Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes, solicitó ante la sede del Ministerio Público, en el estado Zulia, que esta instancia actúe cuanto antes frente a los altos niveles de violencia y crimen que se han registrado a lo largo de 2019 en ese estado fronterizo con Colombia. “Tenemos registrados noventa y un enfrentamientos armados que han dejado un lamentable saldo de ciento treinta y dos ciudadanos abatidos”.

Explicó que de acuerdo con estudios que han realizado a través de un instrumento diseñado por FundaRedes, denominado “Curva de la violencia”, entre enero y octubre de este año, se puede apreciar un incremento en el uso de los pasos ilegales, también conocidos como trochas, entre las que destacan Isla cortica, Isla larga, La Cuarenta y La Ochenta, “donde se extorsiona y se cobra permanentemente por el paso de sustancias psicotrópicas, donde existe microtráfico, narcotráfico, e inclusive extracción de oro y coltán, sin que alguna autoridad impida esta situación”.

Subrayó que lo que está ocurriendo en el Zulia contribuye de forma negativa, con la violación sistemática a los derechos humanos, algo que a su juicio se ha convertido en casi una norma a nivel nacional. “A lo largo de la frontera colombo- venezolana vemos con horror cómo ocurre la tercerización de niños y adolescentes, quienes están desarrollando actividades informales que tienen como conductores a los grupos armados irregulares, llámese guerrilla o grupos paramilitares”.

“No solamente el estado Zulia está abandonado por la violación sistemática a los derechos humanos y el acceso a los servicios públicos como el agua, energía eléctrica y acceso a internet, sino también con la inacción y el silencio complaciente de las instituciones que deberían dar respuesta”, enfatizó.

Tarazona mostró su sorpresa frente a municipios como Catatumbo, Jesús María Semprún y Jesús Enrique Lossada, por ser lugares donde se desarrollan “actividades violentas de forma constante, donde la cultura de la muerte es la ley y el Estado nada hace por evitarlo”.