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Sucesos
Acudirán a instancias internacionales por asesinato de Karla Romero
15 de julio de 2020
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La familia de la joven Karla Romero (29), estudiante del cuarto año de Derecho en la Universidad Católica del Táchira (Ucat), quien señala que por encargo del oficial de la Guardia Nacional (GN), Manuel Parra, fue ajusticiada a tiros por dos individuos que se trasladaban en motocicleta, el 9 de mayo de 2018, acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ante la Oficina Pública de defensa de las víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Fiscalía de la CPI, con el apoyo de la Fundación El Amparo, que preside el defensor de los derechos humanos, Walter Márquez, con el fin de buscar la justicia, que en Venezuela se les ha negado desde hace dos años.
Explicó Walter Márquez, acompañado de varios familiares de la joven estudiante fallecida, entre ellos sus hermanas Luz del Mar y Brigitte Romero y su abuela Gladys Quintero, que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Ministerio Público, lograron determinar, “basados en evidencias precisas, que el asesinato de Karla Romero fue por encargo, tal como lo aceptó y confesó el autor material de este homicidio calificado, Jaiver Enrique Velásquez Colmenares, quien actuó en compañía de Enderson Daniel Hernández Vargas, acusado también de cooperador inmediato, por ser quien manejaba la moto”.
“En este caso existen elementos de convicción para la acusación firme en contra de los involucrados, pues, además de las experticias y los testimonios recabados por el CICPC, están las pruebas realizadas a los teléfonos móviles del autor intelectual, de los intermediarios y de los autores materiales; la propia confesión del autor material, quien habría cobrado 4 millones de pesos colombianos por “el encargo” de acabar con la vida de la joven Karla, y la información sobre las amenazas que, anterior al asesinato, había proferido el responsable de estos hechos, con quien tenía una relación sentimental”, explicó Márquez.
Detalló que están en presencia de un homicidio calificado que se conoce como femicidio, pues el autor material confesó y está claramente identificada una cadena de responsables, que empieza con Manuel Salvador Parra Ramírez, autor intelectual, quien valiéndose de su jerarquía como mayor de la Guardia Nacional coordinó con su subalterno, Ledysson Becerra Castillo, y este a su vez hizo contacto con Wilfrid Tovar Landaeta, quien participó como intermediario y contrató a Jaiver Enrique Velásquez, quien finalmente se hizo acompañar de Énderson Daniel Hernández Vargas.
Destacó Márquez que la jueza primero en funciones de control y de delitos de violencia contra la mujer, Peggy María Pacheco Araque, dictó orden de captura contra los principales responsables de este hecho, el 15 de octubre de 2018, pero a la fecha lo único que ha ocurrido es el ascenso militar del responsable.
Denunció Walter Márquez que el 14 de febrero de 2019 iniciaron unas maniobras judiciales, encabezadas por Maikel Moreno, quien paralizó la causa y pidió el expediente, el cual fue remitido al Tribunal de Primera Instancia de Control número 6 del estado Miranda, actuando la fiscal 47° del Ministerio Público, quien no ratificó los cargos cuando se presentó Manuel Salvador Parra Ramírez, el 14 de agosto de 2019.
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