La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, abrió una investigación, por negligencia grave e incumplimiento grave, en contra de la fiscal jefe de ese organismo internacional, Fatou Bensouda, para lo cual el magistrado y presidente de la CPI, Chile Eboe-Osuji, designó a tres conjueces: Olga Herrera Carbuccia, Geoffrey Henderson y Solomy Balungi Bossa, para que conjuntamente revisen la denuncia tramitada por el historiador y parlamentario venezolano, Walter Márquez.

Cabe recordar que Walter Márquez acusó en noviembre del año pasado, ante la presidencia de la CPI y el presidente de la Asamblea de los Estados parte, el juez O-Gon Kwon, a la funcionaria Bensouda, de haber sido negligente en el conocimiento de varias causas en contra de Nicolás Maduro, entre ellas las deportaciones forzosas y otros crímenes de lesa humanidad cometidos en el estado Táchira con motivo de las protestas populares, a partir de febrero de 2014, y las deportaciones forzosas de más de 1.500 colombianos y el desplazamiento forzoso de más de 22 mil connacionales de ese país en agosto de 2015, así como la destrucción de más de  200 viviendas después del cierre unilateral de la frontera colombo-venezolana.

La denuncia inicial por estos crímenes fue consignada por Walter Márquez ante la CPI en enero de 2016, con número de causa OTP-CR-22/16; posteriormente introdujo otra por el delito de exterminio, como consecuencia de la privación de alimentos y medicinas a la población venezolana, la cual se consignó en marzo de 2018 y que cursa con el número OTP-CR-82/18.

Resaltó Márquez que, a pesar de las abundantes pruebas de las denuncias, especialmente las de las deportaciones forzosas durante el cierre de la frontera en 2015, la fiscal Bensouda desestimó sin ningún fundamento esta solicitud de investigación contra Nicolás Maduro, razón por la cual requirió, asistido por los abogados Jesús Troconis, Jesús Alberto Berro y Anacelita Hernández, una investigación contra esta funcionaria de la CPI, por negligencia grave y solicitó la suspensión de su cargo.

En los argumentos de los hechos y el derecho que llevaron a esta denuncia contra la fiscal Fatou Bensouda, esgrime que en los últimos 5 años esta funcionaria ha recibido innumerables denuncias contra Nicolás Maduro y su régimen por crímenes de lesa humanidad; “hasta el 5 de diciembre del año pasado, cuando se celebró la Asamblea de los Estados parte de la CPI en La Haya, había más de 110 denuncias contra Maduro y ni un solo pronunciamiento de Bensouda”.

Indicó Márquez que es fundamental que se procesen esos señalamientos de negligencia grave contra la fiscal ante la CPI, porque “ella ha desestimado las denuncias del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU en los informes del año 2017, del año 2018 y ahora el informe de 2019 de la señora Michelle Bachelet, así como el reporte del panel de expertos designados por el secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien en mayo del año pasado dictaminó que había suficientes elementos para probar la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, entre otros.

Ante la profundidad de la crisis en el país y los distintos escenarios que se plantean, la solución judicial por parte de la Corte Penal Internacional puede contribuir a una salida pacífica a esta situación –argumenta Walter Márquez-, “y debemos privilegiar la salida legal y la justicia ante una salida militar que puede traer consecuencias impredecibles y daños colaterales”.