A solicitud del Ministerio Público  fueron privados de libertad  tres hombres por su presunta responsabilidad en la quema de la vivienda  de la alcaldesa del municipio tachirense San Judas Tadeo, Betzabeth Gandica, hecho ocurrido el pasado 9 de marzo, en Umuquena.

En horas de la noche del citado día, varios hombres habrían participado en una manifestación organizada en los alrededores de la plaza Bolívar del sector. Éstos se trasladaron a la residencia  de la burgomaestre donde arrojaron objetos contundentes y bombas molotov.

Producto de estas agresiones ocurrió un incendio que afectó el interior de la casa, bienes de la alcaldía, una motocicleta  y las instalaciones del banco Bicentenario cercano.

De acuerdo  con la información preliminar, los responsables del incendio  habrían ingresado a la vivienda y sustraído  objetos de la misma.

Horas después una comisión  del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas –Cicpc-, ejecutó una inspección técnica, bajo coordinación del Ministerio Público, a fin de determinar los daños.

Durante ese procedimiento fueron detenidos  Anderson Pérez Estrada, de 21 años; Renny Pérez Guerrero, de 21 años; José Guerrero Mora, de 38 años, y Jesús Pérez, quienes permanecían en los alrededores del lugar de los hechos.    

En la audiencia de presentación, la Fiscalía Novena del Táchira imputó a los cuatro hombres  por la presunta comisión de instigación, intimidación pública, hurto calificado, daños a la propiedad pública, agavillamiento, saqueo y homicidio intencional calificado en grado de frustración.

No obstante, el Tribunal Primero de la jurisdicción, desestimó los tipos penales a la propiedad pública, homicidio  intencional calificado en grado de frustración, y saqueo.

Ante los elementos  de convicción expuestos por la representación  fiscal, la mencionada instancia judicial dictó medida privativa de libertad contra Anderson Pérez,  Renny Pérez, y Jesús Pérez.

Por su parte, a Guerrero Mora le impusieron  el pago de una fianza para ser beneficiado con una medida cautelar,  la cual  fue apelada por la representación fiscal, por lo que se está a la espera de una respuesta  por parte de la Corte de Apelaciones de esta entidad andina. (MP/MB)