“El asesinato de dos manifestantes en el estado Táchira por parte de la Faes y grupos armados integrados por miembros del ELN y la disidencia de la Farc durante la jornada de protesta ciudadana de este 23 de enero en San Cristóbal, donde además resultaron heridas por armas de fuego numerosas personas, fue denunciado y documentado por FundaRedes ante la Fiscalía General de la Republica”.

Así lo aseguró Javier Tarazona, director general de esta ONG, la cual consignó un documento en el que solicitó al Ministerio Público iniciar, de manera inmediata, una investigación por la muerte de los jóvenes Eduardo José Marrero y Luigi Ángel Guerrero, “quienes fueron víctimas de la actuación criminal del grupo Faes que junto a miembros del Ejército de Liberación Nacional y disidentes de la Farc que conforman el Colectivo del Pueblo o de Seguridad Fronteriza, atacaron a mansalva a los ciudadanos que participaban en la manifestación pacífica por un país mejor”.

Reiteró Tarazona, en una nota de prensa, que desde la organización que representa han venido denunciando las actuaciones intimidatorias de esta nueva agrupación irregular en contra de los habitantes de los estados Táchira, Zulia y Apure, en la línea limítrofe con Colombia.

Vemos con mucha indignación -aseguró Tarazona- como este 23 de enero de 2019, usando las instalaciones del Palacio de Los Leones, donde funciona el Consejo Legislativo del estado Táchira, el grupo Faes junto con el ELN y las FARC, grupos que actúan con total impunidad en territorio venezolano, arremetieron sin contemplación contra quienes se encontraban manifestando su descontento y en apoyo a un nuevo gobierno, resultando muertos estos dos jóvenes:  Eduardo José Marrero y Luigi Ángel Guerrero.

“La guerrilla colombiana del ELN y el Colectivo de Seguridad Fronteriza siguen atemorizando, bajo la mirada complaciente de  las autoridades venezolanas, a la población para que no proteste por mejores condiciones de vida”, aseveró en otro  punto el director general de FundaRedes.

Le estamos exigiendo  -dijo para finalizar- a la Fiscalía General de la República  y así lo solicitaremos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que se inicien las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de las  muertes y  de los heridos ocurridos  en Táchira,  los cuales, sin lugar a duda,  están  vinculados directamente con los grupos irregulares colombianos que son protegidos y resguardados por el Consejo Legislativo de la entidad tachirense, de tendencia oficialista.

Miriam Bustos