“Hace 21 años, él fue sentenciado bajo la condición de inimputable o no imputable, que significa no ser responsable, mucho menos culpable, desde el punto de vista penal, de los hechos en los que se vio implicado, por su condición de enajenado mental. Eso quiere decir que tiene sentencia, pero no condenatoria.  La sentencia fue clara, recuperar su sanidad mental. Por lo tanto, en 1999, lo que decidió la juez fue aplicarle una medida de seguridad, que se le recluyera en una locación o sanatorio mental, y no como ha permanecido todos estos años, encerrado en una instalación policial, como lo es Politáchira”.

De esta manera se refirió el abogado, criminalista y exjuez tachirense, Jesús Alberto Berro, a la situación que presenta Dorancel Vargas, el llamado Comegente, al hacer énfasis en que, por más de dos décadas, sus derechos humanos se han visto vulnerados.

“A Dorancel se le diagnosticó esquizofrenia con paranoia degenerativa y progresiva, que si no se le trata adecuadamente, desde el punto de vista patológico, se puede constituir en un peligro para la sociedad. A él se le aplicó –como ya dije- una medida de seguridad en una locación mental, pero desde el 99 se encuentra en un centro físico policial, y entre las múltiples responsabilidades del Estado venezolano, está la de velar por la integridad de los más vulnerables, como niños y enajenados mentales. A Dorancel hay que procurarle, tratar de recuperar su sanidad mental o al menos que reciba atención médica psiquiátrica, en un lugar apropiado. La reclusión en ese espacio físico, en el que ha estado todo este tiempo, es una violación flagrante de sus derechos humanos, pues lo que se acordó fue medidas de reclusión en un sanatorio mental”, añadió.

“Hay que buscar la manera”

Recordó Berro que, mientras él fue director de Politáchira, no solo se le aseguraba su alimentación diaria, sino los medicamentos que requería para tratar su diagnóstico médico.

También –agregó- se hizo un intento de recluirlo en un centro de tratamiento mental, en el hospital psiquiátrico de Bárbula (cuando aún estaba funcionando), en Valencia, estado Carabobo, pero lamentablemente no quisieron recibirlo y hubo que regresarlo al Táchira.

De acuerdo con Berro, una solución temporal podría ser que los médicos de la Unidad de Pacientes Agudos –UPA- del Hospital Central le realicen evaluaciones periódicas, que se garanticen sus medicamentos; o que se trate de indagar el paradero de sus familiares más cercanos, para que, de ser necesario, Dorancel quede bajo su resguardo, claramente, siguiendo el tratamiento médico que demanda su condición mental.

Dijo que Dorancel, realmente no es agresivo o no lo ha sido durante estas dos décadas, pese a que lo anteceden los casos de antropofagia o canibalismo por los que fue detenido en el 99; sin embargo, considera que, como ser humano enfermo, debe ser atendido.

“Tengo entendido que ocasionalmente funge como ordenanza en Politáchira, es decir, que hace algunas labores sencillas que le piden, e incluso, durante el último motín en esa sede policial, durante el cual se dijo que asesinaron y se comieron a dos privados de libertad, aunque se mencionó que Dorancel fue quien lo hizo, él no aparece involucrado, ni se le menciona en el expediente. Pero sí es necesario, hay que buscar la manera de brindarle atención médica y una apropiada locación, el Estado está obligado”, dijo.

(Miriam Bustos)