Tras la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de condenar a Venezuela por la muerte del estudiante de la Guardia Nacional, hace casi 20 años, Johan Alexis Ortiz Hernández, en el sentido  de que “el Estado venezolano no garantizó su vida e integridad personal”, el padre del joven agradeció el interés que en el caso puso esta  institución internacional judicial y autónoma.

“Gracias a Dios, por haberme permitido llegar a este punto a donde he llegado; darle gracias a la Corte Interamericana, a los defensores internacionales, a los medios de  comunicación del Táchira por darle cobertura al asesinato de mi hijo, sobre todo a diario La Nación. Estoy conforme con la decisión, porque  se ganó  una batalla más, todavía no se ha ganado lo que queremos, que se concrete la justicia”, sentenció Édgar Ortíz, padre de Johan Alexis.

—Es  lamentable -continuó- que nosotros como víctimas, los padres de Johan Alexis, tuvimos que pasar por casi 20 años de penurias y angustias, y lo más triste y lamentable es que las autoridades de nuestro país, como el Cicpc, el Ministerio Público y los mismos jueces que llevaban la causa, en instancias militares y ordinarias, no quisieron atender nuestro  llamado como víctimas, se nos violaron todos los derechos habidos y por haber, y tuvimos que acudir a instancias internacionales para demostrarle a este Gobierno  venezolano que en realidad lo de nuestro hijo fue un asesinato.

“Ahora esperamos el pronunciamiento del Gobierno bolivariano con respecto a la decisión de la Corte. A mí, de verdad no me interesa una indemnización, ni que el Gobierno le ponga el nombre de Johan a una promoción, o que me pidan perdón  público por lo que permitieron que pasara; perdón para mí no es justicia, y eso es lo único que queremos: Justicia. Todas esas cosas que el Gobierno pretenda darme no me importan, quiero que la muerte de mi hijo salga de la impunidad y que tanto los responsables directos del homicidio de mi hijo, como los que de alguna u otra manera han sido sus cómplices por tantos años, sean severamente sancionados. Esto no ha terminado, pero si dediqué  20 años de mi vida en demostrar que a mi hijo lo asesinaron, no me importaría tomarme otros 20 para que los responsables paguen por ese crimen”.

En el homicidio del estudiante de la Esguarnac, el 15 de febrero de  1988, en una instalación militar de la zona sur del Táchira, Ortiz responsabiliza de manera  directa a 14 oficiales de la Guardia Nacional, algunos ya se han dado de baja; otro, como el presunto autor intelectual del crimen, sería un general activo que dirige una Policía regional; mientras que otro más, al que señalaron de haber disparado accidentalmente, se dio a la fuga y está solicitado por Interpol con circular roja.

El joven tachirense, que tenía en ese momento 19 años, murió en el hospital  de  El Piñal, a donde fue llevado  con  heridas de bala sufridas durante un presunto ejercicio militar que efectuaban en la sede de los Comandos Rurales.

Habría sido por celos que este militar orquestó el asesinato de Johan Alexis Ortiz, según   se determinó en la Corte.

Este  fin de semana, la Corte IDH determinó que el Estado venezolano no garantizó la vida e integridad personal de Johan Alexis Ortiz Hernández, lo condenó por su  muerte y, a la vez, ordenó la investigación inmediata del caso.

Adicionalmente estableció que también violó el derecho de sus padres, de acceso a la justicia, por tramitar el caso en la justicia militar, y por la impunidad que aún persiste. Por su parte, el Estado venezolano reconoció parcialmente su responsabilidad internacional en el caso y pidió perdón a los padres de la víctima, durante una audiencia ante el tribunal con sede en Costa Rica.

Según un comunicado de la Corte IDH, “la investigación sobre la muerte del joven tuvo origen en el fuero militar. Hasta la fecha no se han esclarecido los hechos, ni se ha sancionado a los responsables”. Como medidas de reparación, la Corte IDH ordenó a Venezuela realizar una investigación “eficaz” de la muerte de la víctima y pagar indemnizaciones a su familia, por concepto de daño material, inmaterial, y reintegro de costos y gastos en el proceso.  (MB)