Sucesos
Asesinó a su hermana y dos sobrinos en La Dolorita

Lo que al inicio se supuso que era un fatídico incendio, devino en una de las escenas más macabras de la criminalística venezolana de los últimos años. Pasó a órdenes del MP   

Raúl Márquez   

Ana Victoria Rubio Rubio, de 42 años de edad, y sus hijos, Adrián Felipe Rubio, de 11 años, y Alejandro José Montilla Rubio, de 9, fueron asesinados, este miércoles 22 de febrero, en horas de la mañana, en el sector “La Frontera”, perteneciente a la parroquia La Dolorita, jurisdicción del municipio Sucre del estado Miranda.

Al principio todo indicaba que estos habían muerto producto de un incendio, pero después, esta versión daría un giro inesperado.

Douglas Rico, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas –CICPC-, publicó en sus redes sociales que funcionarios de la División de Investigaciones de Homicidios iniciaron un extenso trabajo de investigación, donde se conoció que las víctimas habían sido asesinadas, antes del incendio.

Según el informe oficial, la pareja de Ana informó que el día del hecho salió de su vivienda, dejando a su cuñada en el hogar, con quien tenía una relación extramatrimonial desde hacía dos años. La infidelidad había sido descubierta por su pareja, lo que provocó fuertes discusiones entre ellas.

Aparentemente, habría sido María Gregoria Rubio Rubio, de 49 años, quien planificó quitarles la vida a su propia hermana y sobrinos, negada a aceptar que el hombre continuara con esta.

Las primeras pesquisas develaron que con el macabro plan en mente, ubicó una escardilla y una chícora para asesinarlos mientras estaban durmiendo. Posteriormente, los roció con gasoil y prendió fuego. Acto seguido, huyó de la vivienda, junto a su hija de 10 años.

Tras escapar, fue hacia el lugar donde estaba alquilada en el centro de Caracas para lavar la ropa que utilizo al momento del hecho.

Al practicarle las experticias correspondientes, se ubicaron sustancias hemáticas y restos del gasoil.

Pasó a órdenes del Ministerio Público para la judicialización del caso.