista Urbaneja), Carlos García (Mérida), Ramón Muchacho (Chacao) y David Smolansky (El Hatillo).

Alí Daniels, gerente general de Acceso a la Justicia, declaró a El Universal que hasta el 2014 la SC remitía al Ministerio Público (MP) la investigación en caso de que alguien desacatara un amparo, garantizando que la sala no se convirtiera en acusador y juez al mismo tiempo, pues la fiscalía sería la encargada de acusar ante un tribunal penal que a su vez dictaría una sentencia de carácter penal, como lo es la privación de libertad.

La sentencia N° 245 de la Sala Constitucional, en el caso de Scarano, señala que “no toda norma que contenga sanciones restrictivas de la libertad es necesariamente una norma penal”…”aun cuando esas normas contemplan arresto, no quiere decir que por esa razón los anteriores sean tipos penales y, por tanto, deba intervenir todo el sistema penal”, según establece la exposición de motivos.

La SC tiene competencia como cualquier otro tribunal para conocer amparos constitucionales pero no para imponer sanciones penales, pues es una competencia exclusiva de los tribunales penales, pero desde 2014 eso cambió para poder detener a alcaldes opositores, según manifestó Daniels, quien además subrayó que con estas decisiones usurpó funciones del MP y los tribunales penales.

Desde el 2014 la Sala Constitucional ha dictado sentencias contra alcaldes opositores

La Sala Constitucional del TSJ es la máxima intérprete de la Constitución y desde el 2014 ha dictado al menos 23 sentencias contra alcaldes opositores y en el marco de las protestas de los últimos meses, se ha declarado competente para acordar amparos cautelares.

En ese sentido ha dictando medidas cautelares a José Fernández (Los Salias), José Luis Rodríguez (Carrizal), Juan José Peña (Alberto Adriani), Carlos Ocariz (Sucre), José Antonio Barreras (Palavecino), Omar Lares (Campo Elías), Gerardo Blyde (Baruta) y José Luis Machín (Barinas). A todos se les ordenó impedir obstáculos en las vías y protestas en sus municipios.

Por otra parte, la Sala también ordenó la destitución en el 2015 de Lumay Barreto, Municipio Páez, Estado Apure, por incurrir en supuesta ausencia absoluta, calificada por el Consejo Municipal que luego designó al presidente de esta instancia, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La destitución y remoción de alcaldes de su cargo de parte de la SC, constituye una usurpación de funciones de los Consejos Municipales, pues la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece en su artículo 87 que los concejales son los encargados de declarar si existe una falta absoluta del alcalde, según explicó Alí Daniels de Acceso a la Justicia.

Irregularidades

La Sala Constitucional ha argumentado en sus sentencias que los alcaldes debían impedir las manifestaciones y tomar acciones para mantener el orden público dando órdenes a la policía municipal, sin embargo, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, establece en sus artículos 37 y 43 que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las policías estadales son las que tienen las competencias y el equipamiento para controlar protestas.

Estas normas son reafirmadas por el Manual de Dotación y Equipamiento del Consejo General de la Policía y las Normas sobre la Actuación de los Cuerpos de Policía para Garantizar el Orden Público, la Paz Social y la Convivencia Ciudadana en Reuniones Públicas y Manifestaciones, que además dispone que la policía municipal contribuirá en la orientación de las personas, el control del perímetro externo de la zona en conflicto y facilitará la operatividad de los cuerpos policiales competentes.

Además, la Ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, establece en sus artículos 44, 46, 50, 53, y 54 que las competencias de las policías municipales son de carácter preventivo y en materia administrativa propia del municipio. Asimismo, les corresponden manejar situaciones genéricas y de baja complejidad.

Esto se alegó en los juicios de Scarano y Ceballos, pero la Sala no se pronunció al respecto según señaló el gerente general de Acceso a la Justicia que apuntó que se evidencia que “no es lo jurídico sino lo político lo que está imperando en la Sala Constitucional”.

Daniels también recalcó que en el caso de Ramón Muchacho, la Policía municipal de Chacao está intervenida desde hace un año por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, por lo que el alcalde no tenía responsabilidad sobre el cuerpo de seguridad, sino el ministerio que debía cumplir con la medida cautelar de la SC.

Otra irregularidad evidenciada en los procesos es que las recientes sentencias de privativa de libertad contra alcaldes no han sido publicadas en la página web del TSJ, sino que las decisiones han sido anunciadas a través de notas de prensa en la red social Facebook, tuits en la red social Twitter o transmisiones en el canal del Estado Venezolana de Televisión.

Al no estar publicadas las sentencias, explicó Daniels, se viola el derecho a información de los ciudadanos y especialmente el derecho del imputado a conocer los motivos de su condena.

Persecución política

Beatriz Borges, directora de Ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), declaró a El Universal que las sentencias son inconstitucionales debido a que son contrarias al ejercicio de derecho, pues la sala ordenó que impidieran las protestas en sus municipios pero hacerlo significaría violar el derecho a la protesta de los ciudadanos, que está establecido en el artículo 68 de la Constitución.

De acuerdo a las investigaciones de Cepaz existe una sistematización de patrones de persecución y criminalización a la disidencia política con la actuación del Poder Judicial como principal ejecutor. La ONG presentó este año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe que destaca ocho patrones de los que al menos seis el Poder Judicial es responsable.

Apertura de procedimientos legales, destitución de cargos públicos, allanamientos a la propiedad privada, ataques a la inmunidad parlamentaria, inhabilitaciones políticas, usurpación de las funciones públicas, son los patrones donde el Poder Judicial tiene directa relación con su ejecución.

Cepaz y Acceso a la Justicia están de acuerdo en que estas acciones no solo afectan a los políticos sino a los ciudadanos que se quedan sin los alcaldes elegidos por voto popular, violando la participación política y la representación de una autoridad electa por votación universal. “Además el mensaje a la ciudadanía es que cualquiera que disienta va a tener esta consecuencia”, manifestó Beatriz Borges.

Alcaldes presos políticos

Daniel Ceballos (2014), Antonio Ledezma (2015), Delson Guarate (2016), y Alfredo Ramos (2017), son cuatro de los alcaldes que se mantienen privados de libertad luego de su detención por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

En el caso de Ceballos, tras la decisión de la Sala Constitucional en el 2014 cumplió su condena de 12 meses de prisión, pero luego se le acusó de asociación para delinquir durante las protestas de 2014, por lo tanto se mantiene en El Helicoide en Caracas y hasta el 19 de julio de 2017 se aplazó por séptima vez el juicio por el segundo cargo que se le imputa.

Antonio Ledezma, alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas, fue acusado de conspiración y asociación para delinquir y en la actualidad se encuentra cumpliendo arresto domiciliario aunque aún no ha sido presentado a juicio.

Delson Guarate, alcalde municipio Mario B, Iragorry, estado Aragua, fue imputado por la presunta comisión de los delitos de contravención de planes de ordenación del territorio y disposición indebida de residuos y desechos sólidos peligrosos. Se encuentra recluido en el Helicoide y en su cargo fue asignada Alicia Loreto, sin embargo, el Consejo Municipal la destituyó y nombró Brullerby Suárez, presidente del concejo y militante del PSUV.Alfredo Ramos, alcalde de municipio Iribarren, estado Lara, fue detenido por el Sebin en su despacho el 28 de julio de este año y trasladado al Helicoide. Fue imputado por la Sala Constitucional de incurrir en desacato de la medida cautelar que le ordenaba impedir protestas en su municipio. Se le condenó a 15 meses de prisión, cese el ejercicio de su cargo, inhabilitación política, orden de captura, y alerta roja internacional.

El 25 de agosto de 2016 el tribunal de Monagas ordenó capturar al alcalde municipio Maturín, estado Miranda, Warner Jiménez, por los cargos de licitación y asociación para delinquir. Desde entonces se mantiene prófugo. En su cargo dejó encargado a Antonio Goncalves, sin embargo el Consejo Municipal designó a Wilfredo Ordaz, militante del PSUV, reseñó el portal digital de El Universal.

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