En los primeros 6 meses del año 2020 han existido casos recurrentes de letalidad policial, especialmente aquellos catalogados por las autoridades como muertes por “resistencia a la autoridad”, así lo reseñó el Observatorio Venezolano de Violencia en Táchira (OVV- Táchira)

A través del monitoreo de prensa en un medio regional, el OVV-Táchira logró determinar que la cifra de este año, desde enero a junio, es más elevada respecto a la del 2019, cuando se produjeron 18 muertes violentas.

Mientras que en este mismo período de 2020 se han efectuado al menos 25 ejecuciones extrajudiciales, cuyos casos representan una clara violación a los derechos humanos.

“Cabe destacar que los principales autores de estos hechos fueron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), pues de las 25 ejecuciones extrajudiciales, 10 le son adjudicadas a la policía científica, mientras que el resto se distribuye de la siguiente manera: 6 fueron realizadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 5 por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), y 4 por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”, publicó el sitio web de la organización.

Del resultado del monitoreo, la organización pudo establecer que el grupo etario de las víctimas oscila entre los 17 y los 37 años, en su mayoría de género masculino.

Hechos de violencia regulados con más violencia

Según reportes policiales, las personas fallecidas, que denominan “abatidas”, presuntamente se enfrentaron a los efectivos de seguridad y se resistieron a la aprehensión, siendo este el principal motivo que originó la muerte violenta. Sin embargo, las familias quedan a la espera de que el Ministerio Público investigue lo que realmente sucedió.

“Esta manera de ejercer la justicia, en la que los hechos de violencia son regulados con más violencia, eleva las actuaciones en las que el Estado es un victimario más en el ciclo violento existente en la entidad, tal y como lo develan las estadísticas anteriormente señaladas”, analizó el OVV.

Según Anna María Rondón Trejo, coordinadora del OVV-Táchira y docente de la Universidad Católica del Táchira (UCAT), “estos hechos son una clara manifestación de que los mismos cuerpos policiales no creen en la capacidad resocializadora del delincuente por parte del Estado, quienes optan por darles muerte como un tratamiento utilitarista de la criminalidad”.