Por no acatar el decreto de restricción de circulación en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, se procedió, por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, a la detención de 23 personas, que fueron colocadas a órdenes del Ministerio Público, así como a la retención de 20 motocicletas y tres automóviles, que de igual manera quedaron a disposición de la Fiscalía en un estacionamiento, donde estarán resguardados hasta tanto las autoridades tomen una decisión sobre el particular.
Voceros del Comando de Zona No. 21 Táchira de la GNB explicaron que los arrestos fueron practicados durante el desarrollo de la Operación “Escudo Bolivariano III, Salud Segura-2020”, durante la cual se cumplió con el despliegue de efectivos militares pertenecientes al destacamento
No. 212 para desarrollar labores de patrullaje y vigilancia por sectores de San Antonio del Táchira y Ureña, a los efectos de velar por el cumplimiento del Decreto de Estado de Emergencia Sanitaria, publicado en Gaceta Oficial Nro. 6.539, artículo 1, numerales 1 y 3, para atender la emergencia del coronavirus (Covid-19). El mismo establece la restricción de circulación y libre tránsito, tanto de personas como de vehículos, en jurisdicción de los municipios Pedro María Ureña y Bolívar, en horario estipulado de cuatro de la tarde a diez de la mañana.
Esta medida, que tiene como finalidad la protección de la población, ha sido debidamente difundida entre la ciudadanía, solicitando la mayor colaboración posible, dijo el informante. No obstante, existe un pequeño grupo de personas que se niegan a su acatamiento, y se desplazaban por las vías públicas en horarios no permitidos, particularmente en sectores considerados como de alto riesgo, por el ingreso de personas que regresan de territorio colombiano sin cumplir con los chequeos sanitarios respectivos, argumentó.
Ante tal situación, se procedió a la detención preventiva de 23 ciudadanos y la retención preventiva de veinte motocicletas y tres vehículos, tipo Sedan, de uso particular, que fueron llevados a un estacionamiento en San Antonio, donde quedaron a órdenes de la Fiscalía XXIV del Ministerio Público. (Armando Hernández)