Toda un red de corrupción fue develada recientemente por militares, la Fiscalía y Migración Colombia, tras detectar que un grupo de funcionarios públicos de organismos de Sardinata y Ábrego cobraban entre 3 y 5 millones de pesos a migrantes, incluyendo venezolanos, por una cédula de ese país, detalló diario La Opinión.     

Durante un año y medio, las autoridades estuvieron tras la pista de una organización dedicada a falsificar cédulas de ciudadanía para beneficiar a migrantes que hacían su tránsito por Cúcuta. Una mujer, identificada como Emilse Conde Durán, alias la Mona, era quien lideraba la estructura.

Según una fuente judicial cercana a las pesquisas, ella era el enlace entre los migrantes y los contactos que tenía en la Registraduría, para tramitar el documento de identidad fraudulento.

“A ella se acercaban las personas y así les analizaba el perfil a cada una. Les cobraba entre 3 y 5 millones de pesos y luego las enviaba a las sedes de la Registraduría de Ábrego o Sardinata”, explicó la fuente. Los registradores encargados de estos lugares recibían un porcentaje de dinero por cada trámite que se adelantaba en sus oficinas”.

“Soldados del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas Número 2, adscritos a la Trigésima Brigada del Ejército, en conjunto con el CTI de la Fiscalía y Migración Colombia, apoyados por la Registraduría y la Embajada de Estados Unidos, adelantaron las labores de inteligencia para golpear a esta estructura, arrojando como resultado inicial la captura de nueve personas, de las cuales, al cierre de esta edición, ocho fueron enviadas a la cárcel y una recibió el beneficio de casa por cárcel”.

Entre los detenidos están: Francisco Alberto Páez Vergel, registrador municipal de Ábrego; Carlos Octavio Ramírez Tabares, registrador de Sardinata; Elkin Eduardo Bacca Sánchez, auxiliar administrativo de la Registraduría de Ábrego; María del Pilar Montejo Gélvez, esposa del registrador de Sardinata y presunta tramitadora; Ayda Luz Sánchez García, exfuncionaria de la Registraduría de Sardinata; Carmen Cecilia Cañas Morantes, exfuncionaria de la Registraduría; Emilse Conde Durán y Carlos Eduardo Jaimes Vera, esposo de Conde y señalado de tramitador junto con Jaime Olivares Acevedo, añadió el diario.

La Fiscalía aseguró que las investigaciones demostraron que los documentos de identificación habrían sido tramitados y soportados con información falsa y declaraciones de aparentes testigos, que indicaban que los aspirantes nacieron en Colombia o llevaban varios años viviendo en el país. “Hay indicios de algunos casos en los que, con esta documentación, fueron solicitadas visas para ingresar a Estados Unidos y países de Europa”, señaló el ente acusador.