Ante los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, fueron privados de libertad el presidente de Citgo Petroleum Corporation, José Ángel Pereira Ruimwyk, y cinco vicepresidentes de esa filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), tras suscribir contratos para el refinanciamiento de los programas de deuda 2014 y 2015, con el fin de solicitar préstamos bajo condiciones desfavorables para la industria y además ofrecer como garantía a la propia empresa, comprometiendo el patrimonio de la República.

Junto a Pereira Ruimwyk fueron privados de libertad el vicepresidente de Operaciones de Refinación, Tomeu Vadell Recalde; el vicepresidente y gerente general de la refinería Corpus Cristi, Alirio Zambrano; el vicepresidente de Suministro y Comercialización, Jorge Toledo; el vicepresidente de Relaciones Estratégicas con los Accionistas, Gobierno y Asuntos Públicos, Gustavo Cárdenas; y el vicepresidente de Servicios Compartidos, José Luis Zambrano.

El fiscal 55º nacional imputó a los seis altos funcionarios por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

La audiencia de presentación se llevó a cabo ante el Tribunal 3º de Control del Área Metropolitana de Caracas, instancia que admitió en su totalidad los elementos de convicción expuestos por el Ministerio Público, razón por la cual acordó la medida privativa de libertad contra el presidente de la referida filial, así como para los otros cinco altos directivos, quienes permanecerán recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Caracas.

En una rueda de prensa ofrecida el pasado martes 21 de noviembre por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que los directivos habían sido aprehendidos la madrugada de ese mismo día en el Distrito Capital.

De acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público, los contratos para el refinanciamiento de la deuda alcanzaron un monto de hasta 4 mil millones de dólares, sin contar con el beneplácito del Ejecutivo nacional, exponiendo a la filial de PDVSA a una posible situación de índole penal por incumplimiento de los diferentes contratos suscritos.

(MP/MB)