domingo 25 octubre, 2020
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Ofrecían a través de las redes sociales las pruebas rápidas robadas

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 Las mismas pruebas fueron sustraídas, junto a otros insumos y medicamentos, por dos trabajadores que pensaban venderlas, pero por tratarse de  una aplicación que solo compete al estado venezolano, se quedaron “ponchados”


 

 

Armando Hernández


La oferta a través de las redes sociales de un lote de pruebas rápidas de detección de COVID-19, las cuales son utilizadas solo por organismos oficiales en la lucha contra la pandemia del coronavirus, fue la clave para que detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas lograron la aprehensión de cinco personas, entre ellas dos trabajadores del lugar de donde fueron sustraídas, junto a medicamentos e insumos que en su mayoría han sido recuperados, en cuatro allanamientos practicados en diversos sectores de San Cristóbal.

En medios del Cicpc existe  hermetismo sobre el caso, debido a que las investigaciones, que se desarrollan bajo el comando del comisario general Wilmer Uribe Guerrero, director  estadal de referido cuerpo detectivesco, no han concluido, y pese a que se ha logrado el arresto de seis personas, no se descarta que en el transcurso de las próximas horas los funcionarios de la Brigada Contra Hurtos de la delegación municipal San Cristóbal,  logren la aprehensiones de otros implicados

Sustraídas de un PASI

A pesar del silencio que se mantiene en medios policiales, se supo que las Pruebas de  Detección Rápida fueron sustraídas  de un Puesto de Atención Social Integral (PASI), de San Cristóbal, al parecer por dos empleados que tuvieron acceso a los depósitos, en momentos que llegó una dotación de medicamentos.  Los individuos sustrajeron al menos 40 cajas de pruebas de descarte, así como otros insumos y medicamentos, con la finalidad de proceder a la venta y obtener lucro personal.

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El hurto fue detectado por los responsables del  PASI, que cumpliendo con los protocolos de seguridad  se trasladaron hasta al sede de la delegación municipal San Cristóbal, para consignar la respectiva denuncia.

En el Cicpc, de inmediato se designó un equipo que actuaria bajo la dirección de los comisarios Uribe Guerrero y Daniel Méndez,  al cual se sumaron efectivos de la Zona de Defensa Integral Táchira (ZODI- Táchira), para asumir las investigaciones, que se iniciaron con el envío de una comisión al lugar de los hechos, para las experticias respectivas y el inicio de las pesquisas, con inspección y entrevista de los trabajadores que se encontraban en el área para el momento en que fue cometido el delito.

Se descubrió que en el lugar habían cámaras de seguridad, así como en locales vecinos, por lo se procedió a recabar los videos para ser analizados.

Un producto sin mercado

Los autores del hurto intentaron vender las pruebas de detección rápida del COVID-19, pero no encontraron comparadores, debido que el uso y aplicación de las mismas es competencia del estado venezolano. Por mas que trataron no lograron obtener una oferta y se quedaron “ponchados”, y es entonces que deciden acudir a personas amigas, a quienes le entregan el  material para ser vendido.

Entre ellos están comerciantes y un ex policía, que de igual manera fracasan en  su intento por vender las pruebas y los insumos. Nadie parece estar interesados en ellas, pese a la situación existente con el virus. Es por este motivo que no tienen otra idea  que poner avisos a través de las redes sociales, por medio de los cuales, y ante las dificultades ya referidas, ofrecen las pruebas rápidas a precio de oferta, con la espera de conseguir quien las compre rápidamente.

El cliente que esperaban conseguir nunca apareció, pero sí los miembros de la comisión investigadora conformada por detectives de la Brigada Contra Hurtos del Cicpc Táchira  y ZODI TACHIRA, que comanda el general de División  Angel Moronta Juliao, que al ver los avisos, inmediatamente contactan a los vendedores, y haciéndose pasar por clientes les piden más información sobre la mercancía, precio y lugar para adquirirla.

El comisario Uribe Guerrero ordena actuar con cautela, puesto que a esa altura de la investigación ya tenían identificados a los presuntos responsables del hurto y les faltaba tan solo ubicar la mercancía. “Los compradores” y uno de los vendedores concertaron una cita para negociar, en la parte alta de la ciudad. Los Cicpc le exigieron llevar una muestra para saber el tipo de prueba y su costo real, a lo cual el sujeto accede.

Cuando se presenta en el lugar acordado y contacta a la persona interesada en adquirir la mercancía, es detenido y la caja que llevaba de muestra se convierte en evidencia.

Cuatro allanamientos

El sospechoso es trasladado a la sede del Cicpc, en la Avenida Marginal del Torbes para ser entrevistado y se hace  la correspondiente notificación al Ministerio Publico. El detenido no solo revela detalles de las personas involucradas, sino que aporta información sobre los lugares  en donde se encuentran los insumos y medicamentos, hurtados en horas de la tarde del sábado 22 de agosto pasado.

Tras ocho días de investigaciones logran dar con los presuntos responsables y es de esta manera que el pasado lunes 31 de agosto, en horas de la tarde, se da inicio a una cadena de allanamientos que permite realizar detenciones y recuperar las pruebas de detección.

El primer procedimiento fue practicado en la zona Barrio Sucre, concretamente en Colinas de Antarajú, de allí van al Barrio Las Margaritas, y luego a la Troncal No. 005, adyacente a la alcabala de El Cucharo y finalmente en la prolongación de la Quinta avenida, en La Concordia.

Durante la operación policial son detenidas las siguientes personas:  E. C. Reatigá Guevara, de nacionalidad venezolana y 22 años de edad, de ama de casa;  F. R. Medina Galviz de 36 años, comerciante; R. A. Márquez Rodríguez de 30, comerciante;  J. C. Vargas, de 24 años, obrero; J. D. Caperos Camargo de 19 años y J. A. Díaz Blanco, venezolano de 25 años. Estos dos últimos serian los autores materiales del hurto.

Entre las cosas recuperadas se encuentra lo siguiente: Cuarenta y un cajas de pruebas de descarte rápido para COVID-19, contentivas cada una de veinticinco unidades; ocho rollos de adhesivo; dos paquetes de algodón; veintidós receptáculos de Clorhidrato de Bupivacaina;  veinte ampollas de Aminofilinadihidrato y cuatro cajas de suturas quirúrgicas.

Se dijo que las investigaciones no han concluido y se esta trabajando mediante labores de inteligencia  a fin de determinar si  existen  otras personas involucradas, para proceder a su inmediato arresto.

 

 

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