Miembros de la Fundación Redes, del Colegio de Profesores de Venezuela, seccional Táchira, denunciaron la supuesta violación de los derechos humanos a los privados de libertad en los calabozos de la Policía del estado Táchira y de la policía científica –Cicpc-, y pidieron al defensor delegado del Pueblo,  Hugo Caro, una inspección a los mismos para certificar la realidad que viven en esos espacios.

Deisy Sierra y Ángel Molina hablaron del “alerta humanitaria por la precariedad y hacinamiento que viven los reclusos en los calabozos de Politáchira, Policía de San Cristóbal y Cicpc, con la posibilidad de que pueda suceder un hecho similar al ocurrido recientemente en el estado Carabobo, aun cuando los reclusos tienen derecho al goce pleno de sus derechos humanos”.

Indicaron que hicieron el petitorio mediante oficio al defensor del Pueblo: “Lo responsabilizamos por lo que pueda pasar en los calabozos de las cárceles del estado. Solicitamos una inspección con la Fiscalía del Ministerio Público y los entes garantes de los derechos humanos, a fin de verificar la situación real de estas instalaciones, que permitan tomar previsiones, evitando que reediten sangrientos cuadros por negligencia institucional”.

— No entendemos el silencio del Gobierno, cuando el año pasado hubo una persona quemada, (la ministra) Iris Valera salió a robar medios, pero en este momento centra su atención en decir que son funciones policiales. ¿Serán funciones policiales el hacinamiento de las cárceles y el retardo en el proceso de los privados de libertad? -declararon-.

Expresaron que por el clamor de las familias hacen la exigencia al defensor, “porque es notorio el hacimiento de los privados de libertad, la crisis penitenciaria nacional no escapa al estado y estamos en respuesta del oficio que llevamos a la Defensoría”.

Apuntó que “la infraestructura de esos calabozos está colapsada, la alimentación de los presos es como la de todo el país, no se escapa de la realidad; el sistema sanitario es infrahumano, cuando los familiares piden a los funcionarios el respeto a sus derechos salen golpeados”.

Expusieron que los calabozos señalados “son espacios provisionales, no para que los privados cumplan ahí su condena, sino para que estén transitoriamente, 48 horas, y tienen una capacidad para entre veinte y treinta detenidos, pero hay una sobrecarga y hay en cada calabozo entre ochenta y cien reclusos”. 

Marina Sandoval Villamizar