Sucesos

Funcionaria resultó herida durante un motín en la cárcel de Yare I

11 de noviembre de 2020

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La mujer identificada como María Fernández, inspectora de la Región Capital del Servicio Penitenciario recibió un disparo en el tobillo en medio del motín registrado en el penal, y se encuentra estable tras recibir atención médica en el hospital de Ocumare


Un tiroteo se registró la tarde de este martes 10 de noviembre en las instalaciones de Centro penitenciario de Yare I, ubicado en los Valles del Tuy, estado Miranda. Durante el enfrentamiento, resultó herida en el tobillo una funcionaria del Ministerio de Servicios Penitenciarios identificada como María Fernández, de 40 años de edad.

Fernández quien se desempeña como inspectora de la Región Capital del Servicio Penitenciario, fue trasladada al Hospital de Ocumare, donde recibió atención médica y se encuentra estable, informaron fuentes policiales a El Pitazo.

El enfrentamiento habría comenzado como un motín entre los reos, en el que luego intervinieron funcionarios de la Guardia Nacional (GN), para sofocar el tiroteo entre los reclusos de Yare I.

De acuerdo con el reporte del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), se desconoce si más personas resultaron heridas durante el enfrentamiento.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas mantienen total silencio sobre el hecho, pues no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Mirelys Contreras, ni del Centro de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), o de la ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez.

Crisis carcelaria se agrava durante la pandemia

El motín registrado en el centro penitenciario de Yare I, es un reflejo de que la condiciones de reclusión en las cárceles venezolanas son cada cada vez más precarias. Así lo han documentado las distintas ONG que defienden los derechos de los privados de libertad.

Según un informe reciente del OVP, entre octubre de 2019 y abril de 2020, han fallecido 55 presos.

Del total de decesos registrados, al menos 28 reclusos han muerto tras presentar complicaciones de salud, siendo la tuberculosis y la desnutrición las principales causas de mortalidad en los centros penitenciarios del país.

Asimismo, el documento destaca que las condiciones de hacinamiento en las que viven los privados de libertad, dificulta prestarles una atención oportuna.

Por otra parte, Laura Louza, abogada y una de las directoras de la organización Acceso a la Justicia, denunció que la pandemia ha agravado la situación del retardo procesal, que ya era un problema antes de la llegada del covid-19  y no ha mejorado, luego de que el 1 de octubre se decretara la apertura de los tribunales  durante las semanas de flexibilización, pues las actividades se mantienen limitadas por problemas en los servicios, como la falta de electricidad e internet, que dificultan los procesos penales.

«El Tribunal Supremo de Justicia sí funciona, pero para el poder, no hay líneas claras. No hay seguridad jurídica, al final del día la política es usar la justicia como medio represivo y no hay una manera con la que el ciudadano resuelva sus problemas” , puntualizó Louza.

Tal Cual

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